La preocupación por la democracia está extendida por todo el mundo, ya que los gobernantes electos y sus administraciones socavan sin cesar los principios democráticos fundamentales.[1] Esta inquietud se explica quizás por el afán de consolidar su poder e impulsar transformaciones políticas y socioeconómicas que golpean los propios pilares del sistema al que teóricamente representan.[2] Por lo tanto, el gran peligro para la democracia en el siglo XXI es la erosión progresiva de la misma desde dentro a manos de líderes cuyo único propósito es consolidar el poder con el respaldo ciego de los electores. Resulta perturbador el hecho de que este deterioro se produzca en muchos países, aun cuando la democracia goza de un amplio apoyo.
En consecuencia, la pregunta que me formulo es por qué la ciudadanía democrática soporta, e incluso alienta activamente, el menoscabo de las normas democráticas existentes a manos de sus gobernantes, en lugar de actuar como control del comportamiento político antidemocrático. Quizás sea porque los votantes respaldan políticas específicas que infringen las normas democráticas con el argumento de que su propio partido está en el poder.
El apoyo a las políticas antidemocráticas es, desde mi perspectiva, el resultado extremo de la polarización partidista, que induce a los ciudadanos a apoyar al partido gobernante en la aplicación de medidas autocráticas para consolidar su permanencia en el poder, y así seguir aplicando sus políticas.
Este fenómeno se conoce como hipocresía democrática, es decir, que el apoyo a las normas democráticas se limita según las preferencias de quien ocupa la presidencia, independientemente de que sus partidarios estén a favor o en contra de ellas. También pienso que esta tendencia se agrava por la polarización partidista afectiva, que incrementa la identidad social partidista al tiempo que aumenta la desconfianza, así como la percepción de amenaza hacia el partido contrario.
Los políticos que actualmente son ambivalentes, sumado a un alto nivel de polarización, ponen en peligro todas las instituciones esenciales de la democracia. Dado que los políticos atacan a los tribunales por ser parciales en aplicar las leyes o al Tribunal Constitucional por no controlar que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la Constitución, viéndose la independencia del poder judicial sistemáticamente socavada. Por otro lado, reducen los órganos legislativos a un estancamiento e incluso a una mera función de sello de goma. Esta situación desemboca a menudo en el abuso del poder ejecutivo y propicia la creencia tóxica, en ocasiones con razón, de que el presidente sólo representa a los seguidores de su partido, no al país en su conjunto.
En definitiva, nos enfrentamos a una fuerza supresora cuya estrategia es mantenernos inconscientes de lo que ocurre, atrapados en nuestros problemas.
Es la supresión del intelecto a través de las tendencias nutricionales, los estilos de vida, un sistema educativo deficiente y la ingeniería conceptual que el Estado promueve en la ciudadanía. La supresión de la abundancia a través del endeudamiento, la supresión de nuestra salud a través de la falta de medidas eficaces en contra de los virus y otras afecciones como la reciente aparición de hepatitis de origen desconocido en los niños y finalmente la supresión de nuestra conciencia. Porque la última defensa de la democracia está en la mente de los ciudadanos.
[1] Wiatr (ed.), J.J.: (2019) <<New Authorianism: Challenges to Democracy in the 21st Century>>. Barbara Budrich Publishers.
[2] Gandhi, J.; Pzeworski, A.: (2009) <<Holding Onto Power at Any Means? The Origins of Competitive Elections>>. Ms. Emory University.
policyexamination.com 