La implantación de políticas públicas de restricción empresarial puede tener efectos negativos para los Gobiernos que las impulsan, como sucede en la actualidad en España.

Desde una perspectiva política, estas políticas pueden generar resistencia por parte de los grupos empresariales y sus defensores, quienes pueden argumentar que están siendo perjudicados o discriminados por el Estado. Además, las políticas de restricción empresarial pueden tener un impacto negativo en la economía y la creación de empleo, ya que pueden limitar la capacidad de las empresas para invertir, innovar y competir en un mercado globalizado. Asimismo, estas políticas pueden tener consecuencias imprevistas, como el aumento de la informalidad, la corrupción o el clientelismo, lo que puede erosionar la legitimidad y la eficacia del Estado a largo plazo.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, algunos investigadores argumentan que las políticas públicas de restricción empresarial son contraproducentes y deben ser reemplazadas por políticas que promuevan un ambiente favorable para la inversión y el desarrollo empresarial sostenible. El Estado tiene un papel clave en la creación de mercados y la generación de innovación, y debe trabajar en colaboración con el sector empresarial para alcanzar objetivos sociales y ambientales compartidos. Las políticas económicas deben ser diseñadas para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano, en lugar de favorecer a los grupos de interés más poderosos.

Es necesario encontrar un equilibrio entre la promoción de objetivos sociales y ambientales legítimos y la creación de un ambiente favorable para la inversión y el desarrollo empresarial sostenible.