La política pública se puede definir como el conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por las autoridades públicas en relación con un problema o situación determinados, y que tienen como objetivo la consecución del bienestar y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.[1] La política pública puede abordar una amplia gama de temas, desde la educación y la salud hasta el transporte y el medio ambiente, y puede implicar diferentes niveles de gobierno y diferentes actores sociales.
El origen de la política pública se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde la idea de «lo público» y la responsabilidad del gobierno en la satisfacción de las necesidades de la sociedad fueron desarrollados por filósofos como Platón y Aristóteles.[2] Sin embargo, la política pública como campo de estudio y práctica se desarrolló en el siglo XX, especialmente en los Estados Unidos, donde el gobierno federal comenzó a intervenir en la economía y a desempeñar un papel más activo en la protección del bienestar social.
Una de las dificultades de aplicar modelos de política pública de otros países en España es la necesidad de adaptarlos a las condiciones específicas del contexto español, tanto en términos políticos, sociales y culturales como en términos institucionales y jurídicos.[3]–[4] Por ejemplo, el modelo de «welfare state» de los países nórdicos, que se basa en altos niveles de impuestos y una amplia red de servicios públicos, puede ser difícil de aplicar en España debido a las diferencias en la estructura fiscal y el sistema político. Del mismo modo, la aplicación del modelo de «política de consenso» de Suiza puede ser difícil en España debido a las diferencias en la cultura política y la tradición democrática.
La política pública en Europa y en España ha presentado fallos en su diseño y desarrollo.[5] El estudio de las políticas públicas se divide en dos áreas: empírica y normativa, que se enfocan en cómo se hacen y evalúan las políticas. Los actores políticos forman coaliciones y promueven políticas basadas en sus creencias normativas y filosofías políticas, como el utilitarismo. Los valores políticos como la libertad, los derechos, la igualdad y la democracia son fundamentales en la discusión y promoción de políticas públicas, pero a menudo hay ambigüedad en su introducción en las discusiones políticas. Es esencial comprender la estructura lógica de un concepto político y las diferentes concepciones asociadas para entender las diferentes orientaciones políticas en la promoción de políticas públicas. El análisis conceptual es una herramienta esencial para la política ya que permite a los políticos y a los ciudadanos tener una comprensión más profunda de los problemas y las situaciones en las que se encuentran. A menudo, en los debates políticos, los cargos con responsabilidad pública utilizan términos vagos y generales para hacer que sus argumentos parezcan más fuertes de lo que realmente son, sin abordar efectivamente el problema subyacente. El análisis conceptual puede ayudar a desentrañar estos argumentos e identificar las verdaderas cuestiones en juego.
El razonamiento práctico y los argumentos políticos son fundamentales en el análisis de la política pública. Los conceptos normativos son los elementos fundamentales del razonamiento práctico y permiten identificar y distinguir las diferentes posiciones que los defensores de políticas toman. El análisis normativo es necesario para comprender las diferentes formas en que se vinculan estos elementos y se relacionan con supuestos más amplios sobre el papel del gobierno en la sociedad. Se describen tres patrones distintos de razonamiento político que corresponden a las teorías éticas de utilitarismo, intuicionismo y teoría de los derechos. La evaluación y responsabilidad son métodos centrales en el análisis normativo y la teoría ética. Uno de los métodos principales es el equilibrio reflexivo en el modo Rawlsiano, que prueba las teorías éticas según el grado en que su aplicación produce conclusiones consistentes con «nuestros juicios considerados». El equilibrio reflexivo también se puede aplicar a la política pública para ver si las conclusiones prácticas del paradigma son consistentes con nuestras valoraciones reflexivas.[6]
En resumen, la política pública en Europa y en España necesita ser evaluada y diseñada adecuadamente para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es esencial comprender la estructura lógica de los conceptos políticos y las diferentes concepciones asociadas para comprender las diferentes orientaciones políticas en la promoción de políticas públicas. El razonamiento práctico y los argumentos políticos son fundamentales en el análisis de la política pública, y la evaluación y responsabilidad son métodos centrales en el análisis normativo y la teoría ética. El equilibrio reflexivo en el modo Rawlsiano es uno de los métodos principales para probar la política pública, pero se debe considerar que los paradigmas de políticas públicas no funcionan mecánicamente y las objeciones pueden ser abordadas mediante la modificación y adaptación del modelo.
A continuación propongo una lista de 10 medidas que podrían contribuir a garantizar el diseño, desarrollo y aplicación correcta de políticas públicas en España:
- Promover la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas públicas, mediante la publicación de información relevante y la organización de consultas públicas.
- Asegurar la evaluación continua de las políticas públicas, tanto para comprobar su eficacia y eficiencia como para identificar posibles mejoras o ajustes necesarios.
- Fomentar la colaboración y el trabajo en red entre distintos niveles de gobierno, así como con el sector privado, la sociedad civil y la academia, para garantizar la coherencia y la complementariedad de las políticas públicas.
- Proporcionar formación especializada en política pública y análisis de políticas públicas a los funcionarios públicos responsables de su diseño y aplicación.
- Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los distintos organismos y departamentos responsables de las políticas públicas, para asegurar la coherencia y la eficacia de las medidas adoptadas.
- Establecer objetivos claros y concretos para las políticas públicas, definiendo indicadores de seguimiento y evaluación que permitan medir su impacto y efectividad.
- Asegurar una asignación eficiente y transparente de los recursos públicos, evitando la discrecionalidad y la arbitrariedad en la asignación de fondos públicos a determinados proyectos o programas.
- Garantizar la difusión y el acceso a la información sobre las políticas públicas, utilizando medios de comunicación y tecnologías de la información que permitan llegar a un público amplio y diverso.
- Incorporar la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en todas las políticas públicas, de manera transversal y no sólo como un aspecto marginal.
- Promover la participación activa de los grupos afectados o interesados en las políticas públicas, incluyéndolos en el proceso de diseño y aplicación de las medidas correspondientes.
[1] Majone, G. (1997) <<From the positive to the regulatory state: Causes and consequences of changes in the mode of governance>>. Journal of Public Policy, 17(2), 139-167.
[2] Birkland, T. A. (2015) <<An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making>>. Routledge.
[3] Sánchez-Cuenca, I. (2015) <<Crisis and democracy: A comparative analysis of Spain and Portugal>>. Journal of Democracy, 26(2), 144-155.
[4] Dunn, W. N. (2012) <<Public policy analysis>>. Pearson Higher Ed
[5] Peters, B. G. (2019) <<The politics of policymaking in Europe>>. Edward Elgar Publishing
[6] Rawls, J. (1971) <<A theory of justice>>. Harvard University Press
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