La situación de muchos ciudadanos en España es desgarradora, con la falta de acceso a una vivienda asequible siendo una de las principales preocupaciones. Ante este contexto, la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler a precios asequibles ha generado reacciones encontradas. Me pregunto, ¿cómo podemos permitirnos jugar con las expectativas de los menos favorecidos en estos tiempos tan difíciles? La incertidumbre sobre la viabilidad real de la medida y la sospecha de que sea una estrategia electoralista para las próximas elecciones, me hace dudar de su sinceridad.
Sin embargo, no podemos negar que hay una demanda social creciente en España que requiere medidas efectivas para hacer frente a la crisis habitacional. La vivienda es un factor esencial en la calidad de vida de las personas, y la falta de acceso a ella puede afectar su salud mental y bienestar general. En correspondencia con esto, la medida anunciada por el Gobierno podría mejorar la situación y reducir la percepción de desigualdad y exclusión social.
La propuesta, que busca complementar la ley de vivienda que será aprobada próximamente, reserva 21.000 de estas viviendas para poner a disposición de municipios y comunidades autónomas, en tanto que 14.000 de ellas se impulsará el alquiler social y se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles por la Sareb.[1]–[2]
El Sareb, o Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, es una entidad financiera creada en España en 2012 con el objetivo de gestionar y vender los activos inmobiliarios problemáticos provenientes de la reestructuración bancaria del país. Su función es la de reducir el impacto de la crisis financiera y el elevado número de activos tóxicos en los balances de las entidades bancarias españolas. Para lograr este objetivo, la Sareb adquiere los activos problemáticos de los bancos a precios descontados y los gestiona para su posterior venta en el mercado.[3]
Desde una perspectiva política, la medida podría interpretarse como una estrategia de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo de 2023, en la que el Gobierno busca ganar el favor de los votantes con una promesa que puede resultar atractiva en un momento de dificultad para acceder a una vivienda asequible. Por otro lado, también puede entenderse como una respuesta a la creciente demanda social en España que requiere medidas efectivas para hacer frente a la crisis habitacional.
Desde una óptica psicológica y sociológica, se podría analizar la medida como una posible respuesta a la creciente desafección de los ciudadanos hacia los políticos y las instituciones, en un contexto de desigualdad social y crisis económica.[4] Según algunos estudios, la vivienda es uno de los principales factores de estrés y ansiedad entre la población, lo que podría afectar a su salud mental y bienestar general.[5] Por tanto, una medida como la anunciada por el Gobierno podría contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reducir su percepción de desigualdad y exclusión social.[6]
Es vital que los ciudadanos asuman su responsabilidad y realicen un seguimiento de la implantación de la propuesta para evaluar su efectividad real y su impacto en la sociedad española.
Viabilidad de la medida
La medida anunciada por Pedro Sánchez, genera muchísimas dudas sobre su viabilidad real por varias razones. En primer lugar, la Sareb es una entidad pública que gestiona los activos tóxicos de los bancos rescatados en la crisis financiera de 2008, por lo que no está claro si tiene la capacidad de poner a disposición del mercado una cantidad tan grande de viviendas en un corto período de tiempo. Además, la medida podría enfrentar obstáculos legales ya que la Sareb está sujeta a la normativa europea de ayudas de Estado y podría ser necesario obtener la aprobación de la Comisión Europea antes de proceder con la movilización de las viviendas.[7]
Por otra parte, el anuncio también ha generado inquietud en el sector privado de la vivienda, ya que algunos expertos temen que la entrada masiva de viviendas públicas en el mercado del alquiler podría distorsionar el mercado y afectar a la rentabilidad de los inversores privados en el sector. También se ha cuestionado la capacidad de las administraciones locales y regionales para gestionar eficazmente un gran número de viviendas públicas y garantizar su mantenimiento y adecuado funcionamiento.
En otro orden de cosas, desde una posición política, la realización de propuestas poco viables durante época electoral puede tener un impacto negativo en la confianza y legitimidad del sistema político en su conjunto.[8]–[9] Los ciudadanos pueden percibir estas propuestas como oportunismos electorales que no se traducen en acciones concretas, lo que puede llevar a un aumento de la desafección política y la abstención electoral.[10]–[11] Además, estos comportamientos pueden erosionar la confianza de los ciudadanos en la capacidad de los políticos para solucionar los problemas sociales más acuciantes.[12]–[13]
Desde un enfoque psicológico, la promesa de solucionar problemas como la vivienda puede generar en los ciudadanos una expectativa de cambio y bienestar emocional.[14] Sin embargo, la realización de estas promesas puede tener un efecto contrario si finalmente no se llevan a cabo, lo que puede provocar sentimientos de frustración, decepción y desesperanza.[15] Estos efectos pueden ser especialmente intensos si los ciudadanos perciben que estas promesas se han hecho de forma oportunista o engañosa.[16]–[17]
Desde la visión sociológica, la realización de propuestas poco viables durante época electoral puede acentuar la desigualdad entre los ciudadanos, ya que pueden generar expectativas de cambio solo entre aquellos que se ven directamente afectados por el problema en cuestión.[18]–[19] Por ejemplo, si se promete solucionar el problema de la vivienda solo a aquellos que no tienen acceso a ella, puede aumentar la percepción de exclusión social de aquellos que sí tienen acceso a una vivienda. Esto puede tener un efecto negativo en la cohesión social y en la percepción de justicia y equidad.[20]–[21]
Finalmente, los ciudadanos no deben depositar todas sus expectativas en promesas realizadas antes de unas elecciones, ya que los políticos no siempre cumplen con lo que prometen. Además, existen muchos factores que pueden afectar la capacidad de los políticos para cumplir con sus promesas, como la economía, la situación internacional y la política interna. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos evalúen a los políticos en función de su historial, su capacidad para cumplir con sus promesas y su disposición para adaptarse a las cambiantes circunstancias políticas.
[1] Ley 19/2022, de medidas para el fomento y la protección del alquiler de viviendas. BOE núm. 45, de 22 de febrero de 2022.
[2] García-Retamero, R., y López-Zafra, E. (2011) <<La crisis económica y la desafección política: efectos y perspectivas>>. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11(1), 1-17.
[3] Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). (s.f.). Qué es Sareb. https://www.sareb.es/es_ES/quienes-somos/que-es-sareb/
[4] García-Retamero, R., y López-Zafra, E. (2011) <<La crisis económica y la desafección política: efectos y perspectivas>>. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11(1), 1-17.
[5] Navarro, V. (2016) <<Desigualdad social y salud mental>>. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 3(2), 7-14.
[6] Alonso, S. (2018) <<La vivienda como factor de estrés: análisis desde la psicología>>. Psychology and Society, 10(2), 317-333.
[7] Nota: La normativa europea a la que se refiere es el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece las reglas para la concesión de ayudas de Estado. La Comisión Europea es la encargada de supervisar que los Estados miembros cumplan con estas normas y de autorizar cualquier ayuda de Estado que se conceda.
[8] Citrin, J. (1974) <<Comment: The political relevance of trust in government>>. American Political Science Review, 68(3), 973-988.
[9] Dalton, R. J. (2004) <<Democratic challenges, democratic choices: The erosion of political support in advanced industrial democracies>>. Oxford University Press.
[10] Anderson, C. J., Blais, A., & Bowler, S. (2005) <<Los ciudadanos informados y la democracia moderna. La política de la confianza>>. Hacer, 14, 31-37.
[11] Norris, P. (1999) <<Critical citizens: Global support for democratic governance>>. Oxford University Press.
[12] Miller, J. M. (1974) <<Political issues and trust in government: 1964-1970>>. American Political Science Review, 68(3), 951-972.
[13] Lodge, M., & Taber, C. S. (2013) <<The rationalizing voter>>. Cambridge University Press.
[14] Seligman, M. E. (2011) <<Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being>>. Free Press.
[15] Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001) <<Bad is stronger than good>>. Review of General Psychology, 5(4), 323-370.
[16] Kruglanski, A. W. (1996) <<Goals as knowledge structures>>. Current Directions in Psychological Science, 5(4), 141-146.
[17] Roccas, S., Klar, Y., & Liviatan, I. (2006) <<The paradox of group-based guilt: Modes of national identification, conflict vehemence, and reactions to the in-group’s moral violations>>. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4), 698-711.
[18] Giddens, A. (1991) <<Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age>>. Stanford University Press.
[19] Bourdieu, P. (2000) <<Pascalian meditations>>. Stanford University Press.
[20] Haidt, J., & Graham, J. (2007) <<When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize>>. Social Justice Research, 20(1), 98-116.
[21] Jost, J. T., Federico, C. M., & Napier, J. L. (2009) <<Political ideology: Its structure, functions, and elective affinities>>. Annual Review of Psychology, 60, 307-337.
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Las viviendas deben ser más accesibles pero nunca gratis.
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