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El poder y la conciencia: cuando gobernar deja de ser una virtud

5–8 minutos

·

22 noviembre, 2026

·

Editorial, Política, Política española, Sociología
Un rey de la antigua Grecia contempla una balanza de justicia agrietada frente a una ciudad bajo un cielo dramático.

La tragedia de Creonte, la soberbia de los gobernantes y la peligrosa costumbre de confundir la supervivencia política con el bien común.

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Hay una antigua tragedia griega que debería formar parte de la educación obligatoria de cualquier aspirante a gobernar. Probablemente resultaría más instructiva que muchos másteres en liderazgo político. Es la historia de Creonte, rey de Tebas, aquel hombre que terminó confundiendo su voluntad con la ley, la obediencia con la virtud y la discrepancia con una amenaza al Estado.

En la Antígona de Sófocles, Creonte se considera defensor del orden. Está convencido de que la estabilidad de Tebas exige someter la conciencia individual a su autoridad. Su tragedia comienza cuando deja de contemplar la posibilidad de estar equivocado. Acaba descubriendo que un hombre puede conservar el poder mientras destruye cuanto pretendía proteger.

Veinticinco siglos después, la historia conserva una actualidad incómoda. España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, y Pedro Sánchez ocupa nuevamente el centro de un debate que merece algo más que consignas electorales y adhesiones sentimentales.

La cuestión fundamental es antigua: ¿qué ocurre cuando la permanencia de un gobernante comienza a confundirse con la supervivencia misma del país?

El poder posee una propiedad psicológica extraordinaria. Puede rodear a un hombre de tantas personas dispuestas a darle la razón que termina privándolo de la oportunidad de escuchar una verdad. En semejante corte, la discrepancia adquiere categoría de insolencia y la adulación asciende a asesoramiento estratégico. El gobernante escucha entonces un coro perfectamente disciplinado. Lamentablemente, la unanimidad de los cortesanos nunca ha constituido una prueba de inteligencia.

La psicología política reconoce diversos mecanismos capaces de alimentar este fenómeno: la disonancia cognitiva, el razonamiento motivado, el sesgo de autoservicio y el pensamiento grupal. Su presencia en una organización no demuestra que su dirigente padezca trastorno alguno. Revela, sencillamente, hasta qué punto la conducta humana puede acomodar sus explicaciones a sus intereses.

La política española ofrece un episodio particularmente ilustrativo.

Antes de las elecciones de julio de 2023, Pedro Sánchez había rechazado la amnistía. Después la defendió y negoció como parte de los acuerdos que facilitaron su investidura. El propio Sánchez reconoció que el resultado electoral y la necesidad de apoyos parlamentarios influyeron en aquel cambio de posición, aunque sostuvo que la medida respondía a una política de convivencia en Cataluña.

La contradicción merece examen, precisamente porque sus protagonistas ofrecen explicaciones diferentes. Para sus defensores, la amnistía representaba una salida política a un conflicto enquistado. Para sus críticos, la coincidencia entre el cambio de criterio y la necesidad de alcanzar una mayoría parlamentaria planteaba serias dudas sobre su justificación.

El episodio suscita una pregunta filosóficamente deliciosa: ¿cómo distinguir una convicción recién descubierta de una necesidad política extraordinariamente persuasiva?

Aristóteles estableció en el libro III de su Política una distinción decisiva entre los gobiernos orientados al bien común y aquellos que sirven principalmente al interés de quienes gobiernan.

La advertencia resulta devastadora por su sencillez. La legalidad proporciona un marco de autoridad, pero ninguna victoria parlamentaria transforma automáticamente la conveniencia en virtud.

El Tribunal Constitucional avaló en 2025 la ley de amnistía en sus aspectos fundamentales, aunque declaró inconstitucionales determinados extremos y la sentencia contó con votos particulares discrepantes. El fallo resolvió cuestiones jurídicas de enorme importancia. No clausuró, ni tenía por qué hacerlo, el debate filosófico acerca de la oportunidad política de aquella decisión.

Pretender que una controversia moral desaparezca porque ha recibido respuesta jurídica equivaldría a confundir el tribunal con el confesionario. Son instituciones respetables, pero sus competencias son distintas.

La tradición cristiana comprendió hace siglos el peligro que encierra esta confusión. Lo llamó soberbia.

San Agustín examinó el amor desordenado de uno mismo y la voluntad de dominio como fuerzas capaces de corromper la convivencia humana. La soberbia política aparece cuando quien ejerce autoridad empieza a tratar su propia continuidad como una necesidad superior a cualquier consideración moral.

Un gobernante puede continuar pronunciando discursos sobre el bien común mientras pierde progresivamente la capacidad de distinguirlo de sus intereses. Las ceremonias institucionales permanecen impecables. Los discursos conservan su solemnidad. La conciencia, entretanto, corre el riesgo de convertirse en un departamento subordinado.

La dimensión religiosa del problema es todavía más exigente. El poder entraña una obligación hacia personas que jamás conocerán personalmente a quienes toman decisiones sobre sus vidas. Una familia que no consigue pagar el alquiler, un trabajador que pierde su empleo o un anciano atrapado en una burocracia indiferente experimentan consecuencias concretas de decisiones políticas, económicas y administrativas.

Ninguno de esos sufrimientos desaparece porque resulte incómodo para una campaña electoral.

La compasión tampoco se acredita mediante una expresión facial ensayada ante las cámaras. Su importancia política reside en las decisiones, los resultados y la disposición a responder por ellos.

Existe, además, una responsabilidad que corresponde a los ciudadanos.

La identificación partidista puede transformar el juicio moral en una forma de lealtad tribal. Imagine a alguien que condena una decisión cuando la adopta su adversario y la celebra cuando procede de su propio partido. Los hechos permanecen idénticos; únicamente cambia la identidad del protagonista.

El fenómeno tiene explicación psicológica. El razonamiento motivado permite proteger las creencias que sostienen nuestra identidad colectiva, incluso cuando hacerlo exige una notable flexibilidad intelectual.

La ética pública adquiere entonces una elasticidad admirable. Lo intolerable el lunes puede convertirse en un ejercicio de responsabilidad institucional el martes, siempre que haya cambiado convenientemente el color del gobierno.

La consecuencia sociológica es grave: cuando la fidelidad partidista determina por anticipado qué debe considerarse justo, la conciencia individual pierde autonomía.

En Un hombre para la eternidad (1966), Tomás Moro plantea una pregunta memorable a quien estaría dispuesto a derribar las leyes para perseguir al diablo: ¿dónde encontraría refugio cuando todas las leyes hubieran caído?

La escena encierra una de las lecciones más poderosas sobre el Estado de derecho. Las garantías institucionales protegen también a nuestros adversarios. Si admitimos que las reglas cambien según la identidad de quien las necesita, habremos convertido la justicia en una cuestión de conveniencia.

Sin embargo, tampoco corresponde confundir el desacuerdo político con la ilegalidad. Las acusaciones requieren pruebas, las responsabilidades penales corresponden a los tribunales y las decisiones de los gobiernos pueden ser sometidas a una crítica moral rigurosa sin necesidad de fabricar delitos.

Creonte aprendió demasiado tarde una verdad que ningún gobernante debería olvidar. La autoridad permite ordenar, pero no garantiza tener razón. El aplauso puede alimentar la vanidad, pero jamás sustituye al juicio de la conciencia.

En vísperas de unas elecciones, esa tragedia plantea preguntas que afectan a cualquier candidato: ¿ha explicado sus contradicciones? ¿Ha aceptado límites a su autoridad? ¿Ha reconocido sus errores? ¿Ha distinguido el interés público de su propia supervivencia política?

Hay algo profundamente humano en la fragilidad de quien gobierna. Todos somos capaces de equivocarnos, justificarnos y defender nuestras decisiones mucho después de que sus consecuencias hayan desmentido nuestras buenas intenciones.

Por eso existen las instituciones, la crítica pública y la responsabilidad democrática.

Sófocles comprendió que la tragedia comienza cuando un hombre se considera demasiado importante para escuchar. La historia demuestra que esa tentación rara vez desaparece por iniciativa propia.

Y quizá la lección más incómoda sea esta: el poder puede conseguir que millones de personas escuchen a un gobernante, pero jamás debería concederle el privilegio de dejar de escuchar a los demás.

Michael A. Galascio, PhD, MA

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