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El Estado español en paliativo

6–9 minutos

·

18 noviembre, 2026

·

Editorial, Política, Política española, Política pública, Sociología
Una carpeta de expedientes conectada a un suero en una camilla, con una silla de espera vacía al fondo.

Michael A. Galascio, PhD, MA

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La Administración conserva sus procedimientos mientras pierde capacidad para cumplir sus fines. El deterioro se vuelve estable cuando sus consecuencias pesan más sobre quien espera que sobre quien decide.

La Administración española ha aprendido a mantener vivo el expediente mientras el ciudadano muere. El 29 de julio de 2026, Radio Murcia recogió el testimonio de la viuda de Juan, un vecino de Cabezo de Torres de 71 años: el hospital llamó para comunicar una prueba pendiente cuatro días después de su fallecimiento. Ese relato no demuestra que la demora causara la muerte. Muestra algo suficientemente perturbador: el procedimiento seguía buscando a un paciente que ya estaba enterrado.

En vivienda, el contraste adopta forma estadística: en 2024 se practicaron 27.564 lanzamientos judiciales, un 3,4% más que el año anterior. Son actuaciones sobre inmuebles, no un recuento de personas desahuciadas. Aun con esa precisión, la distancia entre las promesas de protección y la pérdida efectiva de la posesión merece algo más que otra comparecencia ministerial.

La sanidad autonómica, la política de vivienda y la AGE tienen competencias distintas. Confundirlas facilitaría la denuncia y estropearía el análisis. Comparten, sin embargo, una pregunta: ¿qué valor tiene un procedimiento cuando llega después de la necesidad que debía atender? Dentro del sistema, el expediente continúa; fuera, el tiempo destruye posibilidades. El paliativo comienza cuando conservar ese movimiento sustituye, en la práctica, a recuperar la capacidad de resolver.

La estabilidad del paciente

La burocracia profesional nació para impedir que cada gobernante tratara el Estado como una propiedad adquirida en las urnas. La selección por mérito, la continuidad del empleo y la sujeción a normas protegían al ciudadano frente al capricho político. Destruir esas garantías dejaría la Administración más expuesta a quienes confunden la confianza del ministro con una cualificación profesional.

El Estatuto Básico del Empleado Público limita las funciones del personal eventual a la confianza o el asesoramiento especial. Esa categoría no constituye una habilitación general para sustituir a los profesionales de la Administración. El peligro institucional aparece cuando la proximidad al poder proporciona una autoridad práctica que excede el cometido del nombramiento.

Conviene distinguir también ese personal de los funcionarios que ocupan puestos de libre designación. El Estatuto permite esta última fórmula para determinados destinos de especial responsabilidad y confianza, con posibilidad de cese discrecional. Es legal, pero introduce una tensión: quien debe sostener un criterio profesional puede depender, para conservar su puesto, de alguien a quien ese criterio incomode.

El caso de Ábalos y Koldo García muestra hasta dónde puede llegar la utilización privada de una posición pública. El 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó al exministro a 24 años y tres meses de prisión y a su exasesor a 19 años y ocho meses por delitos vinculados a la trama de las mascarillas. La sentencia incluyó la contratación irregular de conocidas de Ábalos en empresas públicas. Aquí la crítica dispone de hechos declarados probados judicialmente.

Esas condenas acreditan que existen controles capaces de actuar. También obligan a preguntar cuánto margen tuvo la red antes de que actuaran. La responsabilidad penal individual no agota el examen del diseño institucional.

La estabilidad, por su parte, necesita convivir con una evaluación seria del trabajo. Si protege por igual conductas profesionales muy distintas sin reconocer sus resultados, puede desalentar precisamente a quienes intentan mejorar el servicio. Aprobar una oposición acredita determinadas capacidades; mantenerlas exige aprendizaje y desarrollo. Una Administración puede seleccionar con severidad y después administrar el talento con una indiferencia desconcertante.

El hambre fuera de plazo

La gestión del ingreso mínimo vital permite observar la distancia entre actividad administrativa y utilidad pública. El Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora del sector público estatal, jurídicamente distinta de la AGE. Su funcionamiento y la responsabilidad del ministerio correspondiente pertenecen al examen del aparato administrativo del Estado.

El Tribunal de Cuentas publicó el 27 de junio de 2025 una fiscalización sobre los ejercicios 2022 y 2023. Constató que, en 2023, el 42,67 % de los expedientes tramitados superaba el plazo legal de seis meses, con más de ocho meses de media dentro de ese grupo. Señaló además que el diseño carecía de un objetivo específico referido a niveles concretos de pobreza y que solo el 40 % de los potenciales beneficiarios recibía la prestación.

A la espera se añade la incertidumbre del reintegro. En una respuesta parlamentaria fechada el 17 de noviembre de 2023, el Gobierno informó de 54.970 procedimientos iniciados por cobros indebidos desde la implantación del IMV. Ese dato no permite atribuir todos los casos a errores administrativos: pueden intervenir cambios de ingresos, circunstancias familiares y otras causas. Sí demuestra que decenas de miles de procedimientos exigieron recuperar cantidades previamente abonadas.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas reclamó en junio de 2026 adelantar las revisiones para evitar devoluciones elevadas y gestionar las reclamaciones sin exigir años después cantidades que agravan la situación de personas vulnerables. El problema había alcanzado reconocimiento institucional expreso.

Tramitar solicitudes constituye una actividad; conceder prestaciones produce un servicio; reducir la vulnerabilidad representa el resultado perseguido. Confundir esas dimensiones permite presentar una organización muy ocupada como una organización eficaz. Puede haber expedientes resueltos, presupuesto ejecutado y trabajadores desbordados mientras parte de la población destinataria sigue fuera.

La paradoja es cruel: la ayuda exige esperar a quien carece de margen para hacerlo y puede generar después una deuda en quien la recibió para subsistir. La Administración incorpora esas incidencias a su gestión; el ciudadano debe incorporarlas a su supervivencia.

Culpar al empleado que atiende el teléfono sería cómodo para quienes diseñaron el programa y distribuyeron sus recursos. El último rostro visible recibe una indignación que las responsabilidades superiores han conseguido volver impersonal.

El derecho necesita contraseña

El 22 de marzo de 2024, el Defensor del Pueblo dirigió recomendaciones a la Secretaría de Estado de Política Territorial sobre las oficinas de extranjería. Había recibido quejas de personas que no podían presentar solicitudes ni realizar trámites porque no conseguían cita telemática y tampoco accedían presencialmente, incluso alegando urgencia. Advirtió asimismo de que la escasez de citas había propiciado, en determinados casos, un negocio informal de compraventa.

¿Abre esto la puerta a la corrupción? Genera oportunidades para intermediarios abusivos, captación de citas y cobro por un acceso que debería estar garantizado. La existencia de ese mercado no demuestra por sí misma connivencia de empleados públicos. El riesgo institucional consiste en crear una escasez aprovechable por terceros y mantener al ciudadano dependiendo de quien consigue atravesar la barrera.

La discrecionalidad permite adaptar las previsiones legales a situaciones concretas. Necesita criterio profesional y límites. Cuando la organización del acceso impide iniciar el procedimiento, adquiere un poder decisivo: determina quién puede intentar ejercer el derecho.

El Defensor recordó que la Orden PCM/466/2022 ya contemplaba reforzar la atención presencial y garantizarla a mayores de 65 años sin cita previa. Existía una previsión protectora; las quejas mostraban la distancia entre esa previsión y el servicio recibido.

Digitalizar también puede trasladar costes al usuario. Si este debe dominar herramientas, insistir hasta encontrar disponibilidad o pagar ayuda, la eficiencia interna puede estar financiándose con su tiempo y su dinero.

Una sala de espera vacía admite varias explicaciones. Una de ellas es que nadie haya conseguido entrar.

La responsabilidad tiene muchas manos

Gestionar el desempeño exige fijar objetivos, escoger indicadores y actuar sobre sus resultados. El tercer paso distingue la evaluación útil de la ceremonia estadística.

El Estatuto de 2007 ya ordenaba establecer sistemas de evaluación. Dieciséis años después, el Real Decreto-ley 6/2023 desarrolló su regulación para la Administración del Estado. La propia norma reconoce sistemas preexistentes: sería falso sostener que antes no se evaluaba nada. La secuencia muestra cuánto puede prolongarse el desarrollo de una herramienta básica, cuya regulación tampoco acredita por sí sola resultados.

La responsabilidad se debilita cuando muchas unidades pueden demostrar que cumplieron su cometido parcial. Si resolver implica exposición personal y trasladar el expediente permite acreditar diligencia, la prudencia individual puede producir una parálisis colectiva perfectamente documentada.

Ese es el núcleo del paliativo: absorber el conocimiento de las deficiencias sin alterar suficientemente las decisiones que las mantienen. Los órganos de control escriben; las autoridades reciben informes; los empleados conocen obstáculos. El conocimiento está distribuido. La responsabilidad puede seguir sin domicilio.

Las instituciones sobreviven a veces al debilitamiento de su función. El presupuesto sostiene la continuidad y la reforma proporciona una promesa renovable. Quienes gestionan disponen de explicaciones; quienes esperan necesitan resultados.

El Estado entra en paliativo cuando puede abandonar al ciudadano sin que ninguno de sus responsables tenga que abandonar el cargo.

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