Michael A. Galascio, PhD, MA

5 de noviembre de 2026

En Dijon, algunas asociaciones seguían cobrando subvenciones sin presentar sus cuentas o sus informes de actividad. Lo recogió un informe de la cámara regional de cuentas fechado el 27 de junio de 2025. Había procedimientos de revisión y servicios encargados de aplicarlos. Los pagos continuaban.1 La burocracia había conseguido conservar el trámite mientras perdía de vista su propósito.

A partir de ese fallo puede imaginarse una historia bastante menos cómoda que una discusión sobre contabilidad. Usted descubre que una organización habla en nombre de su barrio sin haberle preguntado nada. Protesta ante el ayuntamiento. Para aclarar lo ocurrido, el ayuntamiento consulta a su interlocutor habitual, la organización contra la que usted protesta. Hasta ahí, escuchar a las partes es razonable. El círculo se cerraría si esa explicación acabara siendo la única que cuenta.

El representante conoce a los funcionarios, domina los formularios y aparece en las fotografías institucionales. Usted dispone de una reclamación recién registrada. Cuando intenta explicar que aquel señor no lo representa, tropieza con una administración que lleva años consultándolo precisamente porque lo considera su representante. La legitimidad empieza a circular entre despachos sin pasar por las personas de las que supuestamente procede.

Ese sería el mecanismo, una colaboración útil convertida, por costumbre y falta de contraste, en un privilegio de acceso. El intermediario obtiene reconocimiento del Estado y después utiliza ese reconocimiento para justificar su autoridad. Desde la oficina, la relación puede parecer excelente. Alguien contesta al teléfono y los proyectos salen adelante. La incomodidad empieza cuando otro ciudadano pide sentarse a la mesa.

El tamaño de esta relación merece atención. La Inspección General de Finanzas cifró en 53.000 millones de euros el apoyo público a las asociaciones en 2023. Señaló que esos recursos permiten principalmente ejecutar políticas públicas y recomendó mejorar el intercambio de datos entre administraciones.2 Ese dinero sostiene servicios necesarios. Su importancia obliga a comprobar quién conoce el conjunto y quién depende de información proporcionada por el propio beneficiario.

Imagine una entidad presente en varios programas, cada uno supervisado por una oficina distinta. Cada funcionario conoce su expediente; la entidad conoce todos. Con el tiempo, sustituirla podría resultar tan complicado que mantenerla pareciera siempre la decisión prudente. Una dependencia puede crecer a base de decisiones que, consideradas por separado, parecen sensatas.

La consecuencia humana llegaría después. Si usted necesita esos servicios, empezaría a calcular cuánto puede insistir. Suavizaría una objeción para evitar dificultades, dejaría una pregunta para más adelante. El silencio podría convertirse en una decisión racional dentro de una relación desigual. La dependencia habría alcanzado su manera de hablar.

Desde enero de 2022, las asociaciones subvencionadas deben suscribir un compromiso republicano que incluye el respeto a las leyes y a la libertad de conciencia.3 La firma acredita que alguien ha firmado. Confundirla con una garantía suficiente de conducta exige una confianza conmovedora.

Los informes permiten afirmar que hubo fallos de control. Para saber si alguien los convirtió en poder hay que revisar decisiones concretas y escuchar a los usuarios. La falta de personal o la descoordinación también pueden explicar parte del problema. Una institución debería ser capaz de distinguir esas situaciones sin encargar el diagnóstico a quien está siendo examinado.

Ahí está la pregunta política: ¿puede usted cuestionar al intermediario sin que ese mismo intermediario decida cuánto vale su queja? Si la respuesta dependiera de su buena voluntad, convendría revisar quién tiene realmente la llave del ayuntamiento.

#Editorial #Francia #Política #Sociología #Democracia #Transparencia #PolicyExamination