La homogeneidad política de quienes definen el interés público puede sesgar la gobernanza de una tecnología universal

Michael A. Galascio Sánchez, PhD, MA

La inteligencia artificial no tiene ideología propia. Quienes la entrenan, la restringen y deciden para qué puede utilizarse sí tienen convicciones políticas. Algunas son explícitas. Otras se esconden detrás de palabras que parecen indiscutibles: seguridad, inclusión, dignidad, comunidad, interés público.

Nos hemos acostumbrado a discutir si una máquina llegará a pensar por sí misma mientras prestamos mucha menos atención a quienes ya piensan y deciden por ella. Esa inversión del foco resulta cómoda para casi todos. Las empresas hablan de amenazas futuras y reducen el escrutinio sobre sus decisiones presentes. Los reguladores justifican nuevas facultades. Los activistas encuentran un campo tecnológico donde convertir sus preferencias en normas universales.

El peligro cercano procede de esa concentración humana de autoridad. Aparece cuando un grupo competente, bien relacionado y convencido de su superioridad moral decide qué ideas protegen a la sociedad y cuáles deben tratarse como daños. La composición del grupo puede ser diversa en sexo, origen o biografía y, al mismo tiempo, uniforme en sus presupuestos políticos.

El informe presentado en 2025 por la comisión encargada de asesorar a la organización sin fines de lucro de OpenAI permite observar este problema con bastante claridad. Sus autores formulan propuestas atendibles sobre alfabetización, empleo, salud y transparencia. Después convierten una visión progresista de la sociedad estadounidense en el idioma casi exclusivo del bien común. Ahí comienza mi objeción.

La pregunta que se evita

El debate público gira alrededor de la inteligencia artificial general, la pérdida de control, la superinteligencia y la singularidad. Es razonable estudiar esos escenarios. Resulta menos razonable permitir que ocupen toda la conversación. Hoy son seres humanos quienes escogen los datos, redactan las políticas, distribuyen el dinero y deciden qué respuesta de un modelo se considera peligrosa.

Una prohibición puede impedir que el sistema facilite un delito, revele datos privados o proporcione instrucciones capaces de causar un daño físico. También puede impedir que exprese una conclusión políticamente incómoda. El mecanismo técnico se parece. La justificación cambia por completo.

¿Quién traza esa frontera? ¿Qué concepto de daño utiliza? ¿Qué ocurre cuando seguridad y corrección política se mezclan? Estas preguntas afectan a la libertad de investigación y de expresión. Sin embargo, reciben menos publicidad que el relato de una futura máquina todopoderosa. La singularidad es un espectáculo intelectual. La moderación ideológica ocurre en contratos, equipos de producto, comisiones y documentos que casi nadie lee.

Qué hizo realmente la comisión

OpenAI creó en 2025 una comisión independiente para asesorar a su organización sin fines de lucro. Sus integrantes fueron Dolores Huerta, Monica Lozano, Robert K. Ross y Jack Oliver, con Daniel Zingale como coordinador. Durante tres meses, la comisión afirmó haber consultado a más de 500 personas y 100 organizaciones que, en conjunto, representaban a más de siete millones de estadounidenses.

Hay que evitar una exageración fácil. Esta comisión no auditó modelos ni autorizó lanzamientos. Tampoco sustituyó a los especialistas en seguridad técnica. Su encargo consistió en proponer la orientación cívica y filantrópica de la entidad sin fines de lucro que supervisa OpenAI. Confundir esos planos dañaría la crítica.

El alcance formal fue filantrópico, pero el informe quiso definir algo mucho más amplio. Toward a People-First Future in the Age of Intelligence propone un marco moral, una teoría de acción, principios de gobernanza y una estrategia de influencia pública. La comisión recibió la tarea de traducir la misión de beneficiar a toda la humanidad en prioridades institucionales. El Consejo de OpenAI agradeció el trabajo como una aportación para cumplir esa misión. Estamos, por tanto, ante un documento político con consecuencias potenciales sobre la cultura de una organización tecnológica extraordinariamente influyente.

La política del informe

El texto recomienda financiar organización comunitaria, poder sindical, modelos cooperativos, activismo de interés público, creadores culturales e infraestructuras narrativas. Pide trasladar influencia hacia formas de administración comunitaria y convertir la organización sin fines de lucro en una plataforma cívica con capacidad para transformar sistemas.

Nada de esto es políticamente neutro. Tampoco tiene por qué serlo. Una comisión puede recomendar una política progresista si la defiende abiertamente, expone sus costes y acepta la disputa. La dificultad aparece cuando esa política adopta el rango de traducción natural del interés de toda la humanidad.

Busqué en el informe el contraste equivalente. Apenas aparece. La iniciativa individual, la libertad de expresión frente a las presiones colectivas, la competencia entre instituciones, la innovación empresarial y el peligro de que los intermediarios capturen los recursos reciben una atención muy inferior. El documento teme la concentración privada del poder, con razón, pero confía demasiado en las redes comunitarias que propone financiar. El poder no se vuelve inocente cuando cambia de oficina y aprende un vocabulario cívico.

La comisión publica una lista extensa de organizaciones consultadas. No informa con suficiente detalle sobre la selección de participantes, las preguntas utilizadas, los argumentos descartados o las posiciones que no llegaron al texto final. Tampoco ofrece opiniones minoritarias. El lector ve el consenso terminado, no el conflicto intelectual que debería haberlo puesto a prueba.

Este vacío importa más que la biografía de cada comisionado. Una institución demuestra pluralismo cuando una objeción incómoda puede alterar la agenda, el método y la conclusión. La fotografía de un grupo diverso no demuestra nada de eso.

Los expertos también racionalizan

Existe una fe bastante ingenua en la capacidad del experto para situarse por encima de sus prejuicios. La psicología no respalda esa confianza. El razonamiento motivado lleva a evaluar la información de acuerdo con identidades y compromisos previos. Kahan observó que una mayor capacidad analítica puede aumentar la polarización cuando se utiliza para proteger la posición del grupo. Taber y Lodge mostraron que examinamos con mayor severidad los argumentos que nos contradicen.

Una persona instruida puede descubrir errores difíciles. También puede construir una justificación más elegante de aquello que ya creía. La pericia necesita contraste, responsabilidad y posibilidad de refutación. Sin esas condiciones, el conocimiento corre el riesgo de convertirse en una herramienta de racionalización.

Haidt ha explicado que la intuición moral suele llegar antes que la justificación consciente. Mercier y Sperber sitúan el razonamiento dentro de contextos sociales donde argumentamos para persuadir, defender y evaluar. Un grupo que comparte las mismas intuiciones pierde parte de su capacidad de control. Sus miembros se confirman entre sí sin necesidad de ponerse de acuerdo de manera explícita.

Este fenómeno afecta a la izquierda, a la derecha y a cualquier profesión que empiece a confundirse con una comunidad moral. Por eso no propongo comisiones sin convicciones. Propongo instituciones donde las convicciones tropiecen con objeciones inteligentes, informadas y protegidas.

El lenguaje que convierte una preferencia en mandato

El informe utiliza expresiones como infraestructura narrativa, imaginación democrática, pertenencia colectiva, relación correcta y poder cultural. Algunas describen fenómenos reales. Su vaguedad permite, sin embargo, financiar actividades muy diferentes sin establecer una frontera verificable entre educación pública, participación cívica y persuasión política.

La financiación de narrativas, creadores, plataformas y redes de influencia exige especial cuidado. OpenAI desarrolla sistemas capaces de afectar la producción y circulación del lenguaje. Su organización sin fines de lucro podría financiar a quienes explican a la sociedad cómo debe interpretar esa tecnología. La combinación merece controles claros. De lo contrario, una misma arquitectura institucional participará en la creación de la herramienta, en la selección de sus intérpretes y en la financiación del relato considerado legítimo.

Las intenciones pueden ser honorables y el conflicto seguirá existiendo. Las instituciones amplían su mandato mediante objetivos difíciles de medir. Cuando una agenda se identifica con la dignidad o la democracia, disentir empieza a parecer una falta moral. Los resultados y los costes dejan paso a un examen de las credenciales éticas del discrepante.

Hay una ironía especialmente reveladora. El informe critica que algunas organizaciones adopten el lenguaje de los financiadores para obtener recursos. Tiene razón. Si OpenAI premia un vocabulario político concreto, los futuros beneficiarios aprenderán a reproducirlo. Después, esa repetición se presentará como evidencia de consenso social. El financiador habrá creado la unanimidad que más tarde utilizará para legitimarse.

El informe tiene méritos y eso hace más seria la crítica

La comisión consultó a instituciones religiosas, laborales, empresariales, educativas y comunitarias. Señaló problemas reales: la concentración privada del poder, el sesgo de las élites urbanas, la pérdida de libertad de conciencia y la opacidad de algunas decisiones filantrópicas. También pidió criterios públicos de financiación y mecanismos para explicar si la participación ciudadana cambia algo.

Estos elementos impiden reducir el documento a propaganda partidista. Tampoco hay base suficiente para colocar a todos los comisionados bajo la etiqueta de extrema izquierda. Una crítica que dependa de esa afirmación sería fácil de desacreditar.

El defecto aparece en el resultado publicado. Su gramática política es extraordinariamente uniforme y no permite saber si las perspectivas contrarias influyeron en las conclusiones. La variedad de sectores consultados no prueba diversidad de premisas. Un empresario, un religioso y un sindicalista pueden ser escogidos porque comparten la misma visión del poder. Sin datos sobre el muestreo, las preguntas y el tratamiento de las discrepancias, la representatividad no puede auditarse.

Reconocer los méritos del informe no debilita este argumento. Lo limpia de exageraciones y obliga a responder a la cuestión importante: ¿por qué una comisión que pretende acercarse a la sociedad publica un documento donde casi toda la sociedad parece hablar el idioma de una sola tradición política?

La singularidad como coartada de poder

La alarma sobre la singularidad facilita esta forma de gobierno. Cuanto más se presenta la inteligencia artificial como una fuerza autónoma a punto de escapar al control humano, más autoridad se concede a quienes prometen contenerla. La urgencia reduce la tolerancia al desacuerdo.

Empresas, expertos, reguladores y activistas compiten por el papel de guardianes del futuro. Cada grupo afirma comprender un peligro que el ciudadano corriente no puede evaluar. Mientras tanto, las decisiones sobre datos, acceso, moderación, financiación y regulación quedan fuera del encuadre principal.

Ese desplazamiento favorece a quien define el riesgo. Si quienes lo definen comparten una cultura política, la seguridad tecnológica puede terminar confundida con la protección de una agenda. Una investigación incómoda o una respuesta contraria al consenso se clasificará como daño antes de examinarse como argumento.

La responsabilidad sigue siendo humana. Los modelos no nombran comisiones ni asignan subvenciones. No redactan estatutos por iniciativa propia. Tampoco deciden qué visión del mundo merece la etiqueta de segura. Conviene recordarlo cada vez que alguien invoque a la máquina para justificar una decisión tomada por personas.

Qué exigir a una supervisión creíble

Una comisión con influencia pública debe publicar su mandato, sus límites, el método de selección de sus miembros y los conflictos de interés. Una consulta seria debe explicar quién pudo participar, quién quedó fuera, qué preguntas se formularon y qué posiciones no llegaron al informe.

Cuando exista desacuerdo sustantivo, las opiniones separadas deben publicarse. El consenso puede ser una conclusión. Convertirlo en requisito de entrada produce obediencia, no conocimiento.

Tetlock ha insistido en evaluar a los expertos mediante predicciones, calibración y revisión de errores. Ese criterio debería aplicarse también a quienes anuncian riesgos sociales. ¿Qué daño anticiparon? ¿Con qué probabilidad? ¿Qué evidencia los haría cambiar de opinión? La reputación profesional y la seguridad moral no sustituyen esas respuestas.

También conviene separar funciones. La supervisión técnica requiere evaluaciones de seguridad, incidentes, datos de despliegue y acceso a mecanismos de control. La consulta comunitaria sirve para escuchar necesidades y orientar inversiones. Un consejo filantrópico puede cumplir bien su tarea sin fingir que realiza una auditoría. La confusión entre ambos planos entrega a la representación simbólica el prestigio de la verificación técnica.

Defiendo el desarrollo de la inteligencia artificial porque sus beneficios en investigación, educación, medicina, producción y análisis ya son visibles. Precisamente por eso rechazo que el miedo apocalíptico o una ortodoxia cultural decidan su futuro. Una regulación construida sobre fantasías de destrucción puede concentrar el mercado en las empresas más poderosas. Una supervisión ideológica puede cerrar preguntas y usos que son legales, útiles y necesarios.

Hay que medir daños concretos, comparar alternativas y atribuir responsabilidades. También hay que vigilar a quienes vigilan. Una tecnología destinada a personas muy distintas necesita instituciones capaces de soportar el desacuerdo sin convertirlo en sospecha moral. Si una sola cultura política controla el significado de seguridad, la vigilancia terminará dirigida contra la sociedad que afirma proteger.

Referencias

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