Pacifismo selectivo

Hay decisiones políticas que se presentan envueltas en un manto de principios, pero basta levantar un poco la tela para descubrir que debajo no hay virtud, sino una operación de imagen bastante vulgar, además pagada con dinero público. Y eso es, en esencia, lo que ha ocurrido con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de negar el uso de las bases de Rota y Morón como apoyo logístico y de repostaje a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La decisión se ha vendido como un ejercicio de prudencia, como una muestra de responsabilidad y respeto al derecho internacional. Pero también encaja perfectamente como gesto de consumo interno que sirve para cohesionar a una izquierda fragmentada, para reforzar una estética moralista de la acción exterior y para alimentar una narrativa que convierte la contención en superioridad ética. Irak, reaparece así como coartada permanente, no tanto como lección histórica bien digerida, sino como escapulario retórico para eludir cualquier decisión presente que exija costes, tensión o incomodidad.

La ironía es evidente. Esa delicadeza moral la proclama un Gobierno que hace no tanto sacrificó el Sáhara Occidental en el altar del cálculo político. Eso confirma una pauta bastante reconocible, los principios se exhiben con solemnidad hasta el momento exacto en que empiezan a interferir con la conveniencia.

En la práctica, el resultado es mucho menos noble de lo que sugiere la escenografía oficial. España adopta el papel del aliado que, justo cuando hay que acelerar, pisa el freno y luego reclama reconocimiento por su altura moral. El episodio produjo de inmediato la secuencia habitual. Washington deslizando que existía cooperación militar, Madrid negándolo con énfasis casi litúrgico, Teherán celebrando la posición española con el entusiasmo oportunista de quien detecta una fisura útil, Israel cuestionando una vez más el alineamiento español y Trump amagando con represalias en su estilo habitual, más escénico que diplomático.

El saldo inmediato es bastante claro, aliados desconcertados, polarización interna y una señal de incertidumbre hacia fuera. Cuando la política exterior se convierte en prolongación del teatro doméstico, la coherencia estratégica queda subordinada al relato. Y esa es, precisamente, la impresión que transmite esta decisión, que para Sánchez y su núcleo de confianza pesa más la rentabilidad interna del gesto que su consistencia internacional.

La versión oficial se apoya en una base jurídicamente defendible. España recuerda que las bases no son extraterritoriales, que su uso debe ajustarse al Convenio de Cooperación para la Defensa y a la Carta de la ONU, y que cualquier operación requiere cobertura legal y legitimidad multilateral. Técnicamente, el argumento se sostiene. El problema no empieza en el plano jurídico, sino en el político. Porque ese marco legal, siendo real, funciona también como parapeto narrativo que permite desplazar la responsabilidad, presentar la negativa como una obligación técnica y envolver una decisión política en el lenguaje cómodo de la inevitabilidad.

Ahí aparece el verdadero subtexto. El “no a la guerra” no siempre significa solo rechazo de la violencia; muchas veces significa, sobre todo, rechazo al coste político de decidir en contextos incómodos. Irak se utiliza entonces como carta comodín, como seguro electoral, como simplificación moral de un tablero mucho más áspero. Si una guerra fue un desastre, parecería que todas las guerras quedan automáticamente deslegitimadas. Y así se omite algo fundamental, que la inacción también produce víctimas, solo que con menos cámaras y menos ruido moral.

Desde el punto de vista del liderazgo, la decisión encaja con una forma muy reconocible de ejercer el poder. Sánchez se coloca en el papel del dirigente sensato que contiene la escalada, proyecta autocontrol y se reserva la superioridad ética. Es una posición eficaz, porque ofrece aplauso inmediato, cohesiona a parte de su base y refuerza su imagen como figura que siempre ocupa el lugar del adulto en la sala. Pero también esquiva el núcleo más incómodo del problema, la seguridad colectiva, a veces, exige asumir costes, gestionar tensiones y tomar decisiones impopulares.

En ese sentido, su fortaleza política y comunicativa tiene un reverso. Muestra disciplina, capacidad de cálculo y una notable habilidad para leer los incentivos del entorno. Pero esa inteligencia táctica convive con un uso instrumental de la empatía, con una tendencia a convertir la narrativa en sustituto de la sustancia y con una clara preferencia por entornos de poder donde la discrepancia se tolera mal. Sus críticos lo interpretan como un liderazgo muy orientado al control, a la gestión de imagen y a la preservación de su propia centralidad.

También hay una lectura más amplia, sociológica e institucional. Las sociedades complejas no se sostienen solo sobre valores abstractos, sino sobre jerarquías funcionales, reciprocidad y fiabilidad entre socios. Beneficiarse del paraguas estratégico occidental y, en el momento delicado, responder con retórica de soberanía herida equivale a disfrutar de las ventajas del sistema mientras se pone distancia frente a sus costes. Eso no refuerza la autonomía; la teatraliza. Y en política internacional, convertir la autonomía en escenificación suele salir caro.

Por eso el episodio de Rota y Morón va más allá de la logística. Se convierte en un símbolo. Enseña que la responsabilidad puede negociarse, que la integridad estratégica puede subordinarse al rendimiento doméstico y que el orden internacional es algo que otros sostienen mientras aquí se discute cómo posar ante el espejo moral.

Geopolíticamente, además, la posición española transmite una señal preocupante. Mientras Estados Unidos e Israel actúan y el conflicto escala, España opta por marcar distancia desde un punto sensible del flanco sur. El mensaje hacia aliados y adversarios no es de prudencia serena, sino de ambigüedad. Y en términos de disuasión, la ambigüedad rara vez tranquiliza a los tuyos: suele animar a quienes miden la cohesión occidental como un indicador de oportunidad.

Contener a Irán —y, por extensión, a otros actores revisionistas— exige un mínimo de credibilidad compartida dentro de la alianza atlántica. No se trata de apoyar automáticamente cualquier operación, sino de no convertir cada decisión difícil en una exhibición de excepcionalismo moral. Porque cuando el multilateralismo se invoca solo como coartada para no asumir fricciones, deja de ser una doctrina seria y se convierte en un recurso decorativo.

Detrás de todo esto operan, además, incentivos bastante reconocibles. La presión de los socios de la coalición, la necesidad de mantener el equilibrio parlamentario, la utilidad electoral del lema “no a la guerra”, el interés en desgastar a la oposición y el rédito que produce convertir un conflicto externo en una pieza más del consumo político interno. No hace falta imaginar grandes conspiraciones, basta con observar cómo funciona la contabilidad del poder. El corto plazo manda, y el coste diferido se da por asumible.

Hay también un elemento menos visible pero más serio, la reputación como socio fiable. Nadie va a “cerrar el grifo” de un día para otro, pero en materia de inteligencia, coordinación estratégica y confianza operativa las rebajas rara vez se anuncian; simplemente se aplican. El principio es elemental, quien genera la información decide con quién la comparte y en qué condiciones. Si aparecen dudas sobre la solidez política, tecnológica o institucional de un socio, lo normal no es la ruptura, sino la dosificación. Menos acceso, más prudencia, más producto procesado y menos información sensible de origen.

A eso se suma un problema estructural que España arrastra desde hace tiempo, la percepción de contribuir menos de lo que recibe en el marco atlántico. El debate sobre el gasto en defensa, amplificado durante años por Trump, alimenta justamente esa narrativa. Y aunque no toda esa crítica sea justa, sí erosiona el clima de confianza. Lo mismo sucede con la cultura institucional de clasificación y protección de información sensible, no se trata de simpatía, sino de estándares, controles y hábitos. Y ahí España sigue proyectando una imagen mejorable.

En el fondo, la paradoja es bastante cristalina. Se niega apoyo a una operación en nombre de la responsabilidad, pero al hacerlo se introduce una cuota de irresponsabilidad estratégica a medio plazo. Se protege la pureza del relato y se debilita un activo mucho más valioso, la credibilidad dentro del sistema de alianzas. España está en su derecho de exigir límites, control soberano y cobertura jurídica sobre el uso de Rota y Morón. Eso es perfectamente legítimo. Lo que ya no resulta tan legítimo es vender esa negativa como si fuera una forma incontestable de superioridad moral, cuando el resultado práctico incluye roces diplomáticos, desmentidos cruzados, amenazas y una celebración interesada por parte de Teherán.

“No a la guerra” cabe en una pancarta y produce alivio moral inmediato. Pero la seguridad nacional no se gestiona con pancartas, sino con decisiones que resisten el paso del tiempo. Apostar por la neutralidad de cara a la galería puede dar rendimiento interno en el corto plazo, pero rara vez consolida respeto, influencia o capacidad de disuasión. La historia no suele premiar a quienes confunden prudencia con parálisis.

Y el remate, en realidad, ya lo conocemos. Si la agresión escala, si la contención falla y si el coste acaba llegando, volveremos a escuchar que nadie podía preverlo, que la escalada sorprendió a todos, que la paz era la única opción. Pero no, la paz no es una consigna autosuficiente. La paz también depende de que alguien esté dispuesto a sostener el orden que la hace posible. Cuando se olvida eso, la factura termina llegando. Y llega en la forma que más duele en política internacional. Se traduce en menos seguridad, menos influencia y menos respeto.