La transición energética se ha convertido en un concepto esencial para el discurso ambiental contemporáneo. Nos encontramos en una era donde la humanidad enfrenta la imperativa necesidad de reformar su forma de consumir y producir energía. El término “energía” representa, en un sentido físico, la capacidad de realizar trabajo, pero en términos prácticos, es el recurso indispensable que impulsa nuestras economías, define el bienestar de las sociedades y moldea las estructuras de poder a nivel global. La transición energética, en su esencia, es el proceso mediante el cual se desplazan las fuentes tradicionales de energía, como los combustibles fósiles, hacia fuentes renovables y, en teoría, más sostenibles, tales como la solar, la eólica y la geotérmica. Sin embargo, detrás de este concepto, tan aparentemente benigno, se encuentran fuerzas y dinámicas que reflejan aspectos menos conocidos y menos discutidos.
El cambio climático ha sido una preocupación legítima durante décadas, pero el modo en que se ha insertado en el discurso de políticas públicas y de la transición energética parece, en ciertos casos, haber sido cooptado para fines que trascienden lo ambiental. La narrativa de la crisis climática y las políticas de energía verde, aunque inicialmente concebidas para abordar estos desafíos, también han sido instrumentalizadas por élites globales para centralizar el control sobre los recursos energéticos. Este fenómeno no es nuevo en la historia; ya a principios del siglo XX, el control del petróleo fue fundamental para consolidar el poder en manos de unas pocas empresas. Hoy, el paralelismo con las energías renovables parece inevitable, donde actores gubernamentales y corporativos impulsan tecnologías bajo una supuesta intención de sostenibilidad, pero cuyas motivaciones pueden estar orientadas al control económico y la vigilancia masiva. Esta centralización es preocupante, dado que desplaza a la ciudadanía de la toma de decisiones energéticas, otorgando cada vez más poder a actores que no siempre representan el interés público.
Las energías renovables, lejos de ser exclusivamente un vehículo hacia la sostenibilidad, han captado el interés de grandes entidades corporativas y financieras que buscan lucrar con esta tendencia. Los grandes bancos y las empresas tecnológicas están estructurando sus inversiones para alinearse con la narrativa verde, promoviendo proyectos de energía renovable que les permitan seguir capturando rentas y consolidando su posición en el mercado. Este enfoque se vuelve particularmente evidente en el caso de los bancos que financian grandes parques solares y eólicos, y de empresas tecnológicas que desarrollan software de administración para redes energéticas inteligentes (smart grids).
En el ámbito de las energías renovables, España ha visto la proliferación de enormes parques solares y eólicos, especialmente en zonas rurales de Castilla-La Mancha y Andalucía. Estas instalaciones son financiadas y controladas mayormente por grandes corporaciones y fondos de inversión extranjeros. Aunque contribuyen a los objetivos nacionales de descarbonización, también han generado críticas, ya que las comunidades locales han señalado que no se benefician de estos proyectos en términos de empleo ni de acceso a la energía generada. En algunos casos, los parques han alterado el paisaje y afectado las economías locales sin proporcionar beneficios significativos a las poblaciones rurales, lo cual alimenta el debate sobre si estas iniciativas realmente promueven un modelo descentralizado y sostenible, o si consolidan aún más el poder en manos de grandes actores corporativos, centralizando el control sobre los recursos energéticos del país.
Este último aspecto es fundamental: las redes inteligentes permiten un control casi absoluto sobre el flujo de energía y en consecuencia, facilitan una vigilancia del comportamiento de los usuarios que puede ser utilizada para imponer políticas coercitivas y diseñar marcos de vigilancia masiva. La convergencia entre energía y tecnología abre una puerta a lo que Shoshana Zuboff denominó “capitalismo de vigilancia”, donde las decisiones individuales sobre consumo energético podrían ser utilizadas no sólo para prever necesidades energéticas, sino también para imponer sistemas de monitoreo sin precedentes.
La transición hacia un mundo renovable presenta también un desafío a la libertad financiera que han traído tecnologías como Bitcoin y otras criptomonedas. Este tipo de sistemas, que requieren energía para operar, ofrecen una alternativa descentralizada frente a los sistemas financieros tradicionales. Sin embargo, las políticas de control sobre el consumo energético y el acceso a las fuentes de energía, propulsadas en nombre de la sostenibilidad, pueden limitar el acceso a esta libertad financiera. Bitcoin, que utiliza un mecanismo intensivo en consumo energético llamado “proof of work”, se ha convertido en el blanco de las críticas ambientales. No obstante, estos ataques parecen ignorar el hecho de que, en un contexto de mayor control sobre la energía, el sistema financiero tradicional sigue centralizando la riqueza y restringiendo el acceso a sistemas alternativos. La transición energética, entonces, puede ser vista, paradójicamente, como una amenaza a la propia descentralización que podría liberar a los ciudadanos de la hegemonía de las élites financieras.
Pese a las críticas anteriores, es fundamental reconocer los aspectos positivos de la transición energética. Un ejemplo actual en Europa de un proyecto operativo de transición energética es el parque eólico marino Sønderhav, ubicado en Dinamarca. Este parque, inaugurado en 2023, tiene una capacidad de 1.3 gigavatios (GW) y está diseñado para suministrar electricidad a más de 1 millón de hogares.
El parque eólico Sønderhav es notable no solo por su capacidad de generación, sino también por su enfoque en la sostenibilidad y la reducción de emisiones de carbono. Está vinculado a un modelo de energía renovable que busca optimizar la interconexión entre diferentes fuentes de energía en la región, lo que permite una gestión más eficiente de la red eléctrica. Este tipo de iniciativa refleja un avance significativo hacia la descarbonización y la transición hacia un modelo energético más sostenible en Europa.
Sin embargo, también ha habido debates sobre el impacto de tales proyectos en las comunidades locales y en el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la conservación marina y el uso del espacio. Aunque los beneficios de la energía renovable son evidentes, las preocupaciones sobre el control corporativo y la distribución equitativa de los recursos energéticos persisten.
La reducción de las emisiones de carbono y la mitigación de los impactos ambientales son objetivos urgentes que no pueden desestimarse. Además, la transición energética ofrece una oportunidad para diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que a largo plazo podría conducir a una mayor estabilidad económica y a la disminución de las tensiones geopolíticas relacionadas con el petróleo. En efecto, si se gestiona correctamente, la descentralización de las energías renovables puede promover el empoderamiento local, permitiendo a las comunidades acceder a su propia energía y construir sistemas resilientes. Esta es una perspectiva alentadora, si bien no siempre se refleja en la práctica, y es aquí donde las políticas deben centrarse para evitar que los intereses corporativos dominen la transición.
En última instancia, la transición energética, en lugar de ser un camino directo hacia un futuro sostenible, es un proceso complejo, lleno de contradicciones y potenciales riesgos. En un mundo ideal, la transición hacia energías renovables representaría una oportunidad para crear un modelo económico más justo y equitativo. Sin embargo, el control de estos recursos por parte de élites económicas y corporativas plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre sostenibilidad y poder. Los ciudadanos deben mantenerse alerta y exigir transparencia, ya que la sostenibilidad no debe ser un pretexto para el control, sino un medio para alcanzar un verdadero progreso social y ambiental. Al final, la lección más importante que podemos extraer es la necesidad de replantear nuestras prioridades colectivas: entender que el verdadero progreso radica en un modelo de desarrollo que beneficie a todos y no sólo a unos pocos, y que la energía, en tanto recurso vital, debería ser democratizada para garantizar un futuro justo para la humanidad.
Referencias:
Birol, F. (2019) <<The Future of Energy: Critical Perspectives>>. Paris: International Energy Agency. Paris https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen, Licence: CC BY 4.0
Nakamoto, S. (2008) <<Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System>>. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Smil, V. (2017) <<Energy and Civilization: A History>. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262035774.001.0001
Sovacool, Benjamin. (2019) <<Visions of Energy Futures: Imagining and Innovating Low-Carbon Transitions>>. London: Routledge.10.4324/9780367135171.
Zuboff, S. (2019) <<The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power>>. PublicAffairs.
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