Desafíos actuales para la democracia constitucional en España

Desde un punto de vista político, en los últimos años, se ha observado un deterioro gradual de las instituciones y de la política en España, lo cual ha generado preocupación en diversos foros y tribunas no partidistas. El fortalecimiento de las instituciones y la creación de un nuevo consenso político son tareas urgentes para alcanzar una mayor calidad democrática y evitar el deslizamiento hacia una autocracia. Existen preocupaciones sobre el abuso del poder legislativo y ejecutivo, la postergación del Congreso de los Diputados y la falta de separación de poderes. Además, se percibe una falta de cohesión interna y un mal funcionamiento de las instituciones, lo que podría llevar a la desestructuración del Estado. Es necesario que todos los partidos políticos reaccionen rápidamente para cambiar esta situación peligrosa y evitar la banalización de la Constitución, ya que un adecuado funcionamiento de las instituciones es fundamental para mantener el crédito internacional y la estabilidad económica.

En el contexto jurídico, se ha observado un exceso en el ámbito de aplicación de la Constitución española, con una distorsión de sus principios y disposiciones. Aunque puede ser justificable la necesidad de actualizar ciertos aspectos de la Constitución, resulta fundamental garantizar su cumplimiento íntegro durante este proceso. Se ha normalizado la suspensión de facto de las reglas constitucionales cuando conviene a los intereses políticos inmediatos, lo que implica dar prioridad a normas inferiores a la Constitución sobre la ley fundamental. Además, se utilizan procedimientos y vericuetos al margen de una interpretación recta de la Constitución, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo. Se han observado criterios de ocupación de cargos en los órganos constitucionales que favorecen la identificación con el partido en el poder, lo que afecta a la independencia de estos órganos. Es necesario rectificar estas prácticas y garantizar el cumplimiento de la Constitución.

Desde una consideración psicológica, la ciudadanía ha mostrado creciente desconfianza y descontento hacia la política y las instituciones en España. Las encuestas revelan que se percibe a los políticos como parte del problema, en lugar de ser vistos como quienes pueden resolver los problemas del país. La opinión pública considera que los políticos no prestan atención a sus preocupaciones, carecen de ideas claras, vocación de servicio público, experiencia necesaria y actúan de forma poco honesta. Esta falta de confianza se refleja en la baja valoración de los líderes políticos y de las instituciones. Los ciudadanos se sienten olvidados y menospreciados, mientras que el discurso político se percibe como radical y polarizador. Existe una demanda de consenso y diálogo, similar al espíritu de pacto y concordia de la Transición española.

Finalmente, desde una óptica sociológica, la transgresión de nuestra democracia constitucional puede acarrear repercusiones en la configuración y el desarrollo de la sociedad. La falta de estabilidad y la inseguridad jurídica pueden afectar negativamente a la economía y a la inversión, lo que puede traducirse en un deterioro de la calidad de vida de la población. Asimismo, la falta de consenso político y de diálogo constructivo puede generar una brecha social entre distintos grupos de la población y un aumento de la polarización ideológica. Por tanto, es necesario abordar este problema desde múltiples perspectivas y actuar con responsabilidad para proteger nuestra democracia constitucional y fortalecer nuestras instituciones políticas y sociales.

En consonancia con lo expuesto, propongo 10 Estas medidas para salvaguardar los principios fundamentales de nuestra democracia constitucional, fortaleciendo las instituciones políticas y sociales para garantizar una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos:

1. Fortalecer la separación de poderes: Garantizar la independencia y autonomía de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para evitar abusos de poder y preservar el equilibrio democrático.
2. Promover la transparencia y la rendición de cuentas: Establecer mecanismos efectivos para que los políticos y las instituciones rindan cuentas de sus acciones y decisiones, fomentando la transparencia en la gestión pública.
3. Garantizar la igualdad de acceso a la justicia: Mejorar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, asegurando que el sistema judicial sea ágil, imparcial y eficiente.
4. Impulsar la participación ciudadana: Fomentar la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos, promoviendo la participación en procesos de toma de decisiones y consultas populares
5. Reforzar los mecanismos de control y fiscalización: Establecer mecanismos robustos de control y fiscalización de los actos de los representantes políticos y de las instituciones, con el fin de prevenir la corrupción y el abuso de poder.
6. Promover la educación cívica: Fomentar la educación cívica desde las etapas tempranas de la educación, para formar ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades, y promover una cultura de respeto a la democracia.
7. Incentivar el diálogo y el consenso: Promover un ambiente de diálogo constructivo y búsqueda de consensos entre los diferentes actores políticos y sociales, priorizando el interés general sobre los intereses partidistas.
8. Garantizar la independencia de los medios de comunicación: Proteger la libertad de expresión y asegurar la independencia de los medios de comunicación, evitando la concentración de medios en manos de intereses particulares.
9. Establecer mecanismos efectivos de protección de los derechos humanos: Fortalecer los organismos encargados de proteger y promover los derechos humanos, asegurando su independencia y capacidad de actuación.
10. Fomentar la cultura del respeto y la tolerancia: Promover una cultura de respeto mutuo, tolerancia y diversidad, que fomente el entendimiento y la convivencia pacífica en la sociedad.