La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre nuevas normas de telecomunicaciones que amenazan con causar graves daños en la tecnología que usamos para comunicarnos, hacer negocios e interactuar con el mundo todos los días: Internet. La propuesta de «El futuro del sector de las comunicaciones electrónicas y su infraestructura» es una respuesta a las solicitudes de los grandes operadores de telecomunicaciones para que los proveedores de contenido, como Meta, Netflix y Alphabet, hagan una «contribución justa» a las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, como el 5G.
Sin embargo, la idea de que los proveedores de contenido deban contribuir a la infraestructura es fundamentalmente errónea. El tráfico que generan estos proveedores proviene de usuarios individuales que solicitan datos y son estos usuarios los que pagan a su proveedor de servicios de Internet por el acceso a Internet, lo que impulsa el tráfico.
Si se aprueban estas reglas propuestas, serían un desastre para Internet tal como lo conocemos. Socavarían las regulaciones existentes de neutralidad de la red, trasladarían los costos a los usuarios finales, consolidarían la posición de las grandes empresas tecnológicas y posiblemente incluso desencadenarían una fragmentación de Internet.
La idea detrás de esta propuesta se centra en un antiguo régimen conocido como «quien envía paga», que ha sido rechazado antes como obsoleto para la era digital. La evaluación preliminar de la cuestión por el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas concluyó que «no hay pruebas de que tal mecanismo esté justificado» y que «un cambio tan significativo podría ser de gran daño para el ecosistema de Internet».
El Internet alcanzó su escala global porque una vez que una red se conecta a él, esa red es alcanzable por cualquier usuario o servicio en el mundo. La idea de que los proveedores de contenido necesiten un contrato separado con una red al otro lado del mundo para entregar tráfico está en conflicto directo con la esencia misma de Internet.
Los defensores de las nuevas reglas pueden argumentar que tales preocupaciones son exageradas, pero el resultado más probable es que los mayores costos para los proveedores de contenido se trasladarían a los consumidores, aumentando, por ejemplo, el precio de las suscripciones de transmisión.
En última instancia, un nuevo modelo de liquidación socavaría las regulaciones existentes de neutralidad de la red y los derechos de los usuarios europeos a acceder libremente a una Internet abierta. En efecto, los europeos solo tendrían acceso a los servicios con los que su proveedor de telecomunicaciones llegara a un acuerdo, lo que simplemente consolidaría aún más la posición de los gigantes de Silicon Valley con profundos bolsillos, ya que serían los únicos que podrían permitírselo.
El Internet pertenece a nadie, lo que significa que pertenece a todos, pero tampoco funciona en el vacío y las regulaciones importan. Europa debería rechazar tales políticas antes de causar daños irreversibles, ya que tiene el poder de liderar al mundo en este tema, solo necesita elegir el camino correcto.
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