Por Michael A. Galascio, PhD (Salud y Clínica), MA (Drogodependencias / Psicología del Trabajo)

La firmeza de Moncloa duró hasta después de comer. Por la mañana, Óscar Puente debía continuar por responsabilidad. Por la tarde, anunció su dimisión. El Gobierno consiguió defender ambas posiciones con esa solemnidad que suele reservar para las decisiones que todavía no ha tomado.

Puente se marcha tarde. Sánchez permanece con las explicaciones pendientes. Cabe esperar que nadie confunda la salida del ministro con una limpieza general pues retirar un nombre del organigrama requiere bastante menos trabajo que revisar cómo se gobierna.

El 18 de enero, un Iryo descarriló en Adamuz y colisionó con un Alvia. El balance posteriormente publicado fue de 46 fallecidos. La investigación apunta provisionalmente a una rotura del carril o de su soldadura, sin conclusión definitiva. En otras palabras, aún no sabemos nada. El 28 de octubre, la colisión de un AVE y un Iryo en Urda dejó al menos 69 muertos. Sus causas siguen sin determinarse, aunque al principio intentaron apuntar hacia el error humano de un trabajador.

Esa incertidumbre técnica debe respetarse. Un artículo de opinión no puede determinar qué falló en una soldadura, en una señal o en un procedimiento operativo. Eso requiere pruebas. Sin embargo, para examinar la conducta del Gobierno bastan, en ocasiones, sus propias explicaciones.

Tras Urda, Puente puso su cargo a disposición de Sánchez. El presidente rechazó su salida por considerarla «injusta», según el relato publicado de aquella conversación. Entre tantas incertidumbres, Moncloa había identificado una injusticia que podía remediar de inmediato, que el ministro perdiera el puesto. La sensibilidad presidencial encontró así una aplicación práctica y un beneficiario próximo. El razonamiento para mantenerlo sigue pendiente; la delicadeza con que fue tratado ha quedado suficientemente documentada.

Sánchez hizo una elección. Debe responder por ella. No puede aceptar ahora la dimisión con expresión grave y confiar en que su cara de preocupación nos haga olvidar quién decidió mantener a Puente en el cargo.

Puente había explicado que su forma de asumir responsabilidades consistía en dar la cara. Una declaración modesta, si se considera que comparecer y responder forman parte de sus obligaciones. La Administración ha alcanzado un curioso grado de indulgencia consigo misma, cumplir el horario empieza a presentarse como una virtud heroica.

Rufián completó la escena con una exhibición de incoherencia satisfecha de sí misma. Preguntó qué exigiría la izquierda si el ministro fuera del PP y, después de anunciarse la dimisión, abrazó a Puente y le dijo: «Has sido un gran ministro». Había descubierto la doble vara de medir y decidió demostrar su funcionamiento. El elogio tenía algo de abrazo del oso, al proclamar la excelencia del dimisionario, dejaba aún más expuesto al Gobierno que había pasado de considerarlo imprescindible a despedirlo aquella misma tarde. Acudió a fiscalizar una gestión y terminó extendiendo un certificado de excelencia sin advertir que agravaba la pregunta que pretendía cerrar. Bastante torpeza para alguien tan satisfecho de su propia agudeza.

También distinguió entre quienes podían pedir su dimisión. Comprendía determinadas solicitudes, pero rechazaba las de Feijóo. La fiscalización democrática quedaba sometida al gusto del fiscalizado. Un procedimiento cómodo, aunque sería conveniente publicarlo en el BOE para que los ciudadanos supieran a quién deben consultar antes de formular una pregunta.

Los antecedentes del PP merecen examen. Cada uno, con sus hechos y responsabilidades. Pero la mala conducta ajena no constituye un permiso de permanencia. De aceptarse ese criterio, España podría ahorrarse todas las dimisiones pues siempre habría un predecesor suficientemente deplorable para justificar al siguiente.

La bronca en redes pertenece a la misma concepción del cargo. El tuit desdeñoso, la réplica agria y el aplauso de los incondicionales permiten disfrutar de una autoridad sin demasiadas interrupciones reflexivas. Para gestionar un ministerio ofrecen bastante menos. Un viajero necesita llegar a su destino; la humillación verbal de un adversario difícilmente compensa una incidencia.

Hay algo particularmente rancio en ese estilo. Es la convicción de que preguntar revela una mala intención y responder con suficiencia demuestra carácter. El poder termina rodeándose de personas educadas en la delicada tarea de no contrariarlo. En otras palabras, la brigada del aplauso. Después muestran asombro cuando las malas noticias no hayan llegado con suficiente claridad.

Las familias tienen otras necesidades. Información fiable. Acceso a los procedimientos. Garantías de que las conclusiones producirán consecuencias. No corresponde adjudicarles una opinión política común. Sí corresponde evitar que deban contemplar cómo la conversación pública gira alrededor del porvenir profesional de un ministro arrogante mientras ellas afrontan pérdidas irreparables.

La cuestión de los nombramientos exige salir de la ceremonia de despedida. La investigación de Ketty Garat describe incorporaciones de perfiles políticos y profesionales del autobús a Renfe durante la presidencia de Álvaro Fernández Heredia. Las filiaciones corresponden a las recogidas en ese trabajo. Los recuentos divulgados presentan diferencias que deben aclararse antes de fijar una cifra cerrada.

La pregunta es sencilla: ¿por qué esas personas? Después vienen otras, menos agradables para cualquier sistema de afinidades: ¿con qué requisitos?, ¿frente a qué candidatos?, ¿mediante qué evaluación?

Tener experiencia en autobuses acredita experiencia en transporte. No acredita automáticamente trayectoria ferroviaria. Una filiación política tampoco demuestra incompetencia. La idoneidad debe examinarse puesto por puesto. Publicar los criterios permitiría resolver parte del debate; exigir confianza en quienes ya disfrutan de ella resulta menos convincente.

En Adif, esa investigación examina, entre otros, los casos de Concepción Casillas y Salvador Almenar. Debe reconocerse asimismo la experiencia sectorial de Luis Pedro Marco de la Peña. La crítica se dirige a un patrón de selección y dependencia. No autoriza a declarar incapaz a toda una dirección.

Mi juicio político es que las afinidades, cuando dominan los ascensos, debilitan los contrapesos. Contradecir a quien ha confiado en uno puede resultar desagradable. Contradecirlo cuando de él depende la siguiente promoción añade dificultades que ninguna declaración sobre el servicio público elimina por sí sola.

La lógica del sistema empuja hacia objetivos visibles. Una inauguración tiene fecha, invitados y fotografías. Una intervención preventiva bien ejecutada produce un resultado mucho menos aprovechable, la normalidad. Es difícil organizar una rueda de prensa para celebrar que una inspección ha evitado un problema del que nadie llegó a enterarse.

El mantenimiento necesita autoridad profesional, continuidad y capacidad para comunicar que una decisión debe aplazarse. Necesita que la mala noticia técnica no sea recibida como una falta de entusiasmo.

Ese riesgo organizativo merece investigación. No constituye una causa probada de Adamuz ni de Urda. Renfe opera servicios; Adif administra infraestructura. Un organigrama permite estudiar dependencias, pero no explica por sí mismo un accidente.

Las cuentas también requieren precisión. El reparto de 84 euros para infraestructura nueva y 16 para mantenimiento sigue pendiente de comprobar en su periodo, alcance y cálculo original. La información publicada sitúa las transferencias estatales a Adif-Alta Velocidad en el 46 % de lo comprometido para 2021-2025, con Presupuestos prorrogados desde 2023. Son motivos para exigir documentos. No demuestran un desvío de fondos.

El gasto nominal en mantenimiento aumentó desde los 368,1 millones de 2022. Debe reconocerse sin regateos. Después corresponde averiguar si cubrió las necesidades reales. Una cantidad superior puede seguir siendo insuficiente. La aritmética del incremento no resuelve la evaluación del servicio.

También debe reconocerse la auditoría encargada por Puente en 2024 sobre las compras de mascarillas, cuyas conclusiones motivaron ceses. Fue una actuación pertinente. Convertirla en una absolución general de su gestión requeriría atribuir a las auditorías unas propiedades sacramentales que no poseen.

El caso Koldo debería avergonzar al Estado. Ábalos y Koldo García fueron condenados; Pardo de Vera y Herrero están investigados. La trama no demuestra la causa de los accidentes. Sí acredita corrupción bajo tutela pública y obliga a preguntar cómo alguien como Koldo llegó a acumular semejante confianza. Su paso por las instituciones permite hablar de una concepción cavernícola del poder. El cargo concebido como territorio y los recursos públicos como botín. Después de eso, pedir confianza sin explicar qué controles fallaron exige considerar idiotas a los ciudadanos.

La libre designación es legal. También puede ser legal nombrar a alguien cuya comprensión de las responsabilidades del cargo apenas alcance para aceptar el nombramiento. Si la defensa de un nombramiento se agota en que estaba permitido, el Gobierno está presumiendo de haber encontrado la manera reglamentaria de equivocarse. Una concepción admirable de la excelencia administrativa: nadie explica por qué era el mejor candidato, pero todos saben en qué casilla había que firmar.

Sánchez debe comparecer y responder por qué sostuvo a Puente. Que publique los criterios de nombramiento, el dinero comprometido y cada euro ejecutado. Que someta los cargos técnicos a concursos transparentes, garantice investigaciones independientes y financie la conservación según necesidades acreditadas. Después de exigir tanta confianza, le toca aportar pruebas de buena gestión. El cargo no lo exime de rendir cuentas; lo obliga.

La pericia necesita tiempo. Entregar documentos requiere voluntad. Resulta enternecedor que el Gobierno haya descubierto la paciencia precisamente cuando le toca rendir cuentas.

Puente ha anunciado su marcha. Falta saber si revisarán los procedimientos que defendieron o si consideran que una dimisión incluye el derecho a conservar intactas las malas prácticas. Debería darles vergüenza necesitar que se les explique la diferencia.

Moncloa ya ha encontrado quién se va. Ahora debe explicar qué cambia.

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