La medida de una democracia incluye las preguntas que sus gobernantes pueden dejar sin respuesta. Un presidente puede soportar insultos diarios y permanecer a salvo del escrutinio si el escándalo ocupa el lugar de la investigación y cada controversia desaparece antes de que alguien deba explicar sus decisiones.

La libertad de expresión y el debate cumplen funciones distintas. La primera protege la posibilidad de manifestar ideas frente a restricciones ilegítimas. El segundo permite someterlas a examen. Podemos disfrutar de una libertad considerable para opinar y disponer de condiciones pésimas para averiguar quién tiene razón.

Imaginemos un tribunal en el que acusación y defensa pudieran hablar, pero nadie estuviera obligado a aportar pruebas, contestar objeciones o respetar turnos. Habría declaraciones de sobra. El procedimiento sería inútil. Buena parte de la discusión política funciona con esa indulgencia, aunque sus participantes prefieran llamarla pluralismo.

Por otro lado, está la obediencia que parece convicción. La dificultad psicológica del debate reside en que nuestras opiniones también regulan nuestras relaciones. Una posición política puede proporcionar amistades, reconocimiento y oportunidades. Revisarla tiene entonces un coste que excede el esfuerzo intelectual.

En ese contexto, la inteligencia puede convertirse en un excelente instrumento de justificación. El militante informado dispone de más recursos para disculpar una conducta propia que condenaría inmediatamente en sus adversarios. Conoce los antecedentes, selecciona las comparaciones y encuentra la excepción oportuna. Su conclusión permanece intacta porque, en realidad, la investigación empezó después del veredicto. Esta conducta la vemos todos los días en tertulias o programas de televisión como «Todo es mentira» (Cuatro), «Al rojo vivo» (laSexta), «La mirada crítica» (Telecinco), «La hora de La 1» (TVE) y «El gato al agua» (El Toro TV).

Aquí aparece una consecuencia política menos evidente: cuando reconocer un error perjudica más que mantenerlo, las organizaciones pierden capacidad para aprender. Los subordinados comunican lo conveniente, los dirigentes interpretan la conformidad como respaldo y las advertencias llegan cuando el daño ya resulta difícil de ocultar.

Un ejemplo evidente de esto es la reacción ante las rebajas de penas de la ley del «solo sí es sí» ofrece un ejemplo español. Cuando comenzaron a conocerse, Irene Montero atribuyó aplicaciones erróneas de la norma al machismo judicial, mientras Victoria Rosell rechazaba modificarla. La respuesta desplazaba el examen desde las consecuencias de la legislación hacia las actitudes de quienes la aplicaban. Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó avalando revisiones cuando la nueva regulación resultaba más favorable al condenado, y la ley fue reformada en abril de 2023. El mecanismo político es revelador: cuando una norma se convierte en emblema de la identidad de un partido, admitir un defecto amenaza su prestigio. Surge entonces el incentivo de desacreditar la objeción para preservar el emblema. Una organización empieza a perder capacidad de aprendizaje cuando trata las consecuencias adversas de sus decisiones como ataques que debe repeler.

La disciplina partidista puede producir así una ignorancia organizada. Nadie necesita ordenar una mentira colectiva; basta con que decir la verdad resulte individualmente desventajoso.

Otro obstáculo para el debate es el poder de decidir qué se discute. Esa facultad se reparte entre partidos, propietarios de medios, directores, presentadores y plataformas digitales. Cada uno administra una parte del acceso a la atención pública: selecciona asuntos, interlocutores, tiempos y preguntas. La selección es inevitable; el abuso comienza cuando sirve para sustraer determinadas decisiones al escrutinio. Un Gobierno puede evitar una explicación, un medio relegar la investigación y un tertuliano desacreditar a quien insiste. No hace falta que se hayan coordinado: sus intereses pueden converger en el mismo silencio. El ciudadano conserva la posibilidad de protestar, pero carece de la información necesaria para discutir con fundamento.

La censura directa es reconocible: prohíbe, sanciona o intimida. El control de la agenda actúa antes. Determina qué asunto recibe atención, qué documentos se conocen y qué preguntas quedan aplazadas.

Pensemos en una discusión sobre vivienda limitada a decidir quién demuestra mayor sensibilidad hacia los jóvenes. Mientras se disputan las buenas intenciones, desaparecen las preguntas sobre oferta, suelo, plazos, costes y efectos distributivos. Puede intervenir todo el mundo y seguir faltando lo esencial.

El poder obtiene una ventaja decisiva cuando consigue elegir el terreno de su examen. Una política puede presentarse como prueba de compasión, patriotismo o compromiso democrático, de manera que cuestionar sus resultados parezca una confesión de inferioridad moral. La discusión queda protegida contra los hechos mediante una imputación sobre las intenciones del discrepante.

España conoce bien ese procedimiento. Calificar al interlocutor de «facha», «comunista» o «enemigo de España» permite evitar el trabajo de demostrar dónde se equivoca. La etiqueta proporciona una instrucción de pertenencia: los nuestros ya saben a quién deben rechazar.

También está el factor de la independencia administrada. La reforma de RTVE de 2024 ofrece un ejemplo concreto. Permitió elegir consejeros y presidente por mayoría absoluta en segunda votación y amplió las atribuciones de la presidencia. El Consejo de Informativos cuestionó la reducción del consenso necesario, la ausencia de concurso público y la concentración de facultades. Esas objeciones afectan a las garantías de independencia, con independencia de las simpatías políticas del observador.

El Gobierno alegó que era necesario superar el bloqueo. El problema existe: una minoría puede utilizar las mayorías reforzadas para impedir una renovación. Pero resolverlo facilitando los nombramientos a la mayoría introduce otro riesgo. La gobernabilidad de una institución y su independencia son propiedades distintas. Una televisión puede funcionar con gran eficacia administrativa y fiscalizar deficientemente a quienes determinan su dirección.

Además, repartir cargos entre varios partidos no garantiza independencia profesional. Puede producir un equilibrio de dependencias. El pluralismo exige que los periodistas puedan incomodar también a quienes facilitaron sus nombramientos.

La publicidad institucional añade un conflicto material que exige examinar tanto al PSOE como al PP. El Confidencial investigó miles de pagos del Gobierno central presidido por Pedro Sánchez; elDiario.es documentó repartos del Ministerio de Fomento durante el Gobierno de Mariano Rajoy; infoLibre examinó los de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso. Estos casos no acreditan responsabilidades idénticas, pero obligan a aplicar el mismo criterio: exigir transparencia y una justificación verificable del reparto. Cuando una Administración financia publicidad en los medios que deben fiscalizarla, hay que comprobar si está pagando por llegar a los ciudadanos o favoreciendo a quienes la tratan con indulgencia.

Una partida publicitaria no demuestra que se haya comprado una línea editorial. El riesgo más sutil es la adaptación anticipada: si un medio cree que su supervivencia depende de conservar el favor de un anunciante público, puede moderarse sin recibir instrucciones. La dependencia consigue entonces una obediencia que nadie necesita solicitar.

Por último, está a mi juicio unos de los elementos más preocupantes. El espectáculo del desacuerdo. Espacios como «En boca de todos», «laSexta Xplica» o «Horizonte» permiten plantear una cuestión fundamental: ¿el enfrentamiento ayuda a comprender el asunto o proporciona un espectáculo que se basta a sí mismo?

La libertad editorial protege decisiones de selección. Su legitimidad jurídica no garantiza su calidad periodística.

Tampoco toda expresión protegida merece consideración intelectual. En 2018, Estrasburgo declaró que condenar la quema de una fotografía de los reyes había vulnerado la libertad de expresión. Proteger aquella protesta no obliga a considerarla un argumento valioso. La distinción es fundamental: el Estado no debe castigar una opinión simplemente por su pobreza, y el ciudadano no debe confundir su protección con su mérito.

Una democracia necesita tolerancia para las expresiones incómodas y exigencia para las afirmaciones públicas. Necesita acceso a documentos, financiación transparente, independencia profesional y oportunidades reales de réplica.

El examen empieza por una pregunta desagradable: ¿aceptaríamos estas mismas reglas si las utilizara nuestro adversario?

Quien cambia de respuesta cuando cambia el Gobierno está defendiendo una ventaja de partido. Y un país que permite a sus dirigentes sustituir las explicaciones por acusaciones acaba pagando dos veces: primero, por sus errores; después, por impedir que se corrijan.

#Editorial #Política #Sociología #LibertadDeExpresión #Democracia #MediosDeComunicación #España #PolicyExamination