El principal problema geoestratégico de España en su flanco sur no reside en una amenaza militar convencional inmediata, sino en la acumulación de dependencias respecto de actores capaces de influir sobre intereses españoles esenciales. Marruecos ocupa una posición determinante en el control de las rutas migratorias occidentales, la seguridad del Estrecho, la estabilidad de Ceuta y Melilla, las relaciones comerciales con África y la delimitación de espacios marítimos próximos a Canarias. Argelia, rival estratégico de Marruecos y principal suministrador de gas natural de España en 2025, constituye simultáneamente un socio energético indispensable y un actor central en el conflicto del Sáhara Occidental.
España se encuentra, por tanto, dentro de un triángulo estratégico en el que sus relaciones con Rabat y Argel no pueden gestionarse como expedientes bilaterales independientes. Cada decisión adoptada respecto de uno de estos países altera la percepción de seguridad del otro. El conflicto saharaui, la rivalidad magrebí, la inestabilidad del Sahel y la creciente importancia del corredor atlántico africano convierten el espacio comprendido entre el Estrecho, Canarias, Mauritania y Argelia en un sistema único.
El riesgo principal para el periodo 2024-2030 es que la cooperación necesaria con Marruecos evolucione hacia una dependencia política difícil de compensar, mientras España mantiene una dependencia energética significativa de Argelia. La cuestión estratégica consiste en preservar la cooperación sin permitir que la interdependencia se transforme en capacidad de coerción.
En la actualidad, la geografía española produce una exposición singular. Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía se encuentran en la costa norteafricana; Canarias está situada frente a Marruecos, el Sáhara Occidental y las rutas procedentes del Sahel; el Estrecho de Gibraltar constituye una de las principales líneas de comunicación marítima del mundo; y el mar de Alborán conecta directamente la seguridad peninsular con la estabilidad del Magreb. La Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2024 reconoce que la economía española depende en gran medida del comercio internacional marítimo y establece como prioridades la protección de las rutas, las infraestructuras críticas y la capacidad del Estado para actuar en la mar.
La cooperación con Marruecos ha reducido determinadas presiones migratorias, pero los datos muestran que las rutas se desplazan con rapidez. En 2025 entraron irregularmente en España 36.775 personas, un 42,6 % menos que en 2024. Las llegadas a Canarias descendieron un 62 %, mientras que las entradas terrestres en Ceuta y Melilla aumentaron un 45,4 %. Durante el primer semestre de 2026, el total nacional volvió a disminuir un 32 %, pero las entradas terrestres en ambas ciudades crecieron un 155 %, con 2.582 llegadas a Ceuta, un 164 % más que durante el mismo periodo de 2025.
Estos datos no indican una amenaza atribuible a las personas migrantes. Revelan una vulnerabilidad operativa. Significa que la capacidad de control española depende parcialmente de la cooperación policial, fronteriza y diplomática de los países de tránsito. La crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en pocas horas durante una grave disputa diplomática, demostró que una alteración limitada de la vigilancia marroquí puede producir efectos inmediatos sobre territorio español y sobre la agenda política europea. El propio Gobierno vinculó posteriormente la normalización con Marruecos a la recuperación de la cooperación migratoria y a la estabilidad de Ceuta y Melilla.
La gravedad de esta vulnerabilidad quedó confirmada entre el 30 de julio y los primeros días de agosto de 2026. En pocos días, alrededor de 72.000 personas accedieron a Ceuta desde Marruecos, en gran parte tras la difusión masiva de rumores y mensajes en redes sociales sobre una supuesta apertura de la frontera. El Gobierno informó el 4 de agosto de que unas 70.000 habían regresado a Marruecos, mientras el episodio dejó al menos 75 fallecidos. La magnitud del flujo, muy superior a la crisis de 2021, sometió a una presión extrema la capacidad de control y acogida de la ciudad y obligó a una coordinación urgente con la Unión Europea. Su importancia estratégica no reside únicamente en la tragedia humana o en el volumen de entradas, sino en haber demostrado que una combinación de desinformación digital, movilización rápida y debilidad de los mecanismos de alerta y contención puede afectar gravemente a un territorio español en cuestión de horas. Aunque no se ha acreditado públicamente una dirección estatal marroquí de la movilización, el incidente confirma que la seguridad efectiva de Ceuta continúa dependiendo de factores y decisiones situados al otro lado de la frontera.
La dependencia se compensa parcialmente mediante una intensa interdependencia económica. España es el primer socio comercial de Marruecos, el intercambio bilateral supera los 22.500 millones de euros anuales y más de 350 empresas españolas están instaladas en el país. En diciembre de 2025, ambos gobiernos celebraron su XIII Reunión de Alto Nivel y firmaron catorce acuerdos en materias como digitalización, agricultura, pesca, transporte y prevención de desastres. Esta densidad económica reduce los incentivos para una confrontación abierta, pero también eleva los costes de cualquier deterioro bilateral.
El segundo vértice es Argelia. En 2025 suministró el 35 % del gas recibido por el sistema español. España dispone de una elevada capacidad de regasificación y recibió gas natural licuado de dieciséis orígenes diferentes, lo que limita la dependencia absoluta de un solo proveedor. Sin embargo, la continuidad de los flujos argelinos sigue siendo un interés estratégico. En marzo de 2026, ambos gobiernos acordaron incrementar el volumen de gas, reforzar infraestructuras y recuperar plenamente la asociación bilateral tras las tensiones iniciadas en 2022.
La posición española sobre el Sáhara Occidental condiciona este equilibrio. Desde 2022, Madrid considera la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto, dentro del marco de Naciones Unidas. En 2025, el Consejo de Seguridad prorrogó la MINURSO hasta octubre de 2026 y respaldó negociaciones basadas en la propuesta de autonomía, manteniendo la exigencia de una solución mutuamente aceptable y compatible con la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. La Unión Europea actualizó su posición en enero de 2026 en la misma dirección.
La evolución internacional favorece actualmente a Rabat, pero no elimina el conflicto ni la oposición argelina. España necesita evitar que su aproximación a Marruecos sea interpretada como alineamiento estratégico irreversible contra Argelia.
Para comprender la situación debemos analizar la profundidad histórica y comparativa. La historia del Estrecho demuestra que la seguridad de la península ibérica nunca ha dependido exclusivamente del control de su costa norte. Durante el periodo romano, la Bética y la Mauritania Tingitana formaron un espacio económico y estratégico estrechamente conectado, denominado por la historiografía contemporánea “Círculo del Estrecho”. Tingi, actual Tánger, ejercía como capital provincial y base naval, mientras los intercambios de aceite, productos pesqueros y otros recursos vinculaban ambas orillas.
Roma comprendió que el Estrecho debía administrarse como un sistema territorial, marítimo y comercial, no como una frontera lineal. La seguridad de Hispania exigía vigilancia naval, acuerdos con élites norteafricanas, presencia militar y control de las rutas económicas. Sin embargo, la experiencia romana muestra también los límites del dominio indirecto. La administración dependía de alianzas locales y de una integración incompleta de las poblaciones periféricas. Cuando el poder central perdió capacidad material, la red de cooperación dejó de garantizar estabilidad.
La comparación resulta útil para España. La cooperación con Marruecos es necesaria porque ningún despliegue exclusivamente nacional puede controlar por sí solo las rutas migratorias, el crimen organizado, el terrorismo, la pesca ilegal, las comunicaciones marítimas y los flujos económicos del Estrecho. Sin embargo, delegar funciones esenciales en un único interlocutor genera una relación asimétrica. El socio situado en la orilla sur puede convertir su colaboración en un recurso negociador sobre cuestiones no directamente relacionadas con la seguridad fronteriza.
La experiencia española en el norte de África ofrece precedentes más inmediatos. La expansión del Protectorado durante las primeras décadas del siglo XX combinó ambiciones políticas, capacidades militares insuficientes, conocimiento deficiente del terreno y una cadena de mando fragmentada. El desastre de Annual de 1921 produjo miles de muertos, obligó a una revisión profunda del despliegue español y tuvo consecuencias directas sobre la legitimidad del sistema político de la Restauración.
La lección de Annual no consiste en equiparar el Marruecos actual con el Rif de 1921. Consiste en reconocer que una política norteafricana mal coordinada puede generar consecuencias internas desproporcionadas. Cuando los objetivos diplomáticos, las capacidades militares y la comprensión del entorno no coinciden, una crisis periférica puede convertirse en una crisis del Estado.
El precedente de 1975 resulta aún más relevante. La Marcha Verde coincidió con la fase terminal del régimen de Franco y con una elevada incertidumbre sobre la continuidad política española. La presión marroquí, la debilidad decisoria de Madrid y los Acuerdos de noviembre de 1975 condujeron a la retirada española del Sáhara y dejaron abierto un conflicto que continúa condicionando las relaciones con Marruecos y Argelia. La Ley 40/1975 autorizó al Gobierno a proceder a la descolonización, mientras Naciones Unidas mantuvo la cuestión del Sáhara Occidental dentro de su agenda de territorios pendientes de resolución.
La principal enseñanza es que Marruecos ha utilizado históricamente combinaciones de movilización social, presión diplomática, hechos consumados y explotación de momentos de debilidad política española. Esto no significa que Rabat prepare una acción equivalente. Indica que la doctrina española debe contemplar modalidades de coerción situadas por debajo del conflicto armado: relajación de controles fronterizos, presión económica, controversias marítimas, campañas informativas, incidentes limitados o vinculación informal entre expedientes.
¿Qué implicaciones para la seguridad nacional?
El escenario más probable hasta 2030 no es una confrontación militar directa, sino una sucesión de crisis controladas destinadas a modificar gradualmente el comportamiento español. La presión puede producirse sobre Ceuta y Melilla, las aguas próximas a Canarias, la cooperación migratoria, las aduanas comerciales, la pesca, la delimitación marítima o la posición española sobre el Sáhara Occidental.
España debe abandonar la gestión fragmentada del flanco sur. Marruecos, Argelia, Mauritania, el Sáhara Occidental, Canarias, Ceuta, Melilla y el Sahel forman un único sistema estratégico. La coordinación debería realizarse mediante una estructura permanente de análisis interministerial que integre inteligencia exterior, defensa, seguridad marítima, energía, migración, comercio y cohesión social.
La prioridad militar no debe limitarse al aumento general del gasto. España alcanzó el 2% del PIB en defensa en 2025, mientras la OTAN ha establecido un objetivo conjunto del 5% para 2035, incluyendo capacidades militares y gastos relacionados con seguridad y resiliencia. La planificación española debe concentrar recursos en vigilancia marítima y aérea, sistemas no tripulados, inteligencia de señales, defensa antiaérea, reacción rápida, protección de puertos, cables submarinos, gasoductos y comunicaciones entre la Península, Canarias y las ciudades norteafricanas.
En política exterior, España necesita una estrategia de equilibrio activo. La relación privilegiada con Marruecos debe complementarse con una asociación estable con Argelia y con una mayor presencia en Mauritania, Senegal y otros países del África occidental. La cooperación migratoria debe europeizarse para reducir el carácter bilateral de la dependencia. Ceuta, Melilla y Canarias deben incorporarse expresamente a los mecanismos europeos de planificación de crisis, protección fronteriza e infraestructuras críticas.
La cohesión interna constituye igualmente una dimensión estratégica. La comunidad marroquí es la mayor población extranjera residente en España y contaba en 2025 con aproximadamente 335.000 cotizantes a la Seguridad Social. Este vínculo humano es un activo estructural. Su instrumentalización mediante discursos de sospecha, polarización identitaria o campañas de desinformación debilitaría simultáneamente la integración social y la posición exterior española.
En síntesis, la situación descrita plantea varios factores de atención prioritaria para la seguridad nacional. En primer lugar, la vulnerabilidad española en el flanco sur procede de una contradicción estructural. España necesita la cooperación de Marruecos para proteger intereses inmediatos, pero debe impedir que esa cooperación se convierta en dependencia política. Al mismo tiempo, necesita preservar su relación energética y estratégica con Argelia sin renunciar al entendimiento con Rabat.
La respuesta adecuada no es la confrontación ni la acomodación permanente. Requiere diversificación de socios, autonomía operativa, presencia sostenida en África occidental, capacidad militar adaptada al entorno marítimo y una política coherente hacia el Sáhara Occidental basada en Naciones Unidas y en la defensa explícita de los intereses españoles.
Los principales indicadores de alerta hasta 2030 serán la evolución de los flujos terrestres hacia Ceuta y Melilla; las relaciones entre Marruecos y Argelia; cualquier modificación de la postura internacional sobre el Sáhara Occidental; la delimitación de espacios marítimos próximos a Canarias; el desarrollo de capacidades militares y de vigilancia en el Magreb; la seguridad de cables, puertos y gasoductos; y la aparición de campañas destinadas a trasladar las tensiones bilaterales al debate interno español.
España conservará margen estratégico mientras mantenga alternativas. Cuando una función esencial dependa de un único interlocutor exterior, la cooperación dejará de ser únicamente una ventaja y podrá transformarse en poder de coerción.
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