El error más persistente al analizar Venezuela no ha sido moral, sino conceptual. Y como suele ocurrir con los errores conceptuales, rara vez se corrigen en horario de máxima audiencia. No lo escucharán en Antena 3, ni en la voz grave y aparentemente ponderada de Vicente Vallés, ni en la réplica automática de su coro habitual. Tampoco en esas tertulias que simulan debate mientras reciclan consignas, donde la emoción sustituye al pensamiento y los marcos ideológicos —gastados, perezosos, obsoletos— se presentan como si aún explicaran el mundo.
Ese ecosistema no informa, administra ignorancia. No analiza el poder; lo maquilla. Convierte fenómenos complejos en moralejas de sobremesa porque nada resulta más funcional para un Estado —o para quienes prosperan en su inercia— que una ciudadanía persuadida de que comprende lo que ocurre cuando, en realidad, apenas repite lo que se le ha servido. Muchos quedan atrapados en la disonancia cognitiva, a veces por conveniencia más que por ingenuidad, porque asumir la realidad impone una carga incómoda, o se actúa, o se acepta la complicidad. La simplificación, por tanto, no es un fallo accidental del sistema mediático contemporáneo; es uno de sus productos más rentables y mejor diseñados.
Durante años se habló de colapso como si se tratara de una catástrofe natural, un derrumbe espontáneo provocado por incompetencia, corrupción o exceso de ideología. Esa lectura es cómoda porque exonera a casi todos. Pero es falsa. Lo que ocurrió en Venezuela no fue un derrumbe, sino una reconfiguración funcional.
Un país puede empobrecerse sin dejar de ser útil. Puede perder legitimidad sin perder operatividad. Puede expulsar a millones de ciudadanos y, al mismo tiempo, volverse más atractivo para quienes no viven allí. Venezuela es el ejemplo perfecto de esa paradoja, un Estado inviable para su población y extraordinariamente eficiente para actores externos.
Aquí es donde la categoría de “Estado fallido” deja de servir. El verdadero rasgo distintivo del caso venezolano no es la ausencia de control, sino su distribución selectiva. Nada esencial dejó de funcionar, aeropuertos, puertos, registros, sistemas financieros. Lo que cambió fue el criterio. El Estado dejó de existir como contrato social y pasó a operar como plataforma.
¿Plataforma para qué? Esa es la pregunta que rara vez se formula con honestidad en las tertulias y sobre todo en España.
La respuesta incomoda porque obliga a abandonar el relato sentimental. Venezuela se volvió valiosa no por lo que producía, sino por lo que facilitaba. Permitía tránsito sin trazabilidad, operaciones sin supervisión, identidades sin origen verificable, dinero sin genealogía. En un mundo obsesionado con el control, la opacidad se convirtió en un activo estratégico.
Nada ilustra mejor esta mutación que el uso político de la identidad. En la imaginación popular, el poder se asocia todavía con armas, petróleo o ejércitos. En la práctica contemporánea, la identidad legal es mucho más decisiva. Un documento auténtico abre más puertas que un misil. Permite existir sin levantar sospechas, circular sin fricción, integrarse sin ruido. Cuando un Estado abdica del control de su sistema de identificación, no está cometiendo una irregularidad administrativa, sino renunciando a su soberanía más íntima.
Ese gesto tiene consecuencias que no se ven en las estadísticas oficiales ni en los discursos humanitarios. Convierte los flujos migratorios en zonas de incertidumbre estratégica. Disuelve la frontera entre refugiado y operador encubierto. Introduce un problema de seguridad nacional que ningún eslogan puede resolver.
A partir de ahí, el resto encaja con una lógica casi banal. Irán no necesitaba una revolución latinoamericana; necesitaba un lugar donde no se hicieran preguntas. Las organizaciones que orbitan su esfera de influencia no buscaban confrontación directa, sino continuidad operativa. Mover personas, capital, tecnología y tiempo. Mucho tiempo. El tipo de tiempo que no tolera el escrutinio público.
Rusia y China, como era previsible, no actuaron movidas por la misma necesidad. Moscú utilizó a Venezuela como instrumento de fricción, presencia simbólica, gestos calculados, recordatorios periódicos de que el hemisferio occidental no es un espacio herméticamente sellado. No aspiraba a construir algo duradero, sino a incomodar.
Pekín, en cambio, hizo lo que siempre hace, construir sin dramatismo. Infraestructura, deuda, sistemas, dependencia. No buscó el espectáculo del antagonismo, sino la monotonía del hecho consumado. Donde Rusia necesitaba ruido, China necesitaba silencio administrativo. Y lo obtuvo.
Hablar de un eje cohesionado entre estas potencias es una simplificación tranquilizadora. En realidad, compiten incluso cuando cooperan. Pero esa competencia no beneficia a Venezuela. La convierte en terreno de superposición, no de soberanía.
Estados Unidos, por su parte, no fue un actor ausente ni engañado. Fue un actor que calculó. Estimó que una Venezuela congelada era preferible a una Venezuela reconfigurada por completo. Sopesó que el desorden gestionado era menos costoso que la resolución. Calculó mal solo en una cosa, en creer que los costos serían externos.
No lo fueron. Se manifestaron lentamente, como siempre ocurre con las decisiones estratégicas que se presentan como prudentes. En presión migratoria, en rutas criminales desplazadas, en polarización interna amplificada desde fuera, en desgaste institucional. Nada espectacular. Todo persistente.
La conclusión es incómoda porque no ofrece villanos simples ni redenciones rápidas. Venezuela no fue destruida por un solo régimen ni salvada por ninguna potencia. Fue utilizada. Y cuando un país es utilizado durante demasiado tiempo, el daño no se mide solo en PIB o en índices de pobreza, sino en algo más difícil de reparar, la noción misma de para qué sirve un Estado.
Por eso Venezuela no es una anomalía regional ni un capítulo cerrado. Es un anticipo. Un ejemplo de cómo funciona el poder cuando deja de necesitar banderas y comienza a preferir contratos, documentos y silencios.
Quien persista en la idea de que los imperios se retiraron de América Latina no está analizando historia, sino practicando autoengaño. Confunde retirada con discreción, ausencia con sofisticación. No se fueron. Aprendieron a no hacerse notar. Los imperios no abandonan territorios útiles; abandonan las formas torpes de dominarlos. Estados Unidos continúa ejerciendo una hegemonía de veto —financiera, normativa y de seguridad— cuyo objetivo no es gobernar países, sino impedir que otros los conviertan en plataformas hostiles. China edifica un imperio silencioso, cimentado en deuda, infraestructura y dependencia tecnológica, sin exigir lealtad ideológica porque le basta la inercia del contrato firmado. Rusia, incapaz de construir permanencia, opta por la fricción: genera ruido estratégico, distrae, desgasta. Los viejos imperios europeos tampoco desaparecieron. España recicló su influencia en corporaciones energéticas, financieras y de telecomunicaciones; Reino Unido conserva poder estructural a través de finanzas, seguros y mercados de deuda; Portugal mantiene una huella menor pero persistente mediante redes empresariales y afinidades lusófonas. Ninguno gobierna ya con banderas ni proclamas. Gobiernan con contratos, datos, crédito y normas. América Latina no es marginal, es funcional. Y mientras siga interpretándose como un problema meramente interno, los imperios —viejos y nuevos— continuarán operando exactamente como prefieren hacerlo, sin uniforme, sin estridencia y sin pedir permiso.
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