¿Quién gobierna realmente España?

Lo que se representa cada semana en el Congreso de los Diputados no es política en sentido fuerte; es una misa laica para una feligresía exhausta. Se recitan fórmulas, se activan gestos, se invocan palabras mayores —democracia, pueblo, Constitución— con la misma solemnidad automática con la que se canta el menú del día, como si el destino del país pudiera resolverse entre cafés aguados y una barra pegajosa en algún bar cutre de las inmediaciones de las Cortes. Como en toda liturgia eficaz, lo decisivo no es el contenido, sino la repetición, que el rito continúe, que nadie interrumpa la coreografía, que el espectador confunda movimiento con dirección. Cuando la política se instala en una épica permanente, suele ser la señal más fiable de que la gestión ha sido discretamente evacuada del edificio.

Este ritual no se sostiene solo. Requiere mediadores profesionales, figuras cuya función no es interrumpir el poder, sino volverlo respirable. En ese registro, Vicente Vallés cumple un papel exquisitamente útil, solemnizar lo contingente. Su tono no acusa ni absuelve; normaliza. Cada anomalía encuentra acomodo en una frase bien modulada, cada improvisación se convierte en “complejidad”, cada rectificación en “contexto”. No hay mentira, hay orfebrería narrativa. La forma es impecable; el fondo, completamente inofensivo.

A su lado, corresponsales como José Abad, desplazados a escenarios internacionales con gesto grave y plano nocturno, cumplen la función complementaria, aportar distancia emocional. Mucha geografía, poco conflicto. El problema doméstico, trasladado a otra latitud, adquiere pátina técnica, casi meteorológica. La política deja de ser decisión y pasa a ser paisaje. El espectador no asiste a una disputa de poder, sino a un parte institucional del tiempo, hoy inestabilidad, mañana negociación, pasado mañana contexto.

No es censura. Es algo más eficaz, la jerarquización del sentido. No se ocultan los hechos; se les asigna un lugar que no moleste. Todo parece debatirse mientras lo esencial queda cuidadosamente fuera de plano. El espectador sale informado y, lo que es más importante, tranquilizado. Y un ciudadano tranquilizado es un ciudadano que no interrumpe el rito.

El hemiciclo, antaño concebido como santuario de deliberación, opera hoy como plató estable. La representación persiste mientras el significado se evapora. La democracia, criatura frágil que exige virtud cívica para respirar, ha sido reducida a trámite, procedimiento, coreografía, validación formal. El votante entra creyendo elegir un rumbo y sale con un resguardo; su voto activa una subasta posterior en la que ya no participa. La elección no define políticas sino habilita un mercadeo. El programa electoral, ese fetiche de campaña, se convierte en papel reciclable a los pocos días del recuento.

Se insiste —con pedagogía interesada— en que negociar es consustancial al parlamentarismo. Cierto. También lo es al comercio, y no por ello confundimos el intercambio con el bien común. Lo que hoy se practica no es negociación, sino trueque de supervivencia, alianzas sin coherencia, pactos sin proyecto, mayorías sin idea compartida de país. La política deja de articular intereses para convertirse en ingeniería del instante, hoy se compra un voto; mañana se vende un principio; pasado mañana se ajusta el diccionario para que la transacción parezca virtud. El ruido no es un fallo del sistema; es su lubricante principal.

En este marco, Pedro Sánchez no ejerce un mando efectivo; administra equilibrios que no controla y estabilidad que alquila por tramos. Su conducción del Gobierno carece de una orientación estratégica reconocible y se mide casi exclusivamente por la capacidad de aguantar. Un Ejecutivo que normaliza la prórroga presupuestaria y legisla por impulsos tácticos no gobierna, aplaza la caída. La ineficacia aquí no es psicológica ni moral; es funcional. Cada avance exige pagar un precio en legitimidad; cada estabilidad momentánea deja una hipoteca institucional. La amnistía —o cualquier mecanismo equivalente de borrado político del delito— no fue una política pública, sino una moneda de estabilización. Cuando el Estado convierte decisiones estructurales en precio de supervivencia parlamentaria, el poder deja de mandar y pasa a facturar apoyos.

Conviene retirar cualquier coartada. No estamos ante un sistema que haya degenerado por accidente, sino ante uno cuidadosamente optimizado para que nadie asuma responsabilidades reales. No se gobierna mal por error, se gobierna así porque resulta rentable, cómodo y notablemente impune.

La pregunta, por tanto, no es retórica: ¿quién gobierna realmente España? No basta con señalar al presidente ni con recitar la lista de ministros como si fuera prueba de algo. El centro de gravedad del poder ha emigrado hacia los márgenes. Actores con pocos escaños, pero un talento refinado para el bloqueo, dominan un sistema que confunde pluralismo con rendición. La democracia parlamentaria presupone participación de minorías; no presupone gobierno por peaje. Cuando un puñado de votos decide presupuestos, investiduras y reformas estructurales, la minoría deja de ser parte del pluralismo y se convierte en aduana. No se premia la representatividad; se premia la capacidad de interrumpir. En un país donde bloquear rinde más que construir, la política deviene industria del veto.

Surge así un cesarismo fragmentado. No hay césar ni estadistas, solo gestores de su propia relevancia, especialistas en encarecer la gobernabilidad y rentabilizar cada gesto. No existe un poder central robusto, sino una red de actores que administran su parcela de soberanía como concesión privada. El Estado, lejos de arbitrar, regatea su propia continuidad.

La oposición tampoco escapa a este ecosistema. Alberto Núñez Feijóo confunde prudencia con falta de perfil. Esperar el desgaste del Gobierno no construye alternativa; ser asertivo sí. Su investidura fallida no fue un gesto de responsabilidad institucional, sino una lectura errónea del poder. Acudir a una investidura sin números cerrados no dignifica la política; la banaliza. En política nacional, la indefinición no suma moderación, certifica debilidad negociadora.

Por su parte, Santiago Abascal ha optado por una estrategia coherente de oposición total. Maximiza visibilidad y tensión, pero corre el riesgo de quedarse en proveedor de energía emocional. Renunciar al poder ejecutivo para preservar la pureza simbólica puede servir al relato interno, pero empobrece la influencia real. Su construcción estética —culto a la fuerza, iconografía viril, presencia corporal cuidadosamente subrayada— revela hasta qué punto incluso la política que presume de “naturalidad” es profundamente escenográfica. La figura se consume como emblema visual antes que como proyecto institucional, más imagen que arquitectura, más gesto que gobierno.

Dentro del propio Ejecutivo, Yolanda Díaz encarna la fricción estructural de la coalición. Vender transformación mientras se gestiona como socia minoritaria exige resultados, no ruido. La exhibición pública de desacuerdos —por ejemplo, en materia de jornada laboral— no es pluralidad, es descoordinación rentable. Cuando una vicepresidenta necesita el conflicto visible para existir políticamente, el mensaje implícito es devastador pues el proyecto no se sostiene por resultados, sino por puesta en escena.

España no está despolitizada; está sobreexpuesta. Sobresaltos institucionales, decretos exprés y pactos nocturnos han enseñado al cuerpo social a no reaccionar. No por virtud cívica, sino por autoprotección. El agotamiento no es apatía; es defensa inmunológica. El ciudadano vive en una brecha permanente entre el relato político y su experiencia cotidiana, y de esa brecha nace un cinismo que no es inmoral, sino perfectamente racional.

El lenguaje institucional ya no persuade; aburre. Y el aburrimiento es el veneno más eficaz contra la legitimidad. La palabra “democracia” se ha vuelto tan elástica que hoy sirve para justificar una excepción legal, una censura o un privilegio sin que nadie sienta la necesidad de explicar nada. Cuando todo es democracia, nada lo es.

Las instituciones no están asediadas desde fuera; se erosionan desde dentro. La separación de poderes se invoca más de lo que se practica. Los órganos se reparten; la administración se coloniza. El ciudadano percibe que la equidad ya no se garantiza, se administra según convenga. Y esa percepción no se corrige con propaganda, sino con ejemplaridad, un recurso cada vez más escaso.

España no vive una dictadura ni un colapso. Vive algo más eficaz y menos visible, una democracia funcionalmente vaciada, capaz de operar sin gobernar y de gobernar sin decidir. El sistema no falla sino que cumple exactamente la función para la que ha sido adaptado. Permite sobrevivir sin liderar, pactar sin proyecto, bloquear sin coste y delegar la responsabilidad en una coreografía interminable. Todo sigue en pie porque nadie tiene incentivos reales para cambiar nada.

¿Quién gobierna realmente España? Gobiernan las urgencias, no los principios. Los pactos de subsistencia, no los proyectos de nación. La lógica del reparto, no el bien común. Gobiernan todos… y no gobierna nadie. Y quizá lo más inquietante no sea esa ausencia de poder, sino la normalidad con la que se acepta.

Porque cuando una democracia deja de exigir respeto intelectual, acaba dejando de merecer obediencia cívica. Y cuando un país se acostumbra a ser administrado como un problema y no gobernado como una comunidad política, la pregunta ya no es quién manda, sino cuánto tiempo puede sostenerse una ficción que ni siquiera sus beneficiarios se toman en serio.