Bizum, vigilancia fiscal y castigo a los pobres

Hay leyes que se anuncian como técnicas y se ejecutan como ideológicas. No levantan banderas ni apelan a grandes principios, se presentan como ajustes administrativos inevitables, casi aburridos. El Real Decreto 253/2025 pertenece a esa categoría particularmente peligrosa. Bajo una retórica de “eficiencia”, “trazabilidad” y “lucha contra el fraude”, redefine silenciosamente la relación entre el ciudadano y el Estado. No es una reforma tributaria explícita. Es algo más sofisticado y, precisamente por eso, más inquietante.

El texto no crea nuevos impuestos ni sube tipos. No necesita hacerlo. Su verdadera ambición es otra, convertir la vida económica ordinaria en un flujo permanente de datos fiscales, sometido a un nivel de escrutinio invasivo sin precedentes. El ciudadano deja de ser contribuyente para convertirse en un sujeto continuamente observable. La Administración ya no espera declaraciones, registra, cruza, detecta. La buena fe deja de ser una presunción; pasa a ser una anomalía estadística.

El decreto amplía de forma decisiva las obligaciones de información de entidades financieras, de pago y de dinero electrónico. Incorpora de lleno las cuentas de pago, los pagos móviles y los sistemas asociados a números de teléfono, con periodicidad mensual y sin umbrales mínimos relevantes en muchos supuestos. Bizum no es el objetivo nominal, pero sí el símbolo operativo. Se trata de la normalización del pago digital cotidiano como materia prima fiscal.

Aquí conviene desmontar la primera coartada oficial: “que esto no va contra el ciudadano medio”. La afirmación es formalmente correcta y materialmente falsa. La norma no persigue al ciudadano medio en abstracto; persigue comportamientos económicos frecuentes, y esos comportamientos están distribuidos de forma radicalmente desigual por clase social. La neutralidad formal no implica neutralidad social. Las leyes no operan en el vacío; operan sobre estructuras desiguales.

Las rentas altas no viven en Bizum. Viven en estructuras. Sociedades, vehículos patrimoniales, planificación fiscal, asesoramiento profesional, diferimiento temporal. Las rentas bajas y medias, en cambio, viven en la inmediatez, cobros pequeños, pagos fraccionados, transferencias entre familiares, ayuda mutua, economía de supervivencia. Es precisamente ese ecosistema el que queda bajo el foco.

El real decreto elimina el umbral anual de 3.000 euros para la información sobre cobros mediante tarjetas y pagos móviles cuando afectan a empresarios y profesionales, sustituyéndolo por un suministro mensual exhaustivo. La consecuencia práctica es demoledora, la microactividad económica —la más frágil— se convierte en la más visible. No porque sea la más dañina, sino porque es la más accesible.

No hablamos solo del autónomo clásico. Hablamos del repartidor informal, del cuidador que cobra por Bizum, de la madre que vende productos de segunda mano, del joven que encadena ingresos irregulares. Actividades de bajo margen, alta rotación y nula capacidad de defensa jurídica. El decreto no distingue entre fraude sofisticado y subsistencia desordenada. Para la maquinaria recaudatoria, todo flujo es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario.

El BOE insiste en los principios de proporcionalidad y eficiencia. Es un ejercicio retórico impecable y una falacia práctica. La proporcionalidad no se mide por la simetría normativa, sino por el impacto real. Y el impacto real de un sistema de control total siempre recae con más peso sobre quien no puede pagar asesoramiento, ni anticipar contingencias, ni litigar errores administrativos. Para unos, un trámite. Para otros, una amenaza permanente.

Aquí aparece el problema estructural de fondo, un Estado que ya no gobierna, sino que administra compulsivamente. Incapaz de aprobar presupuestos generales, incapaz de articular consensos duraderos y reformas fiscales ambiciosas, el Estado no deja de recaudar; cambia de método. Sustituye la política por la administración, el debate por el procedimiento, la legitimidad por la trazabilidad. Donde no hay acuerdo político, hay cruce de datos.

Este decreto no nace de una visión redistributiva, sino de un déficit de gobernanza. No se decide quién debe pagar más; se decide quién puede ser observado mejor. La fiscalidad deja de ser un pacto social y pasa a ser una infraestructura de captura.

La arquitectura normativa es reveladora, obligación de información mensual sobre la totalidad de cuentas, incluidas las de pago; identificación exhaustiva de titulares, autorizados y beneficiarios; detalle sistemático de cargos, abonos y saldos. No hay presunción de inocencia económica; hay presunción de relevancia fiscal permanente. El ciudadano no declara, es declarado.

Este modelo no es neutral. Es profundamente asimétrico. Quien opera con estructuras complejas diluye información entre jurisdicciones, instrumentos y tiempos. Quien vive de ingresos fragmentados queda desnudo ante la Administración. La ley no persigue al evasor inteligente; penaliza al contribuyente torpe, que suele ser simplemente pobre o precario.

Aquí se revela una de las hipocresías más notables del discurso oficial, la apelación constante a la proporcionalidad. ¿Proporcional a qué? No al daño potencial ni a la capacidad económica, sino a la facilidad de captura. El Estado no persigue donde hay más, sino donde es más barato perseguir. Eso no es justicia fiscal; es optimización burocrática del esfuerzo represivo.

Y hay algo aún más grave, este modelo traslada el coste del control al propio ciudadano, especialmente al más vulnerable. Errores de imputación, desajustes temporales, cobros informales, ayudas familiares… todo se convierte en potencial incidencia fiscal. Defenderse exige tiempo, conocimiento y recursos. Tres bienes escasos precisamente donde el Estado aprieta más.

El resultado es un sistema que recauda por desgaste. No porque detecte grandes bolsas de fraude, sino porque genera miedo administrativo, cumplimiento defensivo y pagos preventivos. Se paga no porque se deba, sino porque no se puede pelear. Esta es la forma más cínica de recaudación, no la que castiga al culpable, sino la que agota al débil.

El Estado, además, se parapeta tras la tecnología. La digitalización ya no es una herramienta al servicio del ciudadano, sino un sustituto de la política fiscal. Donde no hay acuerdo parlamentario, hay algoritmo. Donde no hay reforma, hay cruce de datos. Donde no hay legitimidad, hay procedimiento.

Todo sistema fiscal es, en el fondo, un acuerdo moral antes que contable. Se paga no solo porque se debe, sino porque se acepta la legitimidad de quien cobra y el destino de lo recaudado. Cuando ese acuerdo se rompe, el Estado no deja de recaudar, deja de justificar. Y es exactamente ahí donde encaja este real decreto.

La transparencia aquí es unilateral. El ciudadano es transparente para el Estado, no al revés. El Estado no rinde cuentas con la misma minuciosidad con la que exige movimientos mensuales, cargos, abonos y autorizados. La asimetría es total y deliberada.

La consecuencia es devastadora para las clases con menor poder adquisitivo, la pobreza deja de ser solo falta de recursos y pasa a ser falta de margen. Margen para equivocarse, para explicar, para retrasar, para defenderse. Cada Bizum, cada cobro informal, cada ingreso irregular se convierte en un posible expediente. No por mala fe, sino porque el sistema no distingue contexto, solo detecta patrón.

Este es el verdadero giro autoritario del modelo. No necesita coerción explícita. Funciona por anticipación del castigo. El ciudadano aprende a comportarse fiscalmente no según la ley, sino según el miedo a la fricción administrativa. Se paga de más, se declara de más, se renuncia a actividades lícitas pero incómodas. La economía de los pobres se contrae no por impuestos, sino por vigilancia.

Mientras tanto, el gran capital —invocado retóricamente como enemigo— sigue operando en otra dimensión, con otros instrumentos y otros tiempos. La norma no lo ignora; simplemente no lo alcanza. Pero alcanza con precisión a quien vive al día.

Cuando la fiscalidad pierde su alma política, lo que queda no es justicia, sino procedimiento. Y el procedimiento, aplicado sin sensibilidad social, no es neutral, siempre cae hacia abajo.

Ese es el verdadero escándalo de esta norma. No que controle, sino a quién controla, cómo y para compensar qué fracaso político.

Quien lleve la derogación inmediata de este Real Decreto en su programa no habrá ganado mi entusiasmo, pero sí algo mucho más raro en política, mi voto.