El instrumento constitucional de la moción de censura representa una palanca paradigmática en los regímenes parlamentarios, concebida para desestabilizar gobiernos y reordenar arcos parlamentarios. En el caso de España, su uso ha sido infrecuente, pero su significación simbólica permanece, evocando precedentes como la moción promovida por el PSOE contra Rajoy en 2018, que desbrozó inesperados nuevos pactos. En un marco más amplio, se inscribe en la evolución de los sistemas parlamentarios europeos donde se tensionan los equilibrios entre coaliciones heterogéneas y bloques ideológicos emergentes.
Una hipotétical moción de censura contra Pedro Sánchez se inserta en un contexto de creciente percepción de corrupción dentro del PSOE, con un hito especialmente significativo: el registro judicial de la sede de Ferraz, hecho inédito desde el escándalo del Caso Filesa en los años noventa. Esta acción judicial, sumada al Caso Koldo y al papel de figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha socavado severamente la imagen institucional del partido. A diferencia de dirigentes del PP implicados en tramas como Gürtel o Púnica —como Luis Bárcenas, Francisco Correa, Jesús Sepúlveda o Guillermo Ortega— que acabaron en prisión, ni Ábalos ni Koldo han sido hasta la fecha ingresados en centros penitenciarios, lo que ha avivado la percepción de impunidad selectiva.
Esta moción no tiene como objetivo inmediato instaurar una nueva mayoría estable, sino precipitar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Bajo esta lógica, su función no es constructiva, sino disruptiva: vaciar de legitimidad al actual Ejecutivo y devolver la voz al electorado, configurando una tabla rasa electoral.
La capacidad del Partido Popular para capitalizar esta moción radica en su posicionamiento favorable en los sondeos y en su posibilidad de articular un liderazgo de transición que aglutine al centroderecha bajo una narrativa de estabilidad y eficacia institucional. En el corto plazo, el PP podría presentarse como opción centrista —aunque, en sentido estricto, el centro sociológico ha desaparecido como eje estructural del sistema de partidos—, con Alberto Núñez Feijóo como figura de síntesis. Sin embargo, esta estrategia presenta vulnerabilidades: Vox, con creciente presencia territorial, podría imponer vetos y condiciones que obliguen al PP a endurecer su discurso, tensionando así su imagen moderada y comprometiendo su margen de maniobra ante el electorado transversal. Además, Vox enfrenta sus propios desafíos tanto internos como externos: desde tensiones ideológicas entre sectores más radicales y corrientes institucionalistas, hasta su escasa implantación internacional y su cuestionada capacidad para ampliar su base electoral más allá de núcleos identitarios. A esto se suma la creciente presión mediática y judicial sobre algunas de sus figuras, lo que podría limitar su margen de influencia y dificultar su legitimación como socio gubernamental estable.
No obstante, VOX con Santiago Abascal al frente, instrumentaliza esta moción como una oportunidad doble: condicionar desde fuera a un PP más dependiente o presentarse como alternativa si este fracasa. Sus líneas de acción priorizan la agenda antiinmigración, la recentralización del Estado y una cultura punitiva que podría chocar con la imagen europeísta que Feijóo intenta mantener.
En el flanco izquierdo, Podemos, liderado por Ione Belarra e Irene Montero, interpreta esta coyuntura como una oportunidad estratégica de rearme ideológico y reposicionamiento político. Tras haber sido desplazado del foco institucional por la irrupción de Yolanda Díaz y la plataforma SUMAR, sus dirigentes perciben en la eventual caída de Sánchez una posibilidad para recuperar centralidad discursiva y proyectarse como la encarnación de una izquierda «auténtica», desmarcada tanto del pragmatismo tecnocrático del PSOE como de la ambigüedad reformista de sus antiguos aliados. Esta estrategia implica una narrativa de ruptura no estridente, pero sí tajante en sus principios: reconectar con los movimientos sociales, denunciar los déficits éticos de la coalición saliente y marcar distancia frente a la falta de contundencia de Díaz en escándalos como el caso Koldo. Si logra articular este mensaje con claridad, Podemos podría recuperar terreno y convertirse en el referente moral de un progresismo que busca redención y firmeza tras años de cooptación institucional.
SUMAR, con Yolanda Díaz como figura central, está atrapado en una trampa discursiva: su respaldo al Gobierno la vincula con sus sombras, mientras que su aspiración a liderar una nueva izquierda le exige diferenciación. Esta ambigüedad se ve agravada por problemas internos como la falta de cohesión entre sus distintas corrientes y la ausencia de un aparato orgánico sólido que le permita disputar hegemonía a medio plazo. Externamente, enfrenta el desafío de desmarcarse del desgaste institucional del PSOE sin perder legitimidad ante sectores progresistas que aún valoran la estabilidad. La moción de censura podría obligarla a tomar partido de forma más clara, pero el dilema sigue siendo si su perfil político será percibido como reformista o simplemente funcional al orden establecido. Este escenario afectará directamente su credibilidad ante electores que valoran la coherencia y la firmeza moral.
Por otra parte, los partidos nacionalistas catalanes, como ERC y Junts, que han negociado recurrentemente con Sánchez, también se enfrentan a una disyuntiva: apoyar al Ejecutivo debilitado para obtener contrapartidas o precipitar su caída para mejorar su posición en un futuro Parlamento. Sin embargo, su propia legitimidad está erosionada por su pasado en casos de corrupción (Pujol, el 3%, Prenafeta), lo que limita su capacidad de presentarse como agentes regeneradores. Cabe recordar que Junts es el heredero político directo de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido fundado por Jordi Pujol, cuya trayectoria quedó profundamente marcada por múltiples escándalos de corrupción, incluyendo el desvío de fondos a cuentas familiares y el cobro sistemático de comisiones ilegales. A estos antecedentes deben sumarse el escándalo del Palau de la Música, que implicó a altos cargos de CDC en el desvío de fondos públicos; el caso Pretoria, donde convergieron figuras de PSC y CDC en tramas urbanísticas ilegales; y el caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet, con implicaciones judiciales para dirigentes de ERC en la gestión de subvenciones. Internamente, estos partidos lidian con fuertes tensiones entre sus alas institucionalistas y sus sectores más rupturistas, especialmente tras la fragmentación del independentismo y el desgaste tras el procés. Externamente, enfrentan una pérdida progresiva de influencia en el Congreso y una creciente dificultad para articular un proyecto político que trascienda el intercambio transaccional con el Gobierno central. Estas limitaciones comprometen su capacidad para actuar como actores creíbles de regeneración o de oposición estructural.
La ciudadanía, por su parte, observa con creciente escepticismo este escenario. La corrupción funciona como catalizador del desapego y de la desafección institucional. Una moción de censura solo será percibida como legítima si se acompaña de un discurso claro de renovación moral, transparencia radical y compromiso con una nueva gobernanza. Por supuesto, después de una convocatoria electoral.
En suma, los beneficiarios de esta moción no son solo quienes la promueven, sino quienes logren encarnar la demanda de regeneración ética y refundación institucional que atraviesa transversalmente a la sociedad española.
Desde una perspectiva prospectiva, este escenario podría reordenar no solo el equilibrio parlamentario, sino también el relato político dominante. La caída de Sánchez abriría un nuevo ciclo, y con él, la posibilidad de redefinir el espacio progresista en España. En este marco, no puede descartarse que Podemos, con un discurso más definido frente a la corrupción y una crítica explícita tanto al PSOE como a la derecha tradicional, esté en condiciones de capitalizar el malestar acumulado. Su ventaja relativa radica en su capacidad para presentarse como fuerza de ruptura —no con el sistema democrático, sino con sus deformaciones actuales—, algo que podría resonar con un electorado huérfano de referentes coherentes. Sin estridencias ni triunfalismos, esta posibilidad merece ser considerada con seriedad en cualquier análisis riguroso del escenario postmoción.
policyexamination.com 