El reciente anuncio del gobierno alemán de clasificar a una fuerza opositora —Alternativa para Alemania (AfD)— como “amenaza extremista” no puede entenderse simplemente como una medida preventiva frente al radicalismo. Se trata, en realidad, de un síntoma más profundo: el de una arquitectura institucional que ha perdido confianza en su propia resiliencia. En los marcos democráticos sólidos, el debate abierto canaliza el conflicto y legitima las diferencias. En los regímenes fatigados, en cambio, se opta por el aislamiento, la censura indirecta y la estigmatización.
Este patrón se ha hecho evidente en el uso cada vez más frecuente de mecanismos legales y mediáticos para marginar al disenso. La Oficina para la Protección de la Constitución ha comenzado a vigilar a la AfD con una intensidad que, más allá del contenido de su discurso, plantea interrogantes sobre la voluntad real de permitir alternativas dentro del juego institucional. En lugar de desmontar sus argumentos mediante el debate, se busca clausurar su viabilidad política.
Esta tendencia excluyente no emerge en un vacío. Se inserta en una economía que ha comenzado a exhibir signos claros de extenuación. Alemania, durante décadas la potencia manufacturera y exportadora de Europa, ha registrado dos años consecutivos de crecimiento negativo o nulo. En 2023, el PIB cayó un 0,3%, y en 2024, la contracción fue del 0,2%. Para 2025, los datos preliminares y las proyecciones del Bundesbank, publicados en mayo, estiman un crecimiento marginal del 0,2%. No obstante, otras instituciones, como la Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK), anticipan una nueva contracción del 0,3%. De confirmarse esta última previsión, Alemania enfrentaría su tercer año consecutivo de recesión técnica, el período más prolongado de debilidad económica desde la posguerra.
Este deterioro no es producto de un choque externo puntual, sino del agotamiento de un modelo productivo que no ha sido reformado con la agilidad que el entorno global demanda. Industrias clave como la automotriz, la ingeniería pesada y la química enfrentan hoy una combinación de costos elevados, regulación ambiental rígida y pérdida de mercados estratégicos. Lejos de buscar adaptaciones estructurales, el gobierno federal se aferra a fórmulas que ya no responden al nuevo equilibrio global.
Uno de los casos más ilustrativos de esta falta de adaptación es la política energética. Alemania, tras el accidente de Fukushima, decidió prescindir de la energía nuclear. El apagón atómico culminó en 2023, incluso en plena crisis energética europea. Esta decisión dejó al país a merced de fuentes renovables intermitentes y de una dependencia del gas natural, que antes provenía en gran parte de Rusia. El resultado fue inmediato: precios de la electricidad hasta cuatro veces más altos que en Estados Unidos, afectando directamente a la competitividad industrial.
BASF, Siemens y otras gigantes del sector han reducido operaciones en suelo alemán o trasladado líneas de producción al extranjero, particularmente a China y Estados Unidos. La política energética, lejos de articularse en función del interés nacional, ha sido dictada por un ambientalismo rígido que ha relegado la viabilidad técnica y económica a un segundo plano.
A ello se suma la creciente vulnerabilidad frente al mercantilismo chino. Durante años, Alemania sostuvo un superávit comercial significativo con China, basado en la exportación de maquinaria, autos premium y tecnología verde. Sin embargo, esta balanza se ha invertido. Empresas chinas como BYD han comenzado a disputar seriamente el mercado automotor europeo con vehículos eléctricos de bajo costo. Simultáneamente, los paneles solares y baterías producidas en masa en Asia han inundado el mercado europeo, desplazando a fabricantes alemanes.
El gobierno alemán ha reaccionado con lentitud. Las advertencias sobre la dependencia tecnológica y estratégica de China, formuladas por Bruselas y Washington, han sido atenuadas por Berlín en nombre de la estabilidad comercial. La política exterior, en este aspecto, ha sido más reactiva que estratégica.
En paralelo, el cambio demográfico del país plantea interrogantes que no han sido abordados con claridad. Aproximadamente el 18% de la población residente en Alemania nació fuera del país. Tras la oleada migratoria de 2015, más de un millón de personas provenientes de Siria, Afganistán e Irak ingresaron al país, muchas de ellas sin las herramientas lingüísticas, formativas o culturales para integrarse plenamente en la economía alemana.
La respuesta del Estado ha sido ambivalente. Aunque se han impulsado programas de formación e inserción, la falta de una política de integración basada en el principio de asimilación ha generado comunidades paralelas, especialmente en zonas urbanas de Berlín, Colonia o Duisburgo. La cohesión social —fundamento silencioso del orden republicano— comienza a mostrar fisuras visibles.
En este contexto de debilidad económica y fragmentación social, Alemania ha descuidado también su papel geopolítico. Durante la Guerra Fría, la Bundeswehr contaba con más de 400.000 efectivos. Hoy, no alcanza los 180.000, con problemas logísticos y de operatividad que han sido documentados incluso por organismos internos. La promesa de dedicar el 2% del PIB a defensa, asumida en 2014, apenas comenzó a cumplirse tímidamente en 2023, y bajo presión externa por la guerra en Ucrania.
Alemania no sólo está mal equipada para responder a amenazas regionales, sino que tampoco proyecta liderazgo estratégico dentro de la OTAN o la UE. La renuncia tácita a ser un actor geopolítico de peso ha debilitado el frente occidental, dejando espacio a una Francia solitaria y una Polonia impaciente.
Ante semejante escenario —con presiones simultáneas en los planos económico, energético, demográfico y militar—, sería lógico esperar un sistema político abierto a la autocrítica, al debate disruptivo y a las voces que claman por una reforma de fondo. Pero lo que prevalece es la exclusión, el blindaje del consenso burocrático y la deslegitimación del adversario. No se combate al populismo con represión institucional, sino con resultados tangibles.
Censurar una expresión política por temor a lo que representa es aceptar, implícitamente, la incapacidad de refutarla en el terreno de las ideas. La democracia, cuando teme a las urnas, entra en un ciclo de autonegación.
Alemania se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede persistir en la defensa emocional de un modelo que ya no responde a las condiciones materiales del siglo XXI, o puede reactivar su tradición de pensamiento crítico, disciplina institucional y coraje reformista. Reformarse no es ceder ante los extremos; es recuperar el sentido de propósito.
En Antígona de Sófocles, Creonte representa al Estado que, por temor a perder el control, impone la ley sin matices, cerrándose al diálogo y al juicio moral. Su negativa a escuchar voces disidentes —incluso las de su propia familia— lo conduce a la ruina, no por la desobediencia de Antígona, sino por su propia inflexibilidad. Alemania corre hoy el riesgo de convertirse en un Creonte moderno: una república que, por blindarse ante el conflicto, se condena a la rigidez paralizante. Si Berlín no actúa con lucidez, otros actores —internos y externos— llenarán ese vacío con intereses menos benévolos.
Una nación que renuncia al conflicto ordenado abre la puerta al caos descontrolado. Alemania aún está a tiempo de evitarlo.
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