El advenimiento de la era digital ha transformado profundamente la manera en que los Estados y actores no estatales se enfrentan en los conflictos contemporáneos. La ciberguerra, como parte de los conflictos digitales, surge como una extensión de la tradicional guerra bélica hacia el ciberespacio, un terreno donde las armas son las vulnerabilidades en sistemas informáticos y las tácticas incluyen ataques a infraestructuras críticas, manipulación de información y espionaje cibernético. Aunque en el caso de manipulación de información y espionaje cibernético hay servicios de inteligencia que se decantan por tener también operativos sobre el terreno con toda la peligrosidad que implica para ellos y para la misión. Los espías y ciberdelincuentes suelen optar por la ingeniería social para acceder a contraseñas y otra información sensible, evitando el desafío de vulnerar sistemas con altos niveles de seguridad técnica. Esto se debe a que es más sencillo explotar el eslabón más frágil de la seguridad: los seres humanos. En la actualidad, se emplean métodos innovadores de biometría que permiten escanear varios iris de distintas personas y combinarlos para generar una cadena de encriptación única y altamente compleja. Este enfoque avanzado supera el tradicional uso del escaneo de un único iris para autenticar a un individuo.
El fenómeno de la ciberguerra está configurando profundamente la naturaleza del conflicto internacional, con implicaciones que abarcan desde lo político y sociológico hasta lo psicológico y cultural. En esta reflexión, exploraré las causas y los efectos de este fenómeno, argumentando tanto sobre los posibles aspectos positivos que podrían surgir, como sobre las consecuencias negativas que enfrentará la ciudadanía global.
El concepto de ciberguerra se refiere al uso ofensivo de capacidades tecnológicas con el objetivo de desestabilizar, dañar o destruir sistemas críticos de un adversario a través del ciberespacio. A diferencia de los conflictos bélicos tradicionales, los conflictos digitales se desarrollan en un espacio sin fronteras físicas, donde la infraestructura digital y las redes de información son los principales campos de batalla. En este contexto, actores estatales y no estatales pueden recurrir al uso de armas digitales para influir en la economía, la seguridad nacional y la percepción pública. Políticamente, la ciberguerra representa una herramienta estratégica para debilitar a un adversario sin necesidad de un enfrentamiento directo.
Desde una perspectiva sociológica, la ciberguerra y los conflictos digitales están redefiniendo las dinámicas de poder entre Estados y actores privados, al eliminar las barreras tradicionales de los recursos bélicos en el ciberespacio. Esto provoca una democratización del conflicto, donde incluso actores no estatales pueden ejercer una influencia considerable, como ocurrió con Facebook durante las elecciones de 2020, al censurar a los oponentes del Partido Demócrata, o con la restricción de opiniones contrarias al proceso de vacunación durante la pandemia. En términos psicológicos, estos ataques generan un nuevo tipo de temor e incertidumbre, erosionando la moral y afectando la cohesión social. Culturalmente, estas guerras digitales imponen un paradigma en el que la seguridad ya no se limita al ámbito militar, sino que también abarca la protección de los datos y la información personal de los ciudadanos.
Los ataques a infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte y redes de comunicación, son un componente clave de la ciberguerra. Estos ataques pueden paralizar sociedades enteras, como sucedió en el caso del ataque al sistema eléctrico de Ucrania en 2015, el cual dejó a cientos de miles de personas sin electricidad. Este fenómeno también se evidenció en España en 2021, cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufrió un ataque de ransomware que paralizó sus sistemas, afectando a millones de ciudadanos dependientes de sus servicios. Este ataque puso de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales y el impacto directo que tienen sobre la población.
En el terreno militar, los sistemas de defensa, control y comando digitalizados son vulnerables a ataques que pueden desarticular la capacidad de respuesta de un Estado ante una amenaza física o digital. Tal es el caso del ataque Stuxnet, que afectó gravemente el programa nuclear de Irán, demostrando cómo los sistemas militares son blancos clave en la ciberguerra.
El sabotaje o la manipulación de información en tiempo de guerra o tensión política, como los ataques dirigidos a elecciones o campañas de desinformación masiva, también tiene un efecto devastador en la percepción pública y la legitimidad de los gobiernos. La interferencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016 es un ejemplo significativo del impacto de estos métodos, donde el espionaje cibernético y la manipulación informativa fueron utilizados para influir en la opinión pública y desestabilizar el proceso democrático.
Por ejemplo, el espionaje masivo realizado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos se ha convertido en un ejemplo clave de cómo los gobiernos pueden utilizar la ciberinfraestructura para la vigilancia global. Revelado en 2013 por el excontratista Edward Snowden, el programa de la NSA abarcaba la recopilación masiva de datos de millones de ciudadanos, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, sin su consentimiento explícito. Este espionaje incluyó la intercepción de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas y otros tipos de comunicaciones digitales, lo que generó un intenso debate sobre la legalidad y la ética de dichas prácticas. Desde una perspectiva política y sociológica, este tipo de espionaje pone en jaque la privacidad individual y la soberanía digital de otras naciones, pues la NSA también fue acusada de espiar a líderes extranjeros. Este incidente destacó los peligros del uso indiscriminado de herramientas de vigilancia cibernética y subrayó la necesidad de un mayor control sobre los programas de inteligencia digital para evitar abusos de poder y proteger los derechos civiles.
El impacto de estos ataques va más allá de lo inmediato, afectando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y sistemas de gobierno. Esto resulta en una creciente sensación de vulnerabilidad, no solo hacia ataques militares, sino también hacia el uso malintencionado de la tecnología por parte de Estados y actores no estatales.
Si bien la ciberguerra y los conflictos digitales tienen un impacto negativo preponderante, se pueden considerar ciertos aspectos positivos. El hacktivismo, entendido como el uso de tecnologías para promover causas sociales o políticas, ha permitido a ciudadanos y grupos vulnerables combatir abusos de poder de Estados autoritarios. Ejemplos incluyen el papel de Anonymous en la exposición de casos de corrupción y en la lucha contra la censura. Además, en situaciones donde el acceso a la justicia o la libertad de expresión está comprometido, el hacktivismo ha proporcionado herramientas para diseminar información y movilizar la acción colectiva.
Sin embargo, los aspectos negativos de la ciberguerra superan ampliamente sus posibles beneficios. El crimen cibernético organizado, que se manifiesta en actividades como el robo de datos, extorsión digital y la manipulación de sistemas financieros, pone en riesgo la estabilidad económica y la seguridad personal de los individuos y las instituciones. La propaganda digital y la desinformación constituyen otras amenazas clave, afectando la cohesión social al polarizar a las audiencias y erosionar la confianza en las fuentes de información tradicionales.
Por otro lado, la guerra híbrida, que combina tácticas militares tradicionales con ataques cibernéticos, propaganda y desinformación, ha permitido a actores estatales desestabilizar a sus enemigos sin necesidad de una confrontación militar directa. Esta modalidad de guerra es particularmente peligrosa porque difumina las líneas entre guerra y paz, y entre actores estatales y no estatales, dificultando la respuesta coordinada de las naciones afectadas.
Algunos argumentan que la ciberguerra y los conflictos digitales representan una evolución necesaria en la dinámica del poder global, permitiendo a Estados más pequeños o actores no estatales igualar el campo de juego frente a superpotencias. Desde esta perspectiva, el ciberespacio ofrece una oportunidad para resistir la hegemonía de potencias dominantes, fomentando una mayor competitividad internacional. Sin embargo, este argumento no toma en cuenta el daño colateral que estos conflictos infligen sobre los ciudadanos y la infraestructura civil, además de los riesgos de una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad global.
En síntesis, la ciberguerra y los conflictos digitales han inaugurado un nuevo campo de batalla que presenta tanto desafíos como oportunidades. Si bien existe el potencial de que las tecnologías digitales permitan mayor resistencia y disidencia frente a gobiernos autoritarios, los impactos negativos de la ciberguerra sobre infraestructuras críticas, sistemas militares, y la información personal y política son profundos y peligrosos. Un claro ejemplo de cómo los ataques cibernéticos pueden estar integrados con acciones militares convencionales es el caso del uso de pagers (buscapersonas) explosivos para atacar a Hezbollah. En esta operación, supuestamente llevada a cabo por Israel, se interceptaron miles de pagers destinados a ser utilizados por miembros de Hezbollah como dispositivos de comunicación. Estos pagers habían sido alterados en la cadena de suministro, posiblemente con la adición de pequeñas cargas explosivas. Los dispositivos explotaron simultáneamente, matando a varios operativos de Hezbollah y causando numerosos heridos. Además del impacto físico, la operación tuvo un efecto devastador en la moral y la capacidad de mando de Hezbollah, resaltando cómo las vulnerabilidades tecnológicas pueden explotarse para desestabilizar a grupos armados mediante tácticas innovadoras.
La ciberguerra no solo redefine los conceptos de seguridad y conflicto, sino que también resalta la necesidad de nuevas regulaciones y acuerdos internacionales que limiten el uso malintencionado de estas tecnologías. En última instancia, la capacidad de los Estados y las sociedades para adaptarse a este nuevo paradigma determinará el curso de los futuros conflictos. Como ciudadanos, la enseñanza más importante que podemos extraer es que la seguridad en el ciberespacio no solo es responsabilidad de los Estados, sino de todos los actores que participan en la sociedad digital contemporánea.
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