Mi experiencia me ha revelado que el funcionamiento de este sistema no se ajusta a nuestras creencias preconcebidas. En este contexto, quiero recordar las palabras de Michael Ellner: «Solo míranos. Todo está al revés, todo está al revés. Los médicos parecen destruir la salud, los abogados distorsionan la justicia, los psiquiatras afectan las mentes, los científicos desvirtúan la verdad, los principales medios de comunicación manipulan la información, las religiones desvían la espiritualidad y los gobiernos menoscaban la libertad». A mi parecer, esta descripción no dista mucho de lo que observo cotidianamente en Occidente.
Hoy deseo explorar un tema que he debatido con amistades de diversas orientaciones políticas. Mi más reciente conversación, esta mañana con un amigo cuyo nombre omitiré para evitar que sea etiquetado como paria por ciertos círculos de influencia, aunque debo señalar que tales círculos ejercen cada vez menos poder.
Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial, más todas las asociaciones de jueces y fiscales del país, mostraron el pasado jueves su absoluto repudio al concepto de lawfare aprobado en el pacto firmado entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el prófugo y líder de Junts, Carles Puigdemont.[1]
El término “lawfare” es una combinación de las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), y se refiere al uso indebido o manipulación del sistema legal con fines políticos o estratégicos. El concepto de lawfare implica el uso estratégico de procesos legales para lograr objetivos políticos o militares, en lugar de mediante medios convencionales como la fuerza armada.
En el contexto político, el lawfare puede manifestarse a través de la presentación de demandas o acusaciones legales con motivaciones políticas, el abuso de procesos judiciales para debilitar a oponentes políticos, la instrumentalización de investigaciones legales para desacreditar adversarios, entre otros métodos.[2] El término se ha vuelto más prominente en discusiones sobre conflictos políticos y disputas internacionales, donde se argumenta que algunos actores utilizan el sistema legal para perseguir objetivos políticos sin recurrir a la violencia directa.
Algunos argumentan que esta situación ha generado una incertidumbre legal, resultando no solo en la reubicación de empresas estratégicas y de gran importancia dentro del territorio nacional español, sino también en la decisión de otras de trasladar su sede, como ha sucedido en el caso de Ferrovial.[3] En respuesta a la crisis política e institucional desatada en Cataluña en octubre de 2017, numerosas empresas optaron por trasladar sus sedes sociales fuera de esta región. Entre las destacadas se encuentran CaixaBank, Banco Sabadell y Naturgy. CaixaBank eligió Valencia como su nuevo enclave, Banco Sabadell se estableció en Alicante y Naturgy trasladó su sede a Madrid. Además de estas, compañías como Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca y Cementos Molins también tomaron la decisión de cambiar su sede social fuera de Cataluña en ese período. En otro orden de ideas, Repsol ha dejado entrever la posibilidad de disminuir sus inversiones industriales en España tras el acuerdo entre el PSOE y Sumar para renovar su coalición de Gobierno. El director ejecutivo de Repsol, Josu Jon Imaz, ex presidente del PNV, ha señalado que, antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, la empresa llevará a cabo una evaluación para asegurarse de que las condiciones sean «estables y lo suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos». Además, afirmó que, de no cumplirse estos criterios, se explorarán «otras alternativas»…[4]
¿Cuál es la motivación detrás de esta drástica decisión tomada por estas empresas? Algunos argumentan que un porcentaje significativo de sus accionistas son extranjeros o que simplemente temen la intervención estatal en sus operaciones. Por otro lado, hay quienes sugieren que los consejos de administración miran con desconfianza la posibilidad de que las generosas remuneraciones que reciben sean sometidas a escrutinio por parte de la Comunidad Autónoma, revelando así su papel. Además, la explicación podría ser más simple: también buscan asegurarse su parte del pastel.
En cualquier caso, la inseguridad jurídica, ya sea utilizada como pretexto para respaldar decisiones estratégicas empresariales o políticas, persiste como una realidad en ciertos aspectos de la vida cotidiana que nos afectan.
En los últimos años, España ha experimentado una preocupante erosión en el principio fundamental de la seguridad jurídica, cuyo impacto se manifiesta de manera significativa en los ámbitos legales, políticos y sociológicos. Este fenómeno, lejos de ser fortuito, se encuentra intrínsecamente ligado a complejas dinámicas que afectan la coherencia y estabilidad del ordenamiento jurídico.
Desde una perspectiva legal, la pérdida de seguridad jurídica se refleja en la falta de claridad normativa y la proliferación de leyes de difícil interpretación. La sobrecarga normativa, originada por una multiplicidad de normas y cambios legislativos, ha generado lagunas e inconsistencias, desafiando la comprensión y predictibilidad del marco jurídico. La sentencia del Tribunal Constitucional 193/2009 destaca la importancia de la claridad y simplicidad de la ley para garantizar la seguridad jurídica, una premisa que parece haberse desdibujado en la actualidad.
En esta línea, la pérdida de seguridad jurídica puede tener varios aspectos negativos que afectan tanto a nivel individual como a nivel social. Algunos de estos aspectos son:
- Incertidumbre y desconfianza: La carencia de seguridad jurídica genera incertidumbre sobre la aplicación de las leyes en situaciones específicas, propiciando la desconfianza tanto en el sistema legal como en las instituciones encargadas de administrar justicia.
- Inequidad: La inseguridad jurídica puede dar lugar a interpretaciones inconsistentes de las leyes, resultando en decisiones judiciales no uniformes. Esto conduce a tratos desiguales para personas en situaciones similares, afectando la equidad y la igualdad ante la ley.
- Dificultades en la planificación: La seguridad jurídica es esencial para la planificación a largo plazo, tanto a nivel individual como empresarial. La falta de certeza sobre la interpretación y aplicación de las leyes dificulta la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica.
- Riesgo para los derechos individuales: La pérdida de seguridad jurídica puede poner en peligro los derechos individuales al permitir interpretaciones arbitrarias o cambios repentinos en la interpretación de las leyes, afectando negativamente a las personas.
- Desincentivo para la inversión: En entornos legales inseguros, las empresas pueden mostrar reticencia a realizar inversiones a largo plazo, temiendo cambios inesperados en las normativas o decisiones judiciales. Esto puede impactar el desarrollo económico.
- Aumento de controversias legales: La falta de claridad en las leyes puede dar lugar a interpretaciones divergentes y al aumento de disputas legales. Esto sobrecarga los tribunales y aumenta la carga de trabajo, generando demoras en la resolución de casos.
- Perjuicio para la administración de Justicia: La inseguridad jurídica puede dificultar la labor de los tribunales al generar litigios prolongados y complejos, afectando la eficiencia del sistema legal y aumentando la carga de trabajo para los órganos judiciales.
- Impacto en la confianza institucional: La falta de seguridad jurídica puede erosionar la confianza en las instituciones gubernamentales y judiciales. Cuando los ciudadanos perciben que las leyes no son previsibles ni consistentemente aplicadas, la confianza en el sistema puede disminuir.
En el ámbito político, la crisis del Estado legislador ha contribuido a esta pérdida de seguridad jurídica. La inflación normativa, la heterogeneidad normativa entre comunidades autónomas y la multiplicación de titulares de la potestad legislativa han generado un escenario de incertidumbre legal. La falta de coordinación entre los distintos niveles legislativos y la ausencia de un marco normativo estable y predecible han debilitado la seguridad jurídica en el país.
La inestabilidad en el ámbito político ha tenido repercusiones negativas en la seguridad jurídica en España. Vamos a desarrollar algunos de los aspectos clave de esta afirmación:
- Crisis del estado legislador: Se refiere a un debilitamiento o crisis en la capacidad del Estado para legislar de manera efectiva y coherente. Esta crisis puede manifestarse en la falta de claridad en los procesos legislativos, la adopción de leyes contradictorias o la incapacidad para abordar de manera adecuada las necesidades normativas de la sociedad.
- Inflación normativa: Hace referencia al aumento exponencial en la cantidad de normas y leyes, lo que crea un entorno normativo complejo y de difícil comprensión. Cuando la legislación crece de manera descontrolada, se generan lagunas, inconsistencias y dificultades para su aplicación efectiva.
- Heterogeneidad normativa entre comunidades autónomas: En el contexto español, donde existen comunidades autónomas con competencias legislativas propias, la heterogeneidad normativa implica que diferentes regiones puedan tener leyes y regulaciones distintas para situaciones similares. Esto contribuye a la falta de uniformidad y previsibilidad en el sistema legal.
- Multiplicación de titulares de la potestad legislativa: La existencia de múltiples actores con la capacidad de legislar, como el gobierno central y las comunidades autónomas, puede dar lugar a un entorno normativo fragmentado. Si no hay una coordinación efectiva entre estos actores, se pueden generar conflictos normativos y una falta de coherencia en las leyes.
- Falta de coordinación entre niveles legislativos: La coordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas es esencial para mantener la coherencia en el marco normativo. La ausencia de esta coordinación puede resultar en normativas contradictorias y generar incertidumbre sobre cuál normativa prevalece en situaciones específicas.
- Ausencia de un marco normativo estable y predecible: La seguridad jurídica se ve comprometida cuando no hay un marco normativo estable y predecible. Los ciudadanos y las empresas necesitan tener confianza en que las leyes no cambiarán de manera impredecible y que podrán planificar sus acciones de acuerdo con un marco legal duradero.
Desde una perspectiva sociológica, la inseguridad jurídica impacta directamente en la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la efectividad del sistema judicial. La imprevisibilidad de las consecuencias derivadas de las normas vigentes y la posibilidad de cambios retroactivos socavan la certeza que los individuos esperan del sistema legal. La Sentencia del Tribunal Constitucional 231/1991 destaca el principio de inalterabilidad de las resoluciones judiciales firmes como garantía esencial para la tutela judicial efectiva, una garantía que se ve amenazada en un contexto de revisión constante de decisiones judiciales.
La inseguridad jurídica, examinada desde una perspectiva sociológica, tiene profundas implicaciones en la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la efectividad del sistema judicial. A continuación, se desarrollan los puntos clave de esta afirmación:
- Impacto en la confianza ciudadana: La inseguridad jurídica genera un ambiente de incertidumbre que afecta directamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y en el sistema judicial. Cuando las personas perciben que las leyes son ambiguas o propensas a cambios repentinos, la confianza en la capacidad del sistema para administrar justicia de manera imparcial y predecible disminuye.
- Imprevisibilidad de consecuencias: La imprevisibilidad de las consecuencias derivadas de las normas vigentes añade un elemento de riesgo a la toma de decisiones de los individuos. Si las personas no pueden anticipar de manera clara cómo se aplicarán las leyes en situaciones específicas, se ven menos propensas a confiar en el sistema legal y pueden adoptar actitudes más cautelosas o incluso evasivas.
- Posibilidad de cambios retroactivos: La posibilidad de cambios retroactivos en las normativas representa una amenaza directa a la certeza que los individuos esperan del sistema legal. La retroactividad implica que las leyes pueden modificarse con efectos sobre situaciones pasadas, lo cual socava la estabilidad de las expectativas individuales y la confianza en la seguridad de los derechos adquiridos.
- Principio de inalterabilidad de resoluciones judiciales firmes: La Sentencia del Tribunal Constitucional 231/1991 destaca el principio de inalterabilidad de las resoluciones judiciales firmes como una garantía esencial para la tutela judicial efectiva. Este principio asegura que las decisiones judiciales definitivas no puedan ser modificadas arbitrariamente, proporcionando así una base sólida para la confianza en la estabilidad del sistema legal.
- Amenaza en un contexto de revisión constante: La constante revisión de decisiones judiciales, como se menciona en el contexto actual, puede amenazar el principio de inalterabilidad. La revisión constante genera inseguridad sobre la firmeza de las resoluciones, lo que impacta negativamente en la confianza de los ciudadanos en la capacidad del sistema judicial para proporcionar una protección legal duradera.
En el ámbito normativo, la técnica legislativa se posiciona como una herramienta crucial para mejorar la calidad de las leyes y, por ende, fortalecer la seguridad jurídica. Aunque las directrices de técnica normativa buscan garantizar la claridad y coherencia de las normas, su eficacia se ve comprometida si no se aplican de manera consistente.
La Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, junto con los principios de buena regulación, representa un esfuerzo por abordar la pérdida de seguridad jurídica. No obstante, la implementación efectiva de estos principios y la mejora en la planificación y evaluación normativa son cruciales para restaurar la confianza en el sistema legal.
La pérdida de seguridad jurídica en España es un desafío que exige una respuesta integral desde las esferas legal, política y sociológica. La restauración de la claridad normativa, una coordinación eficiente entre los distintos niveles legislativos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema judicial son pasos fundamentales para preservar la seguridad jurídica, pilar esencial del Estado de Derecho.
En este escenario hipotético, parece que un círculo de poder en España está llevando a cabo un experimento sociológico al socavar deliberadamente la seguridad jurídica. Este experimento podría implicar la aplicación estratégica del «lawfare» con el fin de lograr objetivos políticos, desalentar inversiones y provocar la reubicación de empresas estratégicas. La crisis en la capacidad legislativa del Estado, la inflación normativa y la revisión constante de decisiones judiciales podrían formar parte de esta estrategia.
El objetivo podría ser erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, debilitando así la estabilidad política y económica del país. La manipulación de la opinión pública, la disminución de la resistencia y el refuerzo del poder podrían ser metas posibles, aprovechando la inseguridad jurídica para minar la confianza en las instituciones y facilitar cambios políticos sin enfrentar una fuerte oposición.
En última instancia, la pérdida de seguridad jurídica se presenta como una mera gota más en el vasto recipiente que sostiene nuestra sociedad. Al analizar la situación desde una perspectiva más profunda y global, podríamos afirmar que los poderes fácticos detrás de las figuras en el poder han sido los arquitectos de nuestros gobiernos, legisladores, leyes e instituciones educativas. Desde una visión histórica, han desempeñado un papel fundamental en la creación de nuestros sistemas gubernamentales y, llamativamente, también han sido los artífices de nuestras creencias religiosas. Resulta intrigante observar que estas religiones comparten su origen con las mismas personas que nos han brindado nuestro sistema bancario y nuestros entramados gubernamentales. ¡Una historia fascinante que merece explorarse!
Por esta razón, lo que estamos presenciando en la familia humana en la Tierra es una transformación significativa. La raíz de las grandes guerras en el mundo, con interpretaciones diversas sobre sus causas, se resume en un propósito fundamental: orientar a la humanidad hacia una dimensión específica de pensamiento. Si existiera paz en la Tierra, la gente se uniría y colaboraría; sin embargo, esto no concuerda con los deseos de aquellos que creen tener control sobre nosotros. Por lo tanto, generan conflictos que alimentan la violencia, la perversión y diversas formas de degradación humana con el objetivo de despersonalizarnos. Posteriormente, la reconstrucción a través de videojuegos, propaganda televisiva y otros medios más sutiles, se presenta como un problema sumamente grave que actualmente afecta al planeta. La mayoría de las personas en todo el mundo permanecen en gran medida desconocedoras de las complejidades de lo que realmente está sucediendo y cómo funcionan estos mecanismos.
[1] Martialay, A. (2023) <<Jueces, fiscales y el CGPJ alertan de que el acuerdo del PSOE con Junts atenta contra la separación de poderes>>. https://www.elmundo.es/espana/2023/11/09/654d0845e4d4d8347a8b4576.html
[2] Vegh Weis, Valeria. (2022) <<What does Lawfare mean in Latin America? A new framework for understanding the criminalization of progressive political leaders>>. 146247452211163. 10.1177/14624745221116348.
[3] Santamarina, G.: (2023) <<Ferrovial desoye al Gobierno y da luz verde al cambio de sede social a Países Bajos>>.https://www.elperiodico.com/es/economia/20230414/ferrovial-desoye-al-gobierno-y-da-luz-verde-al-cambio-de-sede-social-a-paises-bajos-85966507
[4] 20 minutos. (2023, [26-10-2023]). <<Repsol sugiere que frenará sus inversiones industriales en España tras el pacto de PSOE y Sumar para reeditar su coalición de Gobierno>>. 20 minutos. https://www.20minutos.es/noticia/5185058/0/repsol-sugiere-que-podria-dejar-espana-por-pacto-investidura-entre-psoe-sumar/«.
policyexamination.com 