El menticidio ofrece una clave precisa para analizar la manera de gobernar de Pedro Sánchez: confundir a la sociedad hasta que deje de distinguir entre una promesa y su incumplimiento, entre una concesión política y una convicción, entre la verdad de ayer y el relato oficial de hoy.

El poder moderno rara vez necesita prohibir todos los pensamientos. Le basta con alterar las palabras con las que la sociedad organiza la realidad. Cuando una cesión se llama convivencia, una dependencia parlamentaria se presenta como patriotismo y una contradicción se convierte en evolución política, el ciudadano empieza a perder algo más importante que la información: pierde el criterio para comparar.

Ese es el punto de partida del menticidio.

El primer mecanismo consiste en destruir la memoria política. Un ciudadano sin memoria puede ser gobernado mediante una sucesión de presentes aislados. Cada declaración parece nueva. Cada rectificación se presenta como una respuesta a circunstancias inéditas. Cada promesa incumplida se archiva bajo una explicación distinta.

En 2019, Sánchez afirmó que «nadie está por encima de la ley», calificó a Carles Puigdemont de «prófugo de la justicia» y prometió que tendría que responder ante los tribunales. En 2021 concedió los indultos a los condenados del procés y sostuvo que la amnistía y el referéndum no eran posibles. Durante la campaña electoral de julio de 2023 volvió a rechazar la amnistía.

Después de las elecciones, cuando necesitaba los votos de ERC y Junts para continuar en La Moncloa, defendió la amnistía «en nombre de España» y «en defensa de la convivencia».

La rectificación no fue presentada como una derrota, una cesión o el precio de una investidura. Fue elevada a decisión patriótica. La dependencia parlamentaria pasó a llamarse convivencia. El cálculo electoral adquirió el nombre de interés nacional. La amnistía dejó de ser aquello que Sánchez había rechazado y pasó a convertirse en la puerta de entrada al futuro.

El hecho permaneció intacto. Lo que cambió fue su nombre.

Ahí aparece la operación psicológica central. El poder no necesita convencer a todos de que nunca dijo lo que dijo. Solo necesita conseguir que la discusión se desplace desde la memoria hacia la interpretación. El ciudadano recuerda la frase, pero el Gobierno le ofrece una explicación moral para que deje de confiar en su propio recuerdo.

La realidad no desaparece. Se la somete a maquillaje lingüístico.

La contradicción permanente puede parecer una debilidad, pero en manos de un político disciplinado se convierte en una herramienta. El dirigente no se presenta como alguien que se ha equivocado. Se presenta como alguien que ha comprendido mejor la situación.

De este modo, toda rectificación se transforma en madurez. Toda promesa abandonada se convierte en responsabilidad. Toda concesión al socio parlamentario se reviste de sentido histórico. El pasado deja de funcionar como límite y pasa a convertirse en material maleable.

Sánchez no necesita negar siempre sus declaraciones anteriores. Le basta con introducirlas en un marco nuevo. Lo que ayer era una línea roja hoy es una posición superada por las circunstancias. Lo que ayer era imposible hoy es necesario para evitar un mal mayor. Lo que ayer amenazaba la convivencia hoy es presentado como la única forma de garantizarla.

Esta técnica produce disonancia cognitiva. El ciudadano observa dos posiciones incompatibles, pero recibe una explicación que le permite conservar la imagen positiva del líder. La contradicción deja de generar rechazo y empieza a interpretarse como flexibilidad.

La elasticidad moral se disfraza de inteligencia política.

El resultado es una forma de dependencia psicológica. La persona ya no pregunta qué ocurrió, sino cómo debe interpretar lo ocurrido. El poder se convierte en una autoridad semántica. Decide qué significa una derrota, qué significa una concesión, qué significa una amenaza y qué significa defender la democracia.

Cuando un Gobierno consigue controlar el vocabulario, ya ha avanzado mucho en el control de la percepción.

La Ley Orgánica 1/2024 adopta el lenguaje de la «normalización institucional, política y social en Cataluña». La palabra parece técnica, neutral y tranquilizadora. Sugiere que existía una anomalía colectiva que debía ser corregida mediante una solución institucional.

Pero el lenguaje no es inocente. La palabra normalización desplaza el centro del problema. La cuestión deja de ser la conducta de quienes desafiaron la legalidad y pasa a ser la existencia de un conflicto que necesita una salida política.

La amnistía aparece como medicina. La enfermedad desaparece del relato.

Quienes fueron condenados por delitos vinculados al proceso independentista dejan de aparecer principalmente como responsables de hechos concretos. Pasan a ocupar el papel de interlocutores necesarios. El cumplimiento de la ley empieza a describirse como venganza. La exigencia de responsabilidad se presenta como incapacidad para convivir.

El mecanismo recuerda a cualquier proceso de reeducación política: primero se desorganizan las categorías de verdad y falsedad; después se impone un vocabulario nuevo; finalmente, la persona termina utilizando las palabras de quien domina la situación.

El ciudadano ya no escucha «amnistía». Escucha «convivencia». Ya no escucha «intercambio de votos». Escucha «interés de España». Ya no escucha «dependencia parlamentaria». Escucha «normalización».

La propaganda más eficaz no inventa necesariamente los hechos. Cambia la etiqueta que los acompaña.

La segunda fase del menticidio consiste en invertir la posición moral de las partes.

El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts introdujo la expresión «judicialización de la política» y contempló investigar posibles casos de lawfare. El pacto establecía que las conclusiones de esas investigaciones parlamentarias podían tener consecuencias legislativas y afectar a la aplicación de la amnistía.

El marco cambia por completo. La pregunta deja de ser si se cometieron delitos y pasa a ser si los tribunales persiguieron políticamente a quienes los cometieron. El acusado aparece como víctima. El juez se convierte en sospechoso. La defensa del Estado de derecho empieza a presentarse como una agresión contra la convivencia.

Esta inversión tiene una utilidad política extraordinaria. Si el acusado es convertido en víctima, cualquier investigación puede ser interpretada como persecución. Si el juez es presentado como actor político, la sentencia pierde autoridad moral antes incluso de ser pronunciada.

El poder obtiene así una doble ventaja. Protege a sus aliados y desacredita a las instituciones capaces de exigirles responsabilidad.

La palabra lawfare funciona como una especie de detergente moral. Limpia la biografía política del aliado y ensucia la reputación del tribunal. Si el procedimiento judicial incomoda, se cuestiona el procedimiento. Si la decisión judicial contradice el relato del Gobierno, se cuestiona la legitimidad del juez. La culpa siempre parece encontrarse en otro lugar.

La tercera fase es la fabricación de un enemigo permanente.

En abril de 2024, Sánchez anunció cinco días de reflexión sobre su continuidad después de las informaciones relacionadas con su esposa. En su carta y en su discurso posterior habló de «acoso», «odio», «insidia», «falsedad» y «fango». La crítica contra su entorno quedó integrada en una supuesta ofensiva contra la democracia.

La operación psicológica era sencilla. Una cuestión concreta, susceptible de investigación y debate, fue transformada en una batalla moral entre democracia y barbarie. Quienes preguntaban por los hechos quedaron asociados a una conspiración política. La investigación dejó de ser una actividad institucional y pasó a presentarse como una forma de violencia.

El ciudadano ya no recibe una respuesta sobre el fondo de los asuntos. Recibe una clasificación moral.

Si cuestiona la amnistía, ayuda a la derecha. Si exige explicaciones, forma parte del fango. Si recuerda las declaraciones de Sánchez, está atrapado en el pasado. Si denuncia una contradicción, impide la convivencia.

La sociedad queda dividida entre ciudadanos moralmente aceptables y ciudadanos sospechosos. El Gobierno se reserva la autoridad para decidir quién pertenece a cada grupo.

Esto es paternalismo político. El ciudadano adulto, capaz de comparar declaraciones y extraer conclusiones, es tratado como un paciente vulnerable a la manipulación. El poder se presenta como médico de la sociedad. Diagnostica sus miedos, identifica sus enfermedades ideológicas y prescribe la interpretación correcta de los acontecimientos.

Naturalmente, el diagnóstico siempre favorece al médico.

Así se construye la obediencia emocional. El poder no necesita que todos crean. Le basta con que muchos se cansen de comprobar, comparar y recordar.

Una sociedad agotada se vuelve políticamente manejable. Sus ciudadanos pueden seguir desconfiando del Gobierno, pero carecen de energía para reconstruir cada contradicción. Pueden recordar que Sánchez prometió una cosa y defendió después la contraria, pero terminan aceptando que la política es demasiado compleja para exigir coherencia.

Ese cansancio es una victoria del poder.

El menticidio político no exige una cárcel ni un interrogatorio. Puede desarrollarse mediante discursos repetidos, etiquetas morales, propaganda partidista y una sucesión de cambios presentados como inevitables. Su resultado es una ciudadanía desconfiada de su propia memoria y dependiente del poder para interpretar lo que acaba de suceder.

La obediencia contemporánea no siempre adopta la forma de una adhesión entusiasta. A menudo se parece más a la resignación. El ciudadano no defiende al Gobierno porque esté convencido de todo lo que hace. Lo defiende porque teme que la alternativa sea peor, moralmente inferior o históricamente peligrosa.

La misma estructura aparece en el tratamiento de la alternancia.

Sánchez puede afirmar que la alternancia es buena en democracia y, al mismo tiempo, presentar una victoria del bloque contrario como una involución histórica. La alternancia es aceptable en abstracto, pero peligrosa cuando amenaza su continuidad.

Este razonamiento contiene una contradicción fundamental. La democracia se reconoce mientras produzca el resultado correcto. Cuando el electorado puede elegir una dirección distinta, la democracia empieza a necesitar protección frente a los propios ciudadanos.

El adversario deja de ser una opción política. Se convierte en una amenaza moral.

El PSOE representa la modernidad, Europa, la solidaridad, la ciencia y los derechos. El bloque contrario representa el miedo, los bulos, la reacción y la involución. Con semejante distribución moral, votar contra el Gobierno deja de parecer una decisión política ordinaria. Se transforma en una forma de irresponsabilidad histórica.

El ciudadano no debe limitarse a juzgar la gestión. Debe demostrar que pertenece al lado correcto de la historia.

Aquí aparece la lógica providencial del sanchismo. Sánchez no se presenta como un político entre otros. Se presenta como el dique que separa el progreso de la regresión. Su permanencia adquiere una dimensión casi indispensable. Si él cae, no cambia simplemente un Gobierno. Según el relato, se abre la puerta a una catástrofe nacional.

La política deja de ser administración del poder y se convierte en liturgia de supervivencia.

Pedro Sánchez ha convertido la contradicción en una herramienta de gobierno. Niega hoy lo que defendió ayer, llama convivencia a lo que nació como necesidad parlamentaria y presenta como regeneración la deslegitimación de quienes investigan sus decisiones.

Su ideología más constante no parece ser una doctrina cerrada, sino la conservación de sí mismo en el centro del sistema. El sanchismo no necesita una teoría coherente porque dispone de una finalidad permanente: resistir, sobrevivir y continuar.

Todo lo demás puede cambiar.

Puede cambiar el diagnóstico sobre Puigdemont, la opinión sobre la amnistía, la definición de la convivencia, la interpretación del Estado de derecho y la relación con quienes antes eran adversarios. Lo que permanece es la necesidad de que cada cambio sea presentado como una prueba de inteligencia y no como una consecuencia de la dependencia.

El poder nunca se declara oportunista. Se proclama responsable.

Cuando el ciudadano deja de preguntar qué ocurrió y empieza a preguntar cómo debe llamarlo el poder, la primera victoria del menticidio ya está conseguida.

La segunda llega cuando acepta que sus recuerdos son menos fiables que la explicación oficial.

La tercera aparece cuando considera que exigir coherencia es una forma de extremismo.

Y la victoria definitiva se produce cuando la sociedad ya no espera que el Gobierno diga la verdad, sino que le proporcione una versión emocionalmente soportable de los hechos.

Sánchez no ha eliminado la realidad. Ha intentado gobernar su interpretación. Ha convertido cada contradicción en una oportunidad narrativa, cada concesión en una necesidad histórica y cada crítica en una sospecha moral.

La operación puede funcionar durante un tiempo. Pero ninguna sociedad puede vivir indefinidamente de palabras que contradicen los hechos. La memoria puede ser deformada, pero no destruida por decreto. Las promesas pueden recibir nombres nuevos, pero sus consecuencias siguen apareciendo en la vida concreta de los ciudadanos.

El menticidio triunfa cuando una nación deja de recordar. También empieza a fracasar cuando alguien vuelve a comparar.