España no figura como campo de batalla. No hay columnas de blindados en sus carreteras ni sirenas que anuncien una invasión. Sin embargo, en Madrid dispararon a un dirigente político; en Alicante fue asesinado un piloto ruso que había desertado a Ucrania; en Pozuelo mataron a un antiguo alto cargo ucraniano; una embajada fue asaltada y los teléfonos del presidente del Gobierno y de varios ministros fueron infectados con software de espionaje. La ausencia de una guerra declarada no elimina el conflicto. Simplemente modifica sus métodos.

Las operaciones contemporáneas de inteligencia prosperan en una franja situada entre la paz formal y la agresión reconocida. En esa zona, los Estados pueden vigilar, reclutar, intimidar, sustraer información o neutralizar amenazas sin asumir públicamente la responsabilidad. España ofrece comunicaciones, infraestructuras militares, comunidades internacionales, actividad diplomática y acceso al Mediterráneo y al Atlántico. También proporciona algo muy apreciado por cualquier servicio clandestino: una sociedad que todavía considera el espionaje como un género literario antes que como un problema interno.

La zona gris y el valor estratégico de la ambigüedad

El Informe Anual de Seguridad Nacional 2025 registró 108 actuaciones de servicios de inteligencia extranjeros. La cifra no autoriza a imaginar 108 novelas de espías, pero tampoco permite tratar el fenómeno como una colección de anécdotas. Describe una actividad continuada de captación, obtención de información e influencia sobre intereses españoles.

El propósito de una operación bien diseñada consiste en producir un efecto sin ofrecer al adversario una prueba que justifique una respuesta equivalente. Un asesinato puede parecer un ajuste de cuentas. Una inversión industrial puede presentarse como una decisión puramente comercial. Una intrusión digital puede atribuirse a delincuentes privados. La ambigüedad limita la reacción política y fragmenta la conversación pública. Todos sospechan; pocos pueden demostrar.

Desde el punto de vista psicológico, este método explota una necesidad humana básica: la necesidad de cerrar una explicación. Cuando la información es incompleta, la mente rellena el vacío con la narración que mejor encaja con sus temores o lealtades. Desde el punto de vista institucional sucede lo contrario: si la prueba no alcanza el umbral judicial, el aparato estatal tiende a hablar poco. Entre la imaginación del ciudadano y el silencio de la institución crece el territorio gris.

Ferrol: inversión, empleo y geografía militar

El proyecto de la empresa china SAIC para estudiar una fábrica de vehículos eléctricos cerca de Ferrol reúne casi todos los elementos del dilema. La planta supondría una inversión relevante y creación de empleo. También quedaría situada a unos cinco kilómetros del arsenal militar y de los astilleros de Navantia. Según RTVE, Defensa y el CNI han evaluado los riesgos asociados a esa proximidad.

No existe evidencia pública de que SAIC participe en actividades de espionaje. Afirmarlo como hecho sería irresponsable. La cuestión seria es otra: las democracias deben valorar una inversión por su rendimiento económico y por su localización estratégica, su estructura tecnológica, sus flujos de datos y las obligaciones legales que afectan a su matriz. En política industrial, la palabra empleo funciona a veces como un sedante geopolítico. El análisis de seguridad comienza precisamente cuando termina el entusiasmo de la nota de prensa.

Ferrol muestra cómo ha cambiado el terreno. La inteligencia ya no depende únicamente de agentes que fotografían documentos. Una planta conectada genera comunicaciones, proveedores, tráfico digital, contratación de personal y conocimiento cotidiano sobre instalaciones cercanas. Ninguno de esos elementos demuestra una operación clandestina. Todos forman parte de una evaluación razonable del riesgo.

Vidal-Quadras: el atentado y el límite de la atribución

El 9 de noviembre de 2023, Alejo Vidal-Quadras sobrevivió a un disparo en la cara en Madrid. La Audiencia Nacional procesó a ocho integrantes de un grupo criminal y situó el móvil en su actividad política y su apoyo a la oposición iraní.

La investigación judicial permite hablar de una red, planificación y motivación política. No permite presentar la responsabilidad directa del Estado iraní como un hecho establecido por sentencia firme. Esa distinción resulta esencial. También es menos tranquilizadora de lo que parece. Las operaciones clandestinas utilizan intermediarios precisamente para impedir que la cadena de responsabilidad llegue con facilidad hasta quien podría haberla ordenado.

Kuzmínov y Portnov: asesinatos en territorio español

Maksim Kuzmínov era el piloto ruso que desertó a Ucrania con un helicóptero militar. En febrero de 2024 fue asesinado en Villajoyosa. La investigación española reconstruyó un crimen cuidadosamente preparado, pero fue archivada provisionalmente por falta de sospechosos identificados. El resultado jurídico no resuelve la lectura estratégica: un desertor de enorme valor propagandístico para Ucrania murió en una urbanización española y sus ejecutores desaparecieron.

En mayo de 2025, Andriy Portnov, abogado y antiguo alto cargo de la administración ucraniana, fue tiroteado en Pozuelo de Alarcón. Un presunto autor material fue detenido en Alemania y posteriormente extraditado, pero la identidad de quienes pudieron ordenar el crimen y su motivación última continúan bajo investigación. Kuzmínov y Portnov tenían biografías, relaciones y enemigos distintos. Agrupar ambos asesinatos bajo una única autoría sería una fabricación. Considerarlos simples episodios locales ignoraría su evidente dimensión internacional.

En el oficio clandestino, el mensaje rara vez lleva membrete. El cadáver comunica, el Estado sospechoso guarda silencio y el país anfitrión promete investigar. Esa distribución de papeles protege al organizador y deja al Gobierno territorialmente responsable con el coste político.

El asalto a la embajada de Corea del Norte

El 22 de febrero de 2019, un grupo irrumpió en la embajada de Corea del Norte en Madrid, retuvo al personal y se llevó ordenadores, teléfonos y documentación. Los responsables fueron vinculados al grupo opositor Free Joseon. Parte de la información sobre la operación apareció después en procedimientos judiciales estadounidenses.

El episodio mostró una combinación incómoda: una sede diplomática atacada en la capital de España, material de inteligencia extraído y actores con proyección internacional. Las versiones que atribuyeron la operación a servicios estatales no han quedado probadas judicialmente. Lo verificable ya resulta suficientemente grave. Durante varias horas, una operación organizada se desarrolló en Madrid contra la representación de uno de los regímenes más cerrados del mundo.

Pegasus: el teléfono como territorio ocupado

Pegasus trasladó la zona gris al núcleo del poder ejecutivo. Los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de varios ministros fueron infectados. La investigación de la Audiencia Nacional terminó archivada por segunda vez ante la falta de cooperación de Israel.

Un dispositivo personal contiene conversaciones, contactos, agendas, fotografías, ubicaciones y acceso a otras cuentas. Infectar el teléfono de un jefe de Gobierno equivale a penetrar una parte móvil de la arquitectura del Estado. Sin embargo, la soberanía digital parece terminar con notable puntualidad allí donde comienza la cortesía diplomática.

Espías dentro, espías fuera

España también ha conocido el problema clásico del agente que entrega información desde el interior. El exmiembro del CNI Roberto Flórez fue condenado por traición por procurarse documentación secreta vinculada a Rusia. La pena inicial de doce años fue reducida después a nueve por el Tribunal Supremo. El caso demostró que la vulnerabilidad no siempre llega desde una embajada extranjera; puede poseer acreditación, despacho y acceso autorizado.

En 2023 fueron detenidos dos agentes del CNI por una presunta filtración de información reservada a Estados Unidos. La causa ha estado sometida a secreto y a una evolución procesal compleja. Debe describirse como investigación, no como condena. El socio estratégico también practica inteligencia. Las alianzas reducen conflictos de intereses, pero no eliminan el apetito por la información.

El caso de Pablo González, también conocido por su identidad rusa Pavel Rubtsov, añade otra forma de ambigüedad. Fue detenido en Polonia en 2022 bajo acusaciones de trabajar para la inteligencia militar rusa, que él negó. En 2024 fue trasladado a Moscú dentro de un intercambio internacional de prisioneros. En 2026, medios españoles informaron de una orden europea de detención dictada por la justicia polaca. Su trayectoria recuerda que la cobertura periodística, las identidades múltiples y el acceso a comunidades políticas forman parte del repertorio histórico de los servicios, aunque una acusación continúe necesitando prueba y juicio.

Gerald Bull: cuando el conocimiento convierte al hombre en objetivo

Gerald Bull no murió en España, pero su historia ayuda a comprender el ecosistema europeo. El ingeniero canadiense trabajó en Project Babylon, el proyecto de supercañón de Saddam Hussein. Fue asesinado en Bruselas en marzo de 1990. Ningún tribunal ha establecido quién ordenó el crimen.

Su caso contiene una regla elemental del poder: el conocimiento especializado puede adquirir el mismo valor estratégico que un arma. Cuando una persona concentra una capacidad técnica difícil de sustituir, su biografía deja de pertenecerle por completo. Los posibles responsables atribuidos a la muerte de Bull han variado durante décadas. La pluralidad de sospechosos constituye parte del problema y también parte de la protección del verdadero autor.

Robert Maxwell en Canarias: la muerte oficial y la versión de Juval Aviv

El 5 de noviembre de 1991, Robert Maxwell apareció muerto en el Atlántico después de desaparecer de su yate cerca de Canarias. La investigación oficial concluyó que sufrió un episodio cardíaco y se ahogó accidentalmente. No estableció asesinato.

Juval Aviv ha defendido una versión diferente. Sostiene que Maxwell fue eliminado y lo relaciona con el KGB, el MI6 y el Mossad. La tesis resulta coherente con la imagen pública de Maxwell como empresario relacionado con dirigentes y círculos de inteligencia, pero coherencia narrativa no equivale a demostración. No existe prueba pública concluyente que convierta la versión de Aviv en una conclusión judicial.

El caso interesa porque muestra el funcionamiento social del secreto. Una muerte accidental puede parecer inverosímil cuando la persona acumula conexiones extraordinarias. Una hipótesis de asesinato puede parecer inevitable precisamente porque casi toda la información relevante permanece fuera del alcance público. La sospecha se alimenta tanto de los datos conocidos como de la expectativa de que existan archivos que nunca veremos.

Sandra Mozarowsky, Villarejo y el problema de las revelaciones tardías

Sandra Mozarowsky tenía dieciocho años cuando cayó desde la terraza de su vivienda madrileña en agosto de 1977. Falleció semanas después. Su embarazo, su juventud y los rumores sobre una relación con Juan Carlos I convirtieron la tragedia en una historia recurrente de la Transición. Ninguna resolución judicial ha establecido que fuese asesinada ni que el entonces rey estuviera relacionado con su muerte.

José Manuel Villarejo afirma que Mozarowsky fue agente del KGB, que se aproximó al futuro monarca dentro de una operación de inteligencia y que su muerte fue un asesinato encubierto. Son afirmaciones de Villarejo. No se conocen documentos soviéticos, expedientes españoles desclasificados ni una investigación judicial que las corrobore de manera independiente.

La distinción puede parecer repetitiva, pero protege la credibilidad del análisis. Una grabación demuestra que alguien pronunció determinadas palabras; no demuestra automáticamente que su contenido sea verdadero. Villarejo conoció zonas opacas del Estado y fue condenado en algunas piezas judiciales, mientras recibió absoluciones o revisiones en otras. Su archivo merece investigación. Convertir cada declaración en dogma produciría exactamente la confusión que un aparato clandestino necesita.

Villarejo y la privatización de la inteligencia

El caso Villarejo revela una transformación institucional más amplia: técnicas, contactos y datos obtenidos dentro del Estado pueden convertirse en servicios privados. Empresas, dirigentes, abogados y medios aparecen alrededor de encargos de vigilancia, campañas de descrédito y filtraciones. Las numerosas piezas del caso Tándem han producido resultados judiciales distintos, por lo que cualquier resumen responsable debe evitar tanto la absolución general como la condena retórica de todo acusado.

Sociológicamente, la consecuencia es corrosiva. El ciudadano comienza a sospechar que las reglas públicas conviven con circuitos informales donde la información se compra, se intercambia o se utiliza para disciplinar adversarios. Esa percepción puede apoyarse en hechos reales y, al mismo tiempo, expandirse hasta convertir cualquier acontecimiento en conspiración. El Estado pierde legitimidad cuando delinque y también cuando es incapaz de explicar.

La psicología de la incertidumbre y la sociología del silencio

La guerra secreta intenta controlar conductas, no únicamente obtener documentos. Un asesinato selectivo puede intimidar a desertores, opositores y testigos situados a miles de kilómetros. Una intrusión digital puede obligar a ministros y funcionarios a preguntarse qué conversaciones están comprometidas. Una filtración puede romper alianzas internas sin necesidad de publicar todo el material obtenido.

La incertidumbre sostenida genera dos patologías complementarias. La primera es la credulidad absoluta: cualquier relato oscuro parece verdadero porque las instituciones han ocultado información en el pasado. La segunda es la negación automática: nada puede aceptarse hasta que exista una sentencia, incluso cuando la clandestinidad está diseñada para impedir esa sentencia. Ambas reacciones simplifican una realidad que exige grados de evidencia.

Una sociedad democrática necesita tres categorías distintas: hechos establecidos, inferencias razonables y alegaciones sin corroborar. Mezclarlas favorece al propagandista, al servicio extranjero y al funcionario que desea eludir responsabilidades. Separarlas permite investigar con firmeza sin fabricar culpables.

Conclusión: aprender a vivir sin cerrar prematuramente el expediente

España no debe responder a estos episodios con paranoia. Tampoco puede seguir tratándolos como sucesos inconexos que pierden importancia en cuanto desaparecen de la portada. La seguridad contemporánea exige controles sobre inversiones próximas a infraestructuras críticas, contrainteligencia eficaz, protección digital, cooperación judicial y una comunicación pública capaz de reconocer lo que se sabe y lo que permanece abierto.

El territorio gris existe porque la atribución es lenta, costosa y políticamente incómoda. Allí actúan Estados, intermediarios, delincuentes, empresas y antiguos funcionarios. Algunas operaciones terminan en tribunales. Otras sobreviven como sospechas plausibles. La obligación democrática consiste en impedir que el secreto se transforme en impunidad y que la sospecha se transforme en una religión.

España ya forma parte de la guerra silenciosa. La cuestión pendiente es si sus instituciones están dispuestas a explicarla.

Fuentes y documentación

• Informe Anual de Seguridad Nacional 2025.
• RTVE: evaluación del proyecto de SAIC cerca del arsenal de Ferrol.
• Audiencia Nacional: procesamiento por el atentado contra Vidal-Quadras.
• Reuters: archivo provisional de la investigación sobre Kuzmínov.
• RTVE: investigación del asesinato de Andriy Portnov.
• TIME: asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid.
• Audiencia Nacional: segundo archivo del caso Pegasus.
• RTVE: juicio por traición de Roberto Flórez.
• RTVE: investigación de dos agentes del CNI.
• El País: liberación de Pablo González en el intercambio de 2024.
• Audiencia Nacional: primera sentencia del caso Tándem.
• The Canadian Encyclopedia: Gerald Bull.
• The Guardian: vida y muerte de Robert Maxwell y entrevista con Juval Aviv.
• Universidad Isabel I: análisis forense documental sobre Sandra Mozarowsky y declaraciones de Villarejo.