Existe un error recurrente entre los Estados que disfrutan de superioridad militar y diplomática durante demasiado tiempo. Confunden aquello que pueden imponer con aquello que pueden sostener. La diferencia parece irrelevante mientras los adversarios retroceden, los territorios permanecen bajo control y los gobiernos extranjeros firman acuerdos. Se hace visible cuando conservar cada logro exige más vigilancia, más armamento, más respaldo exterior y una administración cada vez más sofisticada del descontento.

La relación entre Marruecos e Israel permite observar esa tensión con especial claridad. Suele explicarse como una consecuencia de la normalización diplomática de diciembre de 2020. En realidad, aquel acuerdo no creó la relación. La hizo oficial. Durante décadas, la monarquía marroquí y el Estado israelí desarrollaron contactos discretos en inteligencia, seguridad, diplomacia y defensa.

Conviene distinguir desde el principio entre judaísmo, sociedad israelí y política estatal. No son categorías intercambiables. Existen ciudadanos israelíes, organizaciones judías y corrientes religiosas que rechazan la ocupación, el supremacismo y el expansionismo territorial. Confundir al pueblo judío con las decisiones de un gobierno concreto no constituye una crítica rigurosa. Es una falsificación intelectual y, además, una forma particularmente peligrosa de irresponsabilidad.

La relación judeomarroquí, por otra parte, no nació con el Estado de Israel. Marruecos albergó durante siglos una de las comunidades judías más importantes del mundo musulmán. A ella se incorporaron también familias sefardíes expulsadas de la península ibérica, que reconstruyeron en territorio marroquí redes comerciales, religiosas y familiares.

Aquella convivencia no fue una secuencia idílica de tolerancia perfecta. Hubo protección y discriminación, cercanía y jerarquía, cooperación y periodos de vulnerabilidad. Pero existió una relación prolongada entre la monarquía alauí y sus súbditos judíos. Miembros de esas comunidades actuaron como comerciantes, intérpretes, diplomáticos, asesores y enlaces con potencias extranjeras. La Corona ofrecía protección; las redes judías aportaban conocimientos, conexiones internacionales y lealtad al soberano.

Esa memoria continúa viva entre numerosos israelíes de origen marroquí. Algunas autoridades religiosas y miembros de esas comunidades han utilizado el término Sidna, “nuestro señor”, al referirse al rey de Marruecos. No todos los israelíes emplean esa expresión, ni su uso demuestra la existencia de un tratado secreto vigente durante siglos. Pero sí revela la persistencia simbólica de una relación particular con la dinastía alauí, conservada incluso después de la emigración de gran parte de la población judía marroquí hacia Israel.

También se ha hablado de un supuesto pacto histórico entre autoridades judías y los monarcas alauíes desde el siglo XVII. No existe en la documentación examinada un tratado, una fecha precisa ni una sucesión verificable de compromisos formales. Resulta más prudente entender ese “pacto” como una tradición de protección y reciprocidad que, con el paso del tiempo, adquirió el lenguaje solemne de una alianza dinástica.

La historia facilita el relato político. El interés estratégico determina la política. Los gobiernos no compran drones por nostalgia.

La dimensión cultural adquirió muy pronto una función operativa. Uno de los episodios más relevantes se sitúa en la cumbre árabe celebrada en Casablanca en 1965. Hassan II habría permitido que las deliberaciones de dirigentes y mandos árabes fueran registradas y que la información obtenida llegara a los servicios israelíes. Aquellas conversaciones habrían expuesto divisiones políticas, deficiencias militares y problemas de coordinación que Israel pudo estudiar antes de la guerra de 1967.

No puede determinarse con absoluta precisión cuánto influyó esa información en la victoria israelí de la Guerra de los Seis Días. Atribuirle el resultado completo sería una exageración. Pero tampoco es necesario hacerlo para comprender su significado. Marruecos habría ofrecido a Israel algo de enorme valor: acceso al pensamiento interno de sus adversarios.

Israel, a cambio, consolidó una relación de confianza con una monarquía que observaba con inquietud el nacionalismo árabe revolucionario, la influencia argelina y cualquier movimiento capaz de amenazar la continuidad de la dinastía. En inteligencia, la amistad suele ser el nombre ceremonial que se concede a una coincidencia prolongada de intereses.

La cooperación adquirió después una importancia especial en el Sáhara Occidental. Marruecos encontró en Israel un socio con experiencia en vigilancia territorial, barreras defensivas, guerra electrónica y operaciones en entornos hostiles. Se ha atribuido a especialistas israelíes participación en la concepción del muro defensivo marroquí, comparado en ocasiones con la línea Bar-Lev. La intervención concreta requiere documentación adicional, pero la colaboración militar posterior entre ambos Estados está ampliamente asentada.

Marruecos recibe tecnología militar, drones, sistemas de vigilancia, inteligencia, defensa antiaérea y acceso reforzado a determinados círculos de poder occidentales. Israel obtiene contratos, presencia estratégica en el norte de África, proximidad a Argelia y acceso a un socio situado junto al estrecho de Gibraltar.

Cada Estado proporciona además al otro respaldo diplomático para una interpretación territorial controvertida. Marruecos normaliza sus relaciones con Israel sin exigir una resolución previa del conflicto palestino. Israel respalda la posición marroquí en el Sáhara Occidental.

Palestina y el Sáhara no son conflictos idénticos. Sus historias, actores, estructuras demográficas y marcos jurídicos presentan diferencias profundas. El Sáhara Occidental permanece ligado a un proceso de descolonización y a la cuestión de la autodeterminación saharaui. Palestina combina ocupación, desplazamiento, asentamientos, fragmentación territorial, seguridad israelí y una estatalidad incompleta.

Comparten, sin embargo, una característica estratégica: una situación territorial puede mantenerse durante décadas mediante control efectivo, superioridad militar y respaldo exterior sin adquirir por ello legitimidad entre quienes padecen sus consecuencias.

El pueblo saharaui no es un residuo administrativo dentro de la estrategia marroquí. Es el sujeto político cuyo derecho a decidir su futuro permanece en el centro del conflicto. Los palestinos tampoco constituyen un problema demográfico que pueda gestionarse indefinidamente mediante puestos de control, fragmentación territorial y superioridad aérea. Son un pueblo con identidad, memoria y derecho a una existencia política soberana.

Reconocer los intereses de seguridad y las preocupaciones territoriales de Marruecos no obliga a considerar cerrada la cuestión saharaui. Reconocer el derecho de los israelíes a vivir seguros tampoco exige aceptar como permanente la subordinación política de los palestinos.

La seguridad de un pueblo no puede construirse de forma duradera sobre la negación política del otro.

Israel puede alegar, con razón, que enfrenta amenazas reales. El 7 de octubre de 2023 demostró que los ataques contra sus ciudadanos no son una fabricación propagandística. Los asesinatos y secuestros de civiles fueron crímenes que ninguna causa nacional puede justificar. Irán, Hizbulá, Hamás y otras organizaciones no son construcciones imaginarias producidas por la paranoia israelí.

Marruecos puede alegar también que la rivalidad con Argelia, la continuidad territorial y la estabilidad de la monarquía representan intereses nacionales reales. Rabat considera el Sáhara una cuestión central para su integridad política.

El problema no es que ambos Estados carezcan de razones para preocuparse por su seguridad. El problema aparece cuando esas preocupaciones se convierten en doctrinas sin límites territoriales, jurídicos o temporales. En ese momento, la seguridad deja de ser un objetivo y se transforma en un sistema permanente de gobierno.

La estrategia de normalización israelí partía de una premisa sencilla. Los gobiernos árabes podían estrechar sus relaciones con Israel mientras sus sociedades reducían gradualmente la importancia de la cuestión palestina.

La guerra de Gaza demostró la fragilidad de esa suposición. La alianza con Marruecos permaneció sólida entre el palacio, los servicios de inteligencia y las estructuras militares. El rechazo social a Israel, sin embargo, aumentó.

Los aparatos estatales pueden firmar acuerdos, organizar maniobras conjuntas y gestionar el espacio público. No pueden eliminar la memoria colectiva ni garantizar que una crisis económica, una transición sucesoria o una movilización social no conviertan el rechazo a Israel en una crítica contra el propio régimen.

La capacidad de un gobierno para contener el disenso no equivale a aceptación social.

Eso no es normalización profunda. Es silencio administrado.

La cooperación tecnológica reproduce una lógica semejante. Los sistemas de vigilancia permiten intervenir comunicaciones, localizar opositores y anticipar protestas. Las sospechas sobre el uso de Pegasus contra dirigentes españoles muestran el potencial político de estas herramientas, aunque la identidad exacta del operador y su posible influencia sobre decisiones gubernamentales no estén públicamente demostradas.

Un programa puede intervenir un teléfono. No puede fabricar lealtad.

Puede identificar a un disidente. No puede eliminar las razones por las que ese disidente existe.

Los gobiernos que confían excesivamente en estas tecnologías terminan confundiendo la ausencia de movilización visible con la ausencia de conflicto. La tecnología les permite aplazar el problema y, durante algún tiempo, fingir que lo han resuelto.

Israel reproduce en los territorios palestinos una dinámica comparable. Su superioridad militar le permite controlar fronteras, espacio aéreo, comunicaciones e infraestructuras. Le permite destruir organizaciones y eliminar dirigentes. No le permite decidir qué significado atribuirá la población palestina a esas derrotas materiales.

Una casa demolida desaparece físicamente. La memoria de su pérdida puede transmitirse durante generaciones.

Los pueblos pueden aceptar compromisos, fronteras imperfectas y acuerdos dolorosos. Resulta mucho menos probable que acepten como condición permanente de la seguridad del contrario su propia inexistencia política.

Todos los actores deben responder por los ataques contra civiles. Pero sus responsabilidades estratégicas no son idénticas, porque tampoco lo son sus capacidades. Quien controla el territorio, las fronteras, el espacio aéreo, los recursos y buena parte de la vida cotidiana de otra población asume una responsabilidad proporcional a ese poder.

La objetividad no consiste en repartir culpas en porciones iguales. Consiste en relacionar las decisiones de cada actor con sus capacidades y su grado de control.

La creciente articulación entre seguridad, religión y territorio dentro de determinados sectores israelíes introduce otra dificultad. Cuando los textos sagrados se utilizan como títulos contemporáneos de propiedad, la negociación territorial comienza a percibirse como una cesión teológica.

Una disputa política puede negociarse. Una promesa considerada divina admite pocos compromisos.

Ese maximalismo genera también tensiones internas. Una sociedad tecnológica necesita científicos, empresarios, funcionarios competentes, cohesión fiscal y soldados motivados. Un proyecto que privilegia la fidelidad ideológica sobre la contribución productiva y militar termina creando desequilibrios entre quienes combaten, quienes financian y quienes interpretan el sentido religioso del sacrificio.

No puede pedirse indefinidamente a un sector que combata, a otro que pague y a un tercero que determine el carácter sagrado del sacrificio de ambos sin asumir obligaciones equivalentes.

Marruecos enfrenta un límite parecido. Israel puede aportarle capacidad militar, inteligencia y acceso diplomático. No puede transferirle la legitimidad que solo puede surgir de una solución sostenible, jurídicamente defendible y aceptable para el pueblo saharaui.

La alianza introduce además a ambos Estados en una red más amplia de rivalidades. Desde Argelia, la presencia de tecnología y asesoramiento israelí en Marruecos no se interpreta como una celebración de la convivencia judeomarroquí. Se percibe como penetración estratégica en su frontera occidental.

La relación puede aumentar igualmente la desconfianza española cuando aparecen declaraciones favorables a las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. No existe evidencia suficiente para atribuir esa posición al Gobierno israelí como política oficial. Pero la circulación de esas ideas dentro de determinados espacios políticos favorece a Rabat y amplía el radio de sospecha alrededor de la alianza.

Una inteligencia competente cuenta los aliados obtenidos. Una excelente cuenta también los adversarios creados.

La alternativa no consiste en que Israel y Marruecos administren mejor la subordinación de palestinos y saharauis. Tampoco en sustituir la coerción visible por mecanismos de control más discretos.

Consiste en reconocer que ambos pueblos poseen derechos políticos que no pueden negociarse en su ausencia.

La autodeterminación saharaui y el derecho de los palestinos a una existencia política soberana no deben reconocerse únicamente porque su negación resulte costosa. Deben reconocerse porque ningún orden estable puede construirse sobre la negación permanente de la condición política de un pueblo.

Israel no se encuentra próximo a perder su existencia como Estado. Marruecos tampoco está a punto de perder el control efectivo de gran parte del territorio que administra en el Sáhara Occidental. Afirmar lo contrario sería sustituir el análisis por propaganda.

El problema es más profundo.

Ambos pueden registrar victorias operativas y diplomáticas mientras acumulan déficits de legitimidad cuya resolución se vuelve más difícil y costosa con el paso del tiempo.

Israel puede controlar carreteras, fronteras, sistemas aéreos y gobiernos aliados. No puede controlar la memoria colectiva palestina.

Marruecos puede administrar gran parte del territorio y contener la expresión pública del conflicto. No puede declarar unilateralmente concluida la cuestión saharaui.

Ambos han demostrado una considerable capacidad para gestionar las consecuencias inmediatas de estos conflictos.

Ninguno ha resuelto su causa política.

Esa diferencia no invalida sus victorias tácticas. Explica por qué cada victoria exige más recursos para conservarla.

Y cuando una operación necesita expandirse permanentemente para preservar los resultados del día anterior, conviene preguntarse si continúa siendo una estrategia o si se ha convertido, simplemente, en una forma sofisticada de aplazar el fracaso.

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