Cómo se pierde un territorio sin necesidad de perder una guerra

Ceuta sigue siendo española. Conviene empezar por ahí porque un artículo serio no debe confundir una advertencia con una fantasía. Su Estatuto de Autonomía establece expresamente que Ceuta es «parte integrante de la Nación española», y el Gobierno español sostiene que su soberanía no está sometida a negociación.

Por tanto, nadie está entregando mañana las llaves de la ciudad al rey de Marruecos.

El problema es bastante más inquietante. Un territorio puede comenzar a perderse mucho antes de que cambie la bandera. Se pierde capacidad sobre él cuando controlar su frontera depende de la voluntad de otro país, cuando una crisis supera repetidamente a las instituciones, cuando defenderlo resulta diplomáticamente cada vez más costoso y cuando sus habitantes empiezan a sospechar que para el Gobierno central viven demasiado lejos como para constituir una prioridad y demasiado cerca de Marruecos como para poder olvidarse de él.

Eso es lo que debería preocuparnos. Los días 30 y 31 de julio de 2026, más de 70.000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos hacia Ceuta en una irrupción sin precedentes. El Gobierno terminó declarando el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional porque la permanencia de miles de migrantes había superado las capacidades ordinarias de acogida, administración y seguridad de la ciudad. Ahora Madrid ha solicitado ayuda adicional a Frontex, Europol y las instituciones europeas.

Obsérvese el calendario.

La entrada masiva se produjo el 30 de julio. La declaración excepcional de Seguridad Nacional llegó el 25 de agosto.

Veintiséis días.

España necesitó casi un mes para reconocer jurídicamente que la mayor vulneración de su frontera en la historia reciente constituía un problema de seguridad nacional. Una capacidad de reacción verdaderamente tranquilizadora, siempre que el adversario tenga la cortesía de esperar cuatro semanas.

Incluso Margarita Robles terminó pidiendo disculpas a los ceutíes y reconociendo que el Gobierno había actuado mal y tarde. Al mismo tiempo se produjo un espectáculo todavía más revelador: Defensa sostuvo que existieron advertencias previas del CNI sobre el aumento de la presión y el riesgo de un salto masivo, mientras Interior y la Delegación del Gobierno negaron haber recibido información que permitiera anticipar lo ocurrido.

Éste es el primer motivo por el que Ceuta corre peligro a largo plazo: la debilidad institucional española.

No hace falta imaginar conspiraciones cuando existe descoordinación documentada.

Un Estado que discute públicamente después de una crisis sobre quién sabía qué y cuándo lo sabía está enviando información a tres destinatarios simultáneamente: a sus ciudadanos, a sus aliados y a cualquier Gobierno extranjero interesado en conocer sus vulnerabilidades.

Y Rabat observa.

Marruecos nunca ha ocultado completamente su pretensión sobre Ceuta y Melilla. Este agosto, su ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió a reivindicar las ciudades y habló de resolver la cuestión mediante diálogo. Días después, una ceremonia religiosa presidida por Mohamed VI incluyó una referencia a las «ciudades ocupadas», expresión históricamente asociada a las reivindicaciones marroquíes. España respondió afirmando que la soberanía de Ceuta y Melilla no se negocia.

Sería tranquilizador si el problema terminara en las palabras.

No termina ahí.

Existe un precedente extraordinariamente importante: mayo de 2021.

Después de que España permitiera la entrada por razones médicas de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, las autoridades marroquíes parecieron relajar el control fronterizo y aproximadamente 8.000 personas entraron en Ceuta. El European Council on Foreign Relations describió aquel episodio directamente como weaponised migration, migración instrumentalizada como mecanismo de presión diplomática. Reuters también informó de que la relajación de controles se produjo en el contexto del enfrentamiento bilateral.

Después ocurrió algo políticamente importante. En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó la posición tradicional española sobre el Sáhara Occidental y pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. La embajadora marroquí regresó posteriormente a Madrid y se recompusieron las relaciones entre ambos países.

Se puede defender aquel cambio por razones geopolíticas. También se puede criticar. Lo intelectualmente difícil es fingir que la secuencia anterior carece de importancia.

Desde la perspectiva de la teoría del poder, el mensaje aprendido es elemental: la presión funciona cuando modifica el comportamiento del otro.

Ése es precisamente uno de los mecanismos básicos del condicionamiento. Cuando una conducta produce una recompensa, aumenta la probabilidad de que vuelva a utilizarse.

Los Estados aprenden igual que las personas, aunque disponen de ministerios de Exteriores para redactar comunicados explicando que no están aprendiendo nada.

Aquí aparece el segundo problema: España necesita a Marruecos más de lo que le gustaría admitir.

El propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó esta semana de «indispensable» la cooperación marroquí para resolver la situación de Ceuta.

La palabra merece atención. Indispensable. Si la seguridad efectiva de una frontera española depende en buena medida de la cooperación del Estado que mantiene una reivindicación histórica sobre ese mismo territorio, España posee soberanía jurídica, pero comparte una inquietante dependencia operacional.

Marruecos no necesita conquistar Ceuta. Conquistar territorios resulta caro, produce sanciones, moviliza ejércitos y genera incómodas reuniones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La presión híbrida es considerablemente más elegante. Migración, cooperación policial, comercio fronterizo, pesca, inteligencia, relaciones con Estados Unidos, política europea y Sáhara Occidental pueden funcionar como piezas de una misma relación asimétrica. Rabat puede elevar o reducir el coste que España paga por determinadas decisiones sin necesidad de poner un solo tanque frente al Tarajal.

El episodio de 2026 no permite afirmar responsablemente que Marruecos organizara deliberadamente la entrada de julio. El Gobierno español ha señalado a redes de tráfico y a la difusión masiva de mensajes falsos sobre una sentencia del Tribunal Supremo. Sí sabemos que vídeos difundidos por TikTok e Instagram anunciando que «la puerta está abierta» alcanzaron una enorme difusión y ayudaron a alimentar el movimiento hacia la frontera.

Pero precisamente ahí reside la vulnerabilidad estratégica. Una frontera que puede ser desbordada mediante rumores, redes sociales, expectativas colectivas y una reducción circunstancial del control exterior es una frontera susceptible de presión sin autor identificable.

Es el sueño de cualquier estrategia híbrida: máximo efecto, mínima firma.

Existe además una tercera vulnerabilidad de la que en España se habla poco: la ambigüedad internacional de la defensa de Ceuta.

El Tratado del Atlántico Norte establece en sus artículos 5 y 6 el ámbito geográfico de la defensa colectiva. Su redacción cubre los territorios de los aliados en Europa y Norteamérica, Turquía y determinadas islas del Atlántico Norte. Ceuta, situada en el continente africano, no aparece con la misma claridad territorial que la España peninsular. El artículo 4 sí permite consultas cuando la integridad territorial o la seguridad de un aliado se encuentran amenazadas, y un eventual conflicto plantearía cuestiones jurídicas y políticas adicionales, pero la ambigüedad existe.

En materia de disuasión, la ambigüedad rara vez constituye una virtud cuando está del lado del defensor.

Y llegamos a las ONG.

Aquí conviene separar crítica de propaganda.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Cruz Roja, Save the Children y otras entidades han exigido que España garantice acceso al asilo, protección de menores, prohibición de expulsiones colectivas y cumplimiento del principio de no devolución. Algunas organizaciones también han intervenido judicialmente. La Coordinadora de Barrios, por ejemplo, estuvo detrás del litigio que terminó con el Tribunal Supremo declarando ilegales determinadas devoluciones colectivas de menores realizadas tras la crisis de 2021.

Estas actuaciones reducen el margen operativo del Estado cuando éste pretende actuar al margen de los procedimientos legales. Eso es un hecho.

Otra cosa muy distinta es afirmar que las ONG producen deliberadamente la inmigración.

La evidencia disponible no permite sostener esa acusación general. De hecho, investigaciones empíricas sobre las operaciones de búsqueda y rescate de ONG en el Mediterráneo central no encontraron evidencia de que su presencia provocara un aumento de las salidas migratorias.

Criticar seriamente exige ser más preciso.

El problema aparece cuando el Estado carece de procedimientos suficientemente rápidos para identificar, tramitar asilo, proteger menores y ejecutar retornos legales. Entonces las garantías jurídicas, la litigación, la intervención humanitaria y la burocracia producen una enorme fricción operacional. Las ONG proporcionan alimentos, asistencia sanitaria y protección porque la Administración no dispone de capacidad suficiente para atender una emergencia que la propia Administración debería haber previsto.

Cruz Roja había distribuido a finales de agosto decenas de miles de kits de alimentación e higiene mientras voluntarios necesitaban protección policial para realizar su trabajo.

Culpar a quien reparte agua porque el Gobierno perdió el control de la frontera sería intelectualmente cómodo, pero bastante absurdo.

La cuestión política legítima es otra: ¿quién define la política migratoria de facto cuando el Estado no puede ejecutar con rapidez sus propias decisiones?

Porque una democracia tiene derecho a proteger sus fronteras y simultáneamente la obligación de respetar sus leyes. Convertir ambas cosas en incompatibles es un fracaso político, no una exigencia inevitable de los derechos humanos.

La cuarta amenaza es psicológica.

Las sociedades se acostumbran a casi todo.

Primero ocurre algo considerado imposible. Después se declara excepcional. Luego sucede otra vez. Finalmente aparece una generación para la cual siempre fue normal.

En 2021 entraron unas 8.000 personas en Ceuta. En julio de 2026 fueron más de 70.000.

La cifra importa menos como dato migratorio que como señal política.

Cada crisis desplaza un poco el umbral de lo imaginable.

El peligro para Ceuta comienza cuando los españoles dejan de interpretar estos acontecimientos como problemas de soberanía y los reducen a otra discusión partidista sobre inmigración. Entonces la derecha habla de invasión, la izquierda habla exclusivamente de derechos humanos, el Gobierno culpa a la oposición, la oposición exige dimisiones y Marruecos contempla desde el otro lado del Estrecho uno de los espectáculos más fiables de la política española: españoles discutiendo entre ellos sobre cómo llamar al problema mientras el problema continúa.

Ceuta tampoco puede convertirse en excusa para sospechar de sus propios ciudadanos musulmanes o de origen marroquí. Sería un error moral y estratégico. El Estatuto establece claramente quién es ceutí: el ciudadano español con vecindad administrativa en la ciudad.

La soberanía se fortalece integrando a los ciudadanos, no fabricando ciudadanos sospechosos.

Marruecos tendría mucho que ganar si España transformara un problema exterior en un conflicto identitario interno.

El verdadero escenario de pérdida de Ceuta tampoco se parece probablemente a una invasión militar.

Sería mucho más gradual.

Una crisis migratoria. Después otra.

Un Gobierno español que necesita urgentemente cooperación marroquí.

Una concesión diplomática presentada como pragmatismo.

Una nueva reivindicación territorial desde Rabat.

Otra crisis.

Más gasto extraordinario.

Más tensión social.

Más empresarios que se marchan.

Más ceutíes convencidos de que Madrid reacciona cuando las cámaras llegan y olvida la ciudad cuando las cámaras se van.

Y, con el tiempo, la pregunta política puede cambiar.

Hoy preguntamos: «¿Cómo defendemos Ceuta?»

El día peligroso llegará cuando alguien en Madrid empiece a preguntar: «¿Cuánto nos cuesta mantener Ceuta?»

Ese cambio psicológico sería mucho más importante que cualquier alambrada.

Por eso Adiós Ceuta no debe leerse como una predicción de que España perderá inevitablemente la ciudad. Sería falso afirmarlo. Es una advertencia sobre cómo los Estados terminan perdiendo capacidad sobre territorios que consideraban indiscutibles.

España necesita convertir Ceuta en una cuestión permanente de seguridad nacional, mantener presencia europea estable en la frontera, mejorar inteligencia y alerta temprana, crear procedimientos legales capaces de decidir rápidamente quién tiene derecho a permanecer y quién debe retornar, reducir la dependencia unilateral de la cooperación marroquí y exigir reciprocidad diplomática.

También debería aclarar al máximo con sus aliados europeos y atlánticos las consecuencias de cualquier amenaza directa contra Ceuta.

Sobre todo, necesita demostrar algo que en política internacional resulta sorprendentemente útil: voluntad.

Porque la soberanía tiene una dimensión jurídica, pero también una dimensión psicológica. Existe mientras los demás están convencidos de que el Estado está dispuesto a ejercerla.

Marruecos sabe perfectamente lo que quiere.

La pregunta incómoda es si España sabe con la misma claridad lo que está dispuesta a defender.

Si seguimos respondiendo a cada crisis improvisando después de que ocurra, disculpándonos veintiséis días más tarde y describiendo como «indispensable» la colaboración del vecino que reivindica nuestro territorio, quizá algún día el título de este artículo deje de parecer provocador.

Y entonces ya no hará ninguna gracia escribir:

Adiós, Ceuta.