En un país que presume de tener una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, resulta grotesco que los trenes descarrilen con una frecuencia que ya no puede atribuirse a la mala suerte. El siniestro de Adamuz, con decenas de vidas truncadas en un instante, no es un hecho aislado, los incidentes ferroviarios han aumentado de forma alarmante en los últimos años, con descarrilamientos que se multiplican mientras las alertas por roturas y defectos en las vías permanecen activas sin resolución aparente. Y, sin embargo, desde el despacho ministerial llega la misma cantinela, no hay falta de mantenimiento, no hay obsolescencia, no hay carencia de inversión. Es “más complejo”, dicen, como si la complejidad absolviera de toda culpa.

Lo más obsceno no es solo la negligencia acumulada, sino la negativa a mirarla de frente. Se rechaza una auditoría independiente de la red, se encarga el informe a una empresa privada porque —admítase la ironía— ni Adif ni Renfe disponen de medios propios para investigar sus propios fallos. Mientras, los predecesores directos en el cargo —del mismo color político— languidecen en prisión preventiva por tramas corruptas que salpicaron el propio ministerio. Nadie limpió la casa antes de sentarse en ella; nadie parece dispuesto a hacerlo ahora.

Hay algo profundamente revelador en el contraste de actitudes. Cuando la tragedia golpeaba a otros —una catástrofe natural que segó cientos de vidas—, la respuesta desde las redes era implacable, cientos de mensajes, día tras día, exigiendo responsabilidades inmediatas, burlándose de quienes “reservaban mesa” mientras otros morían, señalando con dedo acusador cada ausencia o demora. Era la virtud en estado puro, la indignación justiciera que no admitía matices ni esperas. Transparencia ya, decían aquellos tuits. Dimisiones inmediatas.

Ahora, ante cuerpos aún calientes en las vías, la consigna cambia, prudencia, respeto, no especular. Las investigaciones son “complejas” y requieren tiempo. No hay relación con la inversión, aseguran, mientras el caos se acumula y los maquinistas convocan huelgas que el propio ministro vincula —con una sensibilidad exquisita— al “impacto emocional” de los siniestros.

Esta mutación no es casual. Revela una verdad psicológica incómoda, el ser humano es capaz de exigir a los demás una integridad que él mismo abandona cuando el coste personal aparece. La responsabilidad no es un principio abstracto que se aplica selectivamente según convenga; es una carga que, cuando se evade, corroe todo a su alrededor. Quien ayer clamaba por cabezas ajenas hoy protege la propia con argumentos que se deshacen al menor examen. Y mientras tanto, las vías siguen deteriorándose, los trenes siguen descarrilando, y las familias siguen enterrando a sus muertos.

No se necesita ser psicólogo para entender que esta esquizofrenia moral genera desconfianza sistémica. La gente percibe que las reglas cambian según quién las aplica. Que la transparencia es un arma cuando se está en la oposición y un estorbo cuando se ostenta el poder. Que la seguridad de los ciudadanos queda subordinada a la preservación del cargo.

Hay posiciones que, por pura decencia, resultan insostenibles cuando la realidad las desmiente con tanta crudeza. Seguir ocupando un despacho desde el que se niega lo evidente, se hereda corrupción sin depurarla y se predica una virtud que uno mismo incumple no es solo incompetencia, sino una afrenta a quienes viajan confiados en que alguien vela de verdad por su vida. La dimisión no sería un acto de debilidad, sino el último gesto de dignidad posible en un cargo que ya no merece ser ocupado por quien lo ejerce así.